Cecilia González Villa
Ceciliagonzalez@lanacion.com.co
El futuro de la aplicación de la técnica del fraking para la exploración y explotación de petróleo en el país sigue en vilo.
La decisión para que el gobierno del presidente Duque tenga las herramientas legales necesarias para la utilización de la polémica técnica sigue en manos del Consejo de Estado.
Ayer, se esperaba que alto tribunal del contencioso administrativo tomara una decisión definitiva sobre el particular, mientras en decenas de municipios muchos salían a las calles a alzar su voz de inconformidad.
Es que lo que termine decidiendo el Consejo de Estado no es de poca monta si se tiene en cuenta que el gobierno ha advertido que sin el fraking se podría ver afectada la seguridad energética del país.
Pero de otra parte son los ambientalistas y también la comisión de expertos convocada por el presidente Iván Duque los que han sostenido que claramente no se cuenta con mucha información que sostenga la tesis según la cual el fraking no generará daños al medio ambiente.
Sin embargo, cuando se pensaba que el Consejo de Estado pondría fin a la polémica, decidió exhortar a que se cree un grupo interdisciplinario de expertos que tendrían la tarea de analizar la viabilidad del fracking en el país.
En este caso, se ordena a la Universidad Nacional que se encargue de integrar un nuevo grupo de expertos. Luego, se deberá entregar un informe que despeje las dudas sobre la técnica, métodos, riesgos y posibles afectaciones al medio ambiente en el país.
La nueva comisión no tiene nada que ver con la que anteriormente había conformado el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas.
En detalle
Asimismo, la comisión interdisciplinaria deberá quedar conformada en un tiempo no mayor a 15 días a partir de ayer. Posteriormente, en tres meses se entregará el estudio al Consejo de Estado.
Con fundamento en ese estudio, el alto tribunal del Contencioso Administrativo citará a una nueva audiencia durante la cual también podrán intervenir los miembros de la comisión de expertos del gobierno que en principio serían tres.
Es decir, en ese nuevo evento habrá oportunidad de confrontar los a los expertos designados por el Ministerio de Minas con los académicos de la Universidad Nacional.
No obstante, Míller Dussán, de Asoquimbo, señaló que no se puede ocultar que hay una presión sobre el Consejo de Estado, pues la decisión de ayer cobra gran relevancia, ya que cuando existe incertidumbre científica y técnica sobre los impactos que pueda causar este tipo de actividades minero energéticas como el fraking, se acude a lo que se denomina el principio de prevención y eso es lo que quedó claro.
“Pero no se puede olvidar que existe ya un estudio de la Contraloría General de la República muy serio donde le ha recomendado al Consejo de Estado que no existen las condiciones en Colombia ni los estudios básicos de sismicidad inducida, ni un registro actualizado de acuíferos y sí hay serios problemas en la regulación por parte del Ministerio de este tipo de actividades”, explicó Míller Dussán.
En consecuencia, agrega, lo que se prevé es que lo más prudente es declarar la nulidad del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 que están suspendidos y fueron disposiciones del Ministerio de Minas para regular este tipo de actividades minero energéticas.
Las primeras audiencias de pruebas y recepción de testimonios quedaron fijadas para ser adelantadas los días 19 y 29 de julio, a las 8:00 a.m.
Cayó bien
Así las cosas, la decisión del Consejo de Estado cayó bien entre los ambientalistas, entre ellos los del departamento del Huila. Míller Dussán, de Asoquimbo, afirma que eso significa que el tema está siendo tomado con cautela por parte del Consejo de Estado.
“Para nosotros, significa que lo determinado por el Consejo de Estado fue una decisión inteligente, teniendo en cuenta que se quería imponer, especialmente los conceptos de expertos que habían sido nombrados por el Ministerio de Minas que eran el punto de referencia para dar vía libre a las pruebas piloto sobre fraking, principalmente en el Magdalena Medio santandereano”, dijo Dussán.
