La Nación

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Martes, 16 Septiembre 2014 04:21

Monopolios y justicia burguesa

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La multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio al Alcalde Petro, por suspender la prestación del servicio de aseo al monopolio privado plantea algunas reflexiones. Sin tratar de calificar la labor de este alcalde, es absurdo argumentar que no se permitió la libre competencia en el proceso, desconociendo que quienes concurren a las licitaciones para la prestación de servicios básicos, provienen de un mercado oligopólico; otra reflexión se relaciona con el poder del monopolio sobre la justicia y los órganos de control, que es ejercido cuando han perdido algunos de sus grandes negocios, amén de otros privilegios que ya tienen como consecuencia de la financiación electoral.

En contraste con lo anterior, caso en el cual la justicia falló en unos pocos meses, el proceso de Salucoop por el desfalco a la salud que es del orden de 1.5 billones de pesos y que se ha desarrollado durante varios años está impune hasta la fecha, razón por la cual las EPS continúan aplicando todo tipo de trabas y mañas para recortar servicios, negar pagos y desviar recursos, porque nuestras leyes se lo permiten, y con un agravante, la administración Uribe favoreció la inembargabilidad de sus cuentas. El caso de la tolerancia de nuestra justicia para que delincuentes, representantes de la burguesía se marchen al exterior se ha presentado desde tiempo atrás; recordemos los casos de Vasco y Michelsen Uribe. Es insólito que siendo Colombia el país que más nacionales ha extraditado a EE.UU., nunca haya exigido algo de reciprocidad para que esos delincuentes potentados sean extraditados a Colombia; esto es coherente con la política neoliberal servil practicada por nuestros gobiernos.

     La relación directa o indirecta de los congresistas con el poder económico explica la expedición de leyes como la reforma laboral, la sostenibilidad fiscal que busca negar derechos fundamentales logrados por tutela, la ley de servicios públicos, las privatizaciones en condiciones favorable para los monopolios, las miles de viviendas expropiadas por el sector financiero, o la no existencia de un gravamen progresivo para los sueldos astronómicos. Estos aspectos son una prueba más del daño causado a las mayorías; al tiempo que la justicia permite estos abusos de los potentados, le da un trato bárbaro a los reclusos, que en su gran mayoría provienen de la clase proletaria, muchos de los cuales se ven obligados a delinquir porque estos gobiernos burgueses les niegan las oportunidades y los obligan a ocuparse en trabajos miserables, a la mendicidad o a las actividades ilícitas; en síntesis nuestros códigos favorecen al reducido porcentaje que concentra el poder político y económico, es decir la clase burguesa.


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