La Nación

Abr 23 de 2017 5:02 AM
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Leonel Quijano Ardila

Miércoles, 14 Octubre 2015 06:46

Ojo con los delitos electorales

Un delito electoral es una conducta que es sancionada con cárcel. Se trata de actuaciones que han sido consideradas de tal gravedad para la sociedad o para los demás, que el Estado ha tomado la decisión de perseguirlos y castigarlos con la privación de la libertad. Ciertamente en Colombia, muchas prácticas son tan frecuentes que perdemos de vista su gravedad y en especial, su ilegalidad. En estas elecciones seremos testigos de muchas de estas conductas y que como electores somos los primeros llamados a mejorar nuestras instituciones, evitando caer en ellas y denunciándolas. Cuando un ciudadano, por medio de maniobra engañosa, perturba o impide la votación pública incurre en el delito de Perturbación del certamen democrático que si se hace por medio de violencia la pena es de seis a doce años de prisión, por ejemplo cuando una persona paraliza a los votantes para que no acudan a votar engañándolos con consecuencias que en realidad no existen, como atentados, reducción o aumento de subsidios, etc. Cuando una persona utiliza las armas o amenaza por cualquier medio a otra persona, para que ésta apoye o vote por determinado candidato o lista de candidatos, o vote en blanco incurre en el delito de constreñimiento al votante que tiene una pena de cuatro a nueve años. Este es el caso de las personas que violentamente, amenazan a una comunidad para que elija a una persona o lista de personas.Cuando se engaña a un ciudadano para que vote por determinado candidato o partido es un Fraude al sufragante. Puede producirse cuando una persona le da indicaciones falsas a un votante para marcar en el tarjetón el número de un candidato diferente al que en realidad quería elegir y tiene una pena de cuatro a ocho años de prisión. Cuando por cualquier medio indebido se logra que una persona habilitada para votar inscriba su cedula en una localidad o municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida con el propósito de obtener ventaja electoral incurrirá en prisión de cuatro a nueve años, es el típico trasteo de votos, practica muy usada en municipios cercanos de Neiva. La persona que promete, paga o entrega dinero o cualquier otra forma de remuneración a un ciudadano para que vote a favor de determinado candidato o partido incurre en el delito de corrupción al sufragante que tiene una pena de prisión de cuatro años a siete años y medio.Es una práctica conocida como la "compra de votos", donde individuos remuneran a electores para que estos elijan a ciertos candidatos.Amanecerá y veremos.
Martes, 06 Octubre 2015 07:00

Ojo con los delitos electorales

Un delito electoral es una conducta que es sancionada con cárcel. Se trata de actuaciones que han sido consideradas de tal gravedad para la sociedad o para los demás, que el Estado ha tomado la decisión de perseguirlos y castigarlos con la privación de la libertad. Ciertamente en Colombia, muchas prácticas son tan frecuentes que perdemos de vista su gravedad y en especial, su ilegalidad. En estas elecciones seremos testigos de muchas de estas conductas y que como electores somos los primeros llamados a mejorar nuestras instituciones, evitando caer en ellas y denunciándolas. Cuando un ciudadano, por medio de maniobra engañosa, perturba o impide la votación pública incurre en el delito de perturbación del certamen democrático que si se hace por medio de violencia la pena es de seis a doce años de prisión, por ejemplo cuando una persona paraliza a los votantes para que no acudan a votar engañándolos con consecuencias que en realidad no existen, como atentados, reducción o aumento de subsidios, etc. Cuando una persona utiliza las armas o amenaza por cualquier medio a otra persona, para que ésta apoye o vote por determinado candidato o lista de candidatos, o vote en blanco incurre en el delito de constreñimiento al votante que tiene una pena de cuatro a nueve años. Este es el caso de las personas que violentamente, amenazan a una comunidad para que elija a una persona o lista de personas.Cuando se engaña a un ciudadano para que vote por determinado candidato o partido es un fraude al sufragante. Puede producirse cuando una persona le da indicaciones falsas a un votante para marcar en el tarjetón el número de un candidato diferente al que en realidad quería elegir y tiene una pena de cuatro a ocho años de prisión. Cuando por cualquier medio indebido se logra que una persona habilitada para votar inscriba su cédula en una localidad o municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida con el propósito de obtener ventaja electoral incurrirá en prisión de cuatro a nueve años, es el típico trasteo de votos, practica muy usada en municipios cercanos de Neiva. La persona que promete, paga o entrega dinero o cualquier otra forma de remuneración a un ciudadano para que vote a favor de determinado candidato o partido incurre en el delito de corrupción al sufragante que tiene una pena de prisión de cuatro a siete años y medio.Es una práctica conocida como la compra de votos, donde individuos remuneran a electores para que éstos elijan a ciertos candidatos.Amanecerá y veremos.
Miércoles, 30 Septiembre 2015 06:44