No es la primera vez que el Consejo de Estado toma una decisión frente al tema. Cabe recordar que fue la misma corporación la que suspendió a finales del año pasado los actos administrativos por medio de los cuales el Gobierno Nacional fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, a través del llamado fracking o estimulación hidráulica, en marzo de 2014.
El Consejo de Estado encontró de gran relevancia en su momento los controles de advertencia de la Contraloría General de la República según los cuales había que ajustar las medidas para autorizar el fraking al cuidado del medio ambiente y al principio convencional y constitucional de precaución.
“El despacho consideró relevantes las conclusiones del control de advertencia efectuado por la Contraloría en el 2012, en el cual se señaló que el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la consecuente afectación de la salubridad provocadas por el fracking eran potencialmente riesgosas, con mayor razón si la técnica se desarrollaba en zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, como los páramos. Igualmente, advirtió que el contexto colombiano imponía unas exigencias particulares que debían analizarse con sumo cuidado”, señaló en su momento el alto tribunal.
Pero Dussán también destacó que la nueva comisión será de carácter independiente, con capacidad de entregar información con criterios técnico científicos para que el Consejo de Estado pueda valorar los estudios, compararlos con otros internacionales y tomar una decisión responsable.
Otras consideraciones
En la audiencia, el tribunal también determinó que el dictamen pericial de la Universidad Nacional tendrá necesariamente que responder a preguntas de carácter técnico, científico, local, regional, nacional y global.
Por eso, el informe de la Universidad Nacional tendrá que resolver interrogantes dentro de un cuestionario que contemple los impactos sobre los usos del suelo, la salud humana, la biodiversidad y los caudales del agua.
Además, tendrá en cuenta los riesgos socioambientales que traería la implementación de la técnica del fracking.
Hay más. El Consejo de Estado pidió adicionalmente que se estudie y se aclare qué tipos de líquidos y aditivos son los que se utilizan para la práctica del fracking así como su grado de toxicidad.
Por su lado, los demandantes solicitaron durante la audiencia en el Consejo de Estado que el tribunal tenga en cuenta el informe de riesgos que hace algunos meses fue adelantado por la Contraloría este año.
También pidieron que no se permita que Ecopetrol realice los proyectos piloto. Pero en este punto, se respondió que la decisión se tomará en Sala Plena de la Comisión Tercera del Consejo de Estado.
Es que para algunos voceros de la Alianza Colombia Libre de Fraking si hay algo claro es que Colombia no cuenta con la fortaleza institucional y tampoco con la preparación, así como los conocimientos base para desarrollar proyectos piloto.
Las afirmaciones la basa en que solo se cuenta con el 52 por ciento de la cartografía geológica, un 30 por ciento de información de recursos acuíferos sin contar con que no hay información acerca de la sismicidad, principalmente sobre todo en el Valle del Magdalena Medio, que es en donde Ecopetrol tiene previsto desarrollar los primeros proyectos piloto.
Más pedagogía
Pero según Dussán hay que ir más allá y hacer más pedagogía con base en los argumentos científicos ya conocidos con el fin de que se conozca más sobre el fenómeno.
“Esto se requiere para que las comunidades se organicen pero con fundamento y puedan participar en las marchas porque entienden y no sea solo un problema del activismo de las coyunturas electorales, cuando muchas de las personas que participan en escenarios políticos y los mismos partidos le dieron vía libre al fraking en el Congreso de la República”, subraya Dussán.
Dijo que es precisamente por eso que se espera el informe de la Universidad Nacional para contar con mayores argumentos a los que se sumen los estudios científicos.
Dussán sostiene que existe una oferta para adelantar proyectos minero energéticos para que empresas trasnacionales inviertan en el país y el departamento está incluido.
Es decir, que al menos en 13 municipios del Huila se llevarían a cabo iniciativas de este tipo.
Y si bien es cierto, agrega Dussán, que hay una prohibición mediante acuerdos aprobados por el Concejo Municipal de Neiva, de exploración y explotación en la Cuenca del río Las Ceibas, el Ministerio de Minas los ha demandado. Significaría entonces, que podrían caerse si los jueces fallan en contra.