“Que se aplique la pena de muerte a los violadores,” gritan a los cuatro vientos los retrógrados y reaccionarios cuando violan una niña, o asesinan un niño. El artículo 11 de la Constitución Política de Colombia dice: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.” Y el artículo 12 reza así: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.” No obstante estar consagrados estos preceptos en la Carta Magna, son violados diariamente en todo el territorio nacional, gracias a las bondades de la Ley 100 de 1993. Mediante esta ley, el derecho a la salud de los colombianos fue entregada a empresas privadas intermediarias, conocidas primero como administradoras del régimen subsidiado y luego como empresas prestadoras de salud.
Cada empresa contrata escaso recurso humano para prestar un pésimo servicio. Dentro de ese recurso están los médicos, personas de excelsas calidades humanas, que en su juramento de graduación prometieron servir como discípulos, con un alto sentido de responsabilidad y solidaridad. Sin embargo, muchos de ellos han tirado por la borda su juramento y obedecen aquello que prescriben los jefes de esas E.P.S.: 15 minutos (en algunas menos), para atender un paciente; no deben prescribir más de 3 medicamentos, todos ellos genéricos (el POS no contempla mezclas ni fármacos de marcas comerciales), en muchos casos elaborados en laboratorios de no muy buena calidad. Aquellas patologías complejas deben posponerse para otra oportunidad y al paciente se debe formular calmantes (analgésicos). Cuando algún paciente posee una patología sospechosa de ser cancerígena, por lo general no se la diagnostican y formulan tranquilizantes pues estas empresas de la muerte tratan por todos los medios de evadir los tratamientos. Muchos pacientes, cansados de consultar su dolencia en puestos de salud, pagan un médico particular y este diagnostica enfermedades cancerígenas avanzadas, que los médicos de las E.P.S habían podido hacerlo. A muchos enfermos de sida les dilatan la entrega de medicamentos, a sabiendas que el no suministro de los mismos puede ocasionarles recaídas. La gastritis crónica continúa tratándose con fármacos como ranitidina y omeprazol, cuando hace más de 10 años se descubrió que la bacteria llamada helicobacter parole, es la causante de esta dolencia y se puede curar suministrando antibióticos selectivos.
Solo he mencionado algunos casos en los cuales estas perversas entidades prestadoras de salud, que se roban el dinero del Estado que deben gastar en los pacientes, aplican la tortura, tratos crueles, inhumanos, y finalmente la pena de muerte. Una muerte lenta debido a la desatención y la desidia.