Ley de delitos sexuales es inaplicable

La Ley 1719 de Junio del 2014 creada para proteger a las víctimas de delitos sexuales con ocasión al conflicto armado interno en Colombia resulta inaplicable, dado que para que se aplique hay que hacer un juicio de tipicidad donde uno de los ingredientes normativos es que la conducta se cometa con ocasión y en desarrollo de conflicto armado hecho que deberá probar el estado y que con ocasión a los diálogos de paz las Farc no se han pronunciado y dado que estos delitos se han categorizado a ser delitos de lesa humanidad resulta menos su aceptación por parte de los actores del conflicto armado interno. Delitos destacados ya en el código penal como el acceso carnal, realizar actos sexuales diversos del acceso carnal, obligar a persona protegida a prestar servicios sexuales, ejercer uno de los atributos del derecho de propiedad por medio de la violencia como la esclavitud sexual, captar, trasladar, acoger o recibir a una persona protegida dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación sexual, obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena, la esclavitud sexual, el turismo sexual o cualquier otra forma de explotación sexual, la esterilización forzada, el embarazo forzado, o quien por medio de la violencia, obligue a persona protegida a desnudarse total o parcialmente o a permanecer desnuda través de la violencia, interrumpa u obligue a interrumpir el embarazo a persona protegida menor de catorce (14) años. Si ni siquiera han aceptado el reclutamiento forzado de menores de catorce años mucho menos van a aceptar los delitos sexuales causados a estos menores. Ya ha cumplido un año esta Ley y los resultados esperados no se han visto y que de llegarse a un acuerdo de Paz, seguramente será una Ley más de las derogadas e inaplicables. Y mientras tanto la violencia sexual contra menores de catorce años sigue campante y en actitud galopante pues cada día se conocen nuevos casos y cada vez más aberrantes de este tipo de conductas. Es estado sigue buscando leyes, incrementando las penas, prohibiendo beneficios a los autores de estos delitos, desconociendo las voces de muchos ilustres que opinan que el problema no se resuelve con leyes y penas sino con cultura y educación, pues el problema de la violencia sexual en menores de catorce años es un problema cultural, las reformas deben de plantearse es desde el ministerio de educación pasando por el ICBF y todas las autoridades escolares, desde la familia. Amanecerá y veremos.
Martes, 07 Julio 2015 07:04

