La Nación

May 27 de 2017 2:20 PM
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Sábado, 26 Diciembre 2015 00:57

El Quimbo ‘prende’ avalancha judicial

Escrito por  RICARDO AREIZA
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Los ministros de Minas y Medio Ambiente con el magistrado Ramiro Aponte analizaron en Neiva las razones de las medidas cautelares. Los ministros de Minas y Medio Ambiente con el magistrado Ramiro Aponte analizaron en Neiva las razones de las medidas cautelares.

El choque de trenes provocado por la generación de energía de la represa El Quimbo seguirá prendido. Una acción de tutela y varios incidentes de desacato, además dos denuncias penales y otra solicitud para que investiguen la comisión de posibles delitos, ‘encenderán’ aún más el acalorado debate jurídico por haber iniciado la operación, desconociendo varios fallos judiciales.

Aunque son improcedentes las tutelas contra fallos judiciales, el Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) recurrieron intempestivamente a este mecanismo para reactivar el complejo hidroeléctrico.

El recurso de amparo fue instaurado el jueves pasado en un juzgado de Neiva, como otra alternativa jurídica, argumentando que es inconveniente mantener apagado El Quimbo en época de baja hidrología.

“El Gobierno Nacional va a recurrir a todas las herramientas que le da la ley para evitar los daños ambientales, sociales y económicos que se ocasionan si no se permite la generación de la hidroeléctrica de El Quimbo. Además, no podemos olvidar que apagar esta central hidroeléctrica significa perder energía para el país”, explicó el ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada.

La generación de energía fue suspendida desde el 16 de diciembre, acatando otro fallo de la Corte Constitucional que anuló el Decreto 1979 expedido por el Presidente de la República y que permitió el inicio de las operaciones.

Los dos accionantes, resaltaron la inconveniencia de apagar El Quimbo en medio de un Fenómeno del Niño que ha reducido el nivel de embalses en todo el país causando que el sistema energético sea más vulnerable. “Mientras estuvo prendida, la operación de El Quimbo ayudó a aumentar la generación de energía, aportando cerca del 5% de la demanda de energía del país”, explicaron.

En su criterio, mantener apagado El Quimbo significa “perder generación de energía en momentos en que el país más lo necesita, teniendo que gastar más agua de otros embalses”. Además, produciría efectos nocivos sobre la población de peces que se cultivan en el embalse de Betania, localizado aguas abajo de El Quimbo.

“Esperamos que en diez días hábiles tengamos una respuesta positiva del juez donde se reconozca la importancia de la operación de El Quimbo, sus implicaciones regionales en materia social y económica, así como el impacto en el abastecimiento energético del país”, concluyó González Estrada.

Debate jurídico

La tutela calentará aún más el debate jurídico y ambiental. Además de las presiones de “alto nivel” que se vienen ejerciendo para que se reversen las medidas cautelares, agita en el Huila, el debate.

Las medidas cautelares, decretadas por el Tribunal Administrativo del Huila no han sido caprichosas. Primero, prohibió el llenado de la represa, acogiendo la propuesta de los piscicultores de Betania por el peligro que representaba. Sin embargo, el llenado se realizó aún contra una medida preventiva decretada por la Cam, la máxima autoridad ambiental de la región.



La generación de energía seguirá suspendida. Una tutela podría reactivarla.


Posteriormente el mismo Tribunal en el trámite de la acción popular, prohibió que se iniciaran las pruebas técnicas, las cuales finalmente se realizaron. Además, en otro auto prohibió la generación y la inaplicación del decreto legislativo que le dio vía libre. Pero se hizo.

Denuncias penales

El diputado Orlando Ibagón Sánchez formuló otra denuncia penal por haber desconocido una decisión judicial. “En Colombia, quien no acate un fallo está cometiendo una conducta punible establecida en nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó. La Gobernación también coadyuvó otras acciones judiciales instauradas por ambientalistas. La Cam igualmente adoptó medidas preventivas al reiterar que no se han cumplido con la totalidad de los requerimientos ambientales, contrario a lo que estiman las entidades nacionales.

Mientras el Gobierno Nacional adelanta desde hace dos semanas una intensa campaña mediática para que la corporación judicial reverse las medidas cautelares, en el Huila, la sociedad civil y los estamentos públicos encabezados por los gobernadores Carlos Mauricio Iriarte y Carlos Julio González, salieron en defensa del fallo judicial.

Invocando la colaboración armónica entre los diferentes órganos del poder público (artículo 113 de la Carta Política), el magistrado Ramiro Aponte Pino le solicitó al Presidente de la República, “que en su condición de símbolo de la unidad nacional y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 201-1º, ibídem, garantice el cumplimiento de la medida cautelar decretada por esta Corporación en el auto del 17 de julio de 2015”.

En el mismo auto Aponte Pino, le pidió al Jefe del Estado “que conmine a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a ejercer un verdadero control sobre el proyecto hidroeléctrico y garantice el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

“Hasta la fecha -dijo- la entidad se ha limitado a fungir en calidad de notario de la información que le suministra Emgesa”.

