El segundo al mando de las disidencias en el municipio de Algeciras, Domingo Ramos Cortés, fue condenado a 17 años y 2 meses de prisión y a pagar una multa de $1.965.441.551,58. Aceptó el asesinato de un agricultor, las amenazas y el desplazamiento exguerrilleros de las extintas Farc.
Rafael Rodríguez C
“No existe duda alguna que…hacía parte, en calidad de financiero, de una organización criminal…”, dijo el juez al condenar a Domingo Ramos Cortés por el asesinato de un agricultor y las amenazas y desplazamientos de exguerrilleros de las extintas Farc en el municipio de Algeciras.
La sentencia fue proferida por el Juzgado Tercero Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento, luego de haber legalizado el preacuerdo al que llegó el delincuente con la Fiscalía Novena Especializada Unidad Especial de Investigación de Bogotá.
“La aceptación libre y voluntaria de los cargos por parte de Domingo Ramos Cortés mediante la modalidad de preacuerdo, aunado a los elementos materiales probatorios, configuran el mínimo probatorio, resultando éstos suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia…”, manifestó el togado.
Ramos Cortes, fue hallado responsable cómplice de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, desplazamiento forzado y amenazas. “Era ser segundo al mando, para cometer intimidaciones, homicidios, extorsiones, entre otro tipo de conductas delictivas”, dijo la fiscal.
El juez condenó al disidente a la pena de 17 años y 2 meses de prisión, además a pagar una multa de 2.163,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($1.965.441.551,58). “En caso de no ser cancelada dentro del término (diez días), habrá de remitirse copia a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial para el cobro coactivo pertinente”, señaló el togado en la sentencia.
“Participó en asesinatos”
La banda disidente de la que hacía parte Ramos Cortés, delinquía en las veredas Arcadia, Quebradon Sur, Quebradon Norte, El Toro, El Paraíso, en el municipio de Algeciras y en límites con San Vicente del Caguán (Caquetá) en el sector conocido como El Bombón.
La fiscal señaló que la ‘empresa criminal’ hizo presencia en el año 2017 “luego de la firma de los acuerdos de paz”, y perpetró homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, portes de armas, entre otros, en contra de reincorporados, defensores de derechos humanos y población civil.
Sostuvo que la agrupación estaba conformada por subversivos de la entonces columna móvil ‘Teófilo Forero Castro’ que iniciaron su proceso de reincorporación, “pero no continuaron…con un repertorio de violencia…”.
Sobre Ramos Cortés, aseguró la fiscal, que ingresó a la banda disidente desde inicios del año 2020, en su calidad de financiero al mando de Jhon Gilbert Barrera Bustos alias ‘Sijin’.
La delegada del ente acusador acusó a Ramos Cortés de ser el responsable de la muerte del agricultor Monrrohi Buitrago Rojas, ocurrido el viernes 27 de mayo de 2020.
Según las investigaciones, Ramos Cortés y seis disidentes más, llegaron a las once de la mañana a la casa de Buitrago Rojas, la vereda El Guayabo, lo llevaron hacia la carretera que conduce a la vereda El Líbano Occidente donde lo asesinaron a bala.
Sostuvo además el ente acusador que Domingo Ramos sería el responsable de las amenazas que sufrió el exguerrillero Jorge Lozano, enviadas a través de su hermano por un hombre que iba en motocicleta, cuando se dirigía de la vereda El Turín hasta la vereda El Reflejo en Algeciras.
El hombre de la moto le manifestó a al familiar de Lozano, que habían mandado a llamar a su hermano “los que estaban haciendo limpieza, por tal motivo abandonó el municipio al día siguiente…señalando que la persona que llevó las amenazas fue enviada por Domingo Ramos, quien, según él, es un excombatiente certificado de las Farc”, manifestó la fiscal.
Ramos Cortés no contentó con el desplazamiento de Lozano, fue varias veces hasta la casa de su familia a