Las joyas del nuevo Código de Policía

El congreso está discutiendo lo que será el nuevo Código de Policía en donde se dan facultades especiales a la Policía para ingresar a un inmueble sin orden Judicial, facultades que no solamente serían desbordadas sino inconstitucionales. En nuestra legislación penal vigente, para que la Policía pueda allanar a un inmueble de acuerdo al artículo 220 del CPP se requiere de Orden Judicial, orden que la expide un señor Fiscal previo un análisis de motivos razonablemente fundados de que en dicho inmueble existen Elementos Materiales Probatorios o Evidencia Física que sirvan para probar la comisión de un delito además de tener un respaldo probatorio mínimo como una declaración jurada de Testigo o Informante además del informe de Policía Judicial, así mismo la Policía puede ingresar a un inmueble donde se presuma la comisión de un delito previo consentimiento informado del propietario o tenedor del inmueble a registrar, consentimiento que en muchos casos los policiales hacen firmar después de haber ingresado al domicilio vulnerando el derecho del ciudadano solo para legalizar el procedimiento. Con el nuevo Código de Policía en el capítulo del proyecto, denominado “Medios de policía y medidas coercitivas”, el artículo 207 faculta a la policía para ingresar a un inmueble sin orden escrita por un juez, el cual da carta blanca para que se presenten abusos contra los ciudadanos, situaciones que habían sido tocadas en el estatuto antiterrorista, proyecto que no paso en la Corte Constitucional.  Aunque se explica que este ingreso se podrá dar en casos de “alteración de la conciencia por sustancias alcohólicas o psicoactivas, que se presenten riñas, para preservar la seguridad, en persecución de una persona o cuando se altere la convivencia”, es claro que la facultad de ingresar a los domicilios queda en manos de los policías. Es decir, ellos dictan la última palabra, será entonces que los policías serán psicólogos para determinar cuándo hay alteración de la conciencia. Por si esto fuera poco, se implementará el “traslado por protección”. Así, quedará bajo discrecionalidad de la policía decidir el traslado cuando considere que una persona está “bajo alteración de la conciencia” o “cuando presente comportamientos agresivos o temerarios, realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros”. Para estos casos, el código da vía libre, al uso de la fuerza, un espectro tan amplio que se puede prestar para desmanes. Con estas facultades ya los ciudadanos no se podrán emborrachar en sus casas so pena de ser conducidos hasta las estaciones de Policía. Amanecerá y veremos.
Miércoles, 10 Junio 2015 07:00

Es innecesaria la Ley del Feminicidio

Con 104 votos a favor y 3 en contra la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley, conocido como ‘El proyecto Rosa Elvira Cely’, que crea el feminicidio como un delito en el país. Esta iniciativa, que promovió la bancada de mujeres en el Congreso establece penas drásticas para quienes asesinen a una mujer por el hecho de serlo. Según el proyecto de ley, en los casos en los que haya sospecha de existir feminicidio, las investigaciones deberán iniciarse de oficio y llevarse a cabo inmediatamente y por personal especializado. El feminicidio es un asesinato que se comete porque el victimario se siente empoderado a matar porque el otro —la mujer— no es igual que él. Porque su género es distinto y como tal puede ser aniquilado. Al respecto hay que decir que el feminicidio no es nuevo en Colombia y ya el Código Penal lo contempla cuando la Ley 1257 del 2008 en su artículo 26 le adicionó el numeral 11 como una circunstancia de agravación punitiva para el homicidio cuando este se comete en una mujer solo por el hecho de ser mujer. Al crear el feminicidio como delito autónomo y no como circunstancia de agravación le será muy complicado a la Fiscalía hacer imputaciones sobre este nuevo tipo penal y máxime cuando el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses aún no tiene un protocolo para establecer cuando la muerte de una mujer se da por el solo hecho de ser mujer, como llegar a probar que el victimario quiso la muerte de la fémina por ser fémina salvo que haya una confesión expresa o se trate de un asesino en serie con un perfil determinado a matar mujeres por el solo hecho de serlo y más aún cuando la problemática en Colombia responde directamente a un elemento cultural arraigado en el machismo, que no se puede prevenir ni con cien o más años de cárcel. El feminicidio en Colombia en un síntoma de un problema mayor que no se resolverá aumentando las penas. Según el tipo penal aprobado quien cometa feminicidio simple pagara penas de 20 a 41 años y si es agravado de 41 hasta 50 años de prisión lo que será más favorable para el victimario dado que de acuerdo a la ley 1257 del 2008 la pena mínima es de 33.33 años hasta 50 años y ahora será de 20 a 41 años entonces ¿Cuál es el incremento de la nueva Ley? Amanecerá y veremos.
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