En su criterio, la Anla, igual que el Ministerio de Minas, con informes ajenos a la realidad, le dieron carta blanca a Emgesa para que realizara las operaciones. Poco antes del llenado, le introdujo 14 modificaciones a la licencia ambiental original que permitió el llenado sin el retiro de los residuos vegetales, que se descomponen en el lecho del embalse, poniendo en riesgo, la piscicultura en Betania. Los propios piscicultores, autores de la acción popular, denunciaron la situación que se puede presentar.

“Lo que vemos es que el gobierno quiere prender El Quimbo a como dé lugar, sin resolver los graves problemas ambientales, que se pueden presentar cuando se viertan las aguas represadas”, afirmó el presidente de Asopishuila, Efrén Tovar.

“No se trata de un chantaje contra Emgesa como se está presentando a nivel nacional, sino de unas razones jurídicas y ambientales que se han desconocido”, anotó.

El gobernador entrante Carlos Julio González Villa, ha sido categórico frente a este tema y se ha negado a varias reuniones con directivos de la multinacional. El mandatario entrante, anunció que una vez asuma el cargo, conformará un comité de peso para que lidere las conversaciones con Emgesa.

El académico Miller Dussán, vocero de Asoquimbo, también adelanta varias acciones judiciales de mayor alcance y ha sido uno de los más duros críticos del proyecto.

Acciones judiciales

Adicionalmente a las múltiples solicitudes realizadas dentro del proceso judicial, el Tribunal Administrativo del Huila entrará a definir en enero próximo varios incidentes de desacato formulados por piscicultores, ambientalistas y por el propio gobernador Carlos Mauricio Iriarte.

El mandatario seccional formuló el incidente el 23 de noviembre pasado, considerando que se desconoció la orden impartida por el magistrado Ramiro Aponte.

“Emgesa incumplió la orden judicial impartida por el Tribunal en auto de 17 de julio de 2015, cuando declaró que no era razonable iniciar la generación de energía, sin retirar los desechos forestales y la biomasa que se encuentra en el vaso de la represa El Quimbo, mientras la autoridad ambiental certifique que no existe ningún peligro de contaminación del recurso hídrico”, afirmó Iriarte.



“La medida cautelar debe cumplirse y no puede desconocerse olímpicamente”, argumentó el director jurídico de la Gobernación Hernando Alvarado Serrato, quien sustentó la solicitud.

El posible desacato no es solamente contra la compañía Emgesa, sino contra las entidades que eventualmente desatendieron las órdenes impartidas por el tribunal regional.

El magistrado Aponte, compulsó copias de su actuación a la Fiscalía General de la Nación, para que si lo estima procedente, inicie las investigaciones de rigor, “a efectos de establecer si dicha conducta se puede circunscribir dentro de los tipos consagrados en el estatuto punitivo”. 

La petición fue radicada en la Fiscalía General y en  la Coordinación de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito de Neiva, “para que si lo estiman pertinente inicien la investigación a que hubiere lugar”. 

El peso de la Corte Constitucional

Según la Corte Constitucional la orden del Gobierno Nacional fue impartida “con el propósito deliberado de desconocer lo dispuesto en una decisión judicial válidamente adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila”.

El tribunal constitucional, en un claro respaldo al Tribunal Administrativo del Huila,  recordó que “la separación entre las ramas del poder público representa una de las conquistas más importantes para el desarrollo y vigencia de los regímenes democráticos y que el respeto mutuo entre ellas es fundamento para el adecuado funcionamiento del Estado, por lo mismo, toda usurpación o irrupción del Ejecutivo en el campo de las competencias de la rama Judicial debe ser censurado aun cuando esté revestida de los más loables propósitos. Las libertades públicas y los derechos fundamentales sólo mantienen su vigencia en la medida en que los agentes estatales observen las reglas que la Constitución Política les impone, de manera que todo acto transgresor de estas normas básicas es altamente reprochable por las nefastas consecuencias que entraña y por el mensaje equívoco que envía a una comunidad que espera de sus gobernantes un comportamiento ajeno a toda arbitrariedad”.

En criterio de la Corte Constitucional, “el Gobierno Nacional autorizó el inicio de la generación de energía eléctrica en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, con conocimiento pleno de la existencia de un proceso judicial que curso en el Tribunal Administrativo del Huila”.

Asimismo estimó que el Gobierno Nacional no evaluó, “los costos ambientales, alimentarios, sociales, culturales y económicos que acarrea su decisión respecto del entorno natural y de los habitantes de la zona. Por consiguiente, la Corte estableció que la medida adoptada es desproporcionada por no ponderar otras posibilidades eventualmente menos costosas y por ser excesiva respecto de la finalidad propuesta”.

“En suma- concluyó- el Decreto Legislativo no supera ninguno de los requisitos exigidos de las medidas de emergencia, a la par que desconoce abiertamente la disposición constitucional que prohíbe afectar el funcionamiento normal de las ramas y órganos del poder público, desconociendo la separación que consagra entre éstos la Constitución Política.

Con seguridad, este pronunciamiento de fondo, no podrá ser desconocido por el juez que entre a estudiar la tutela.
 
 


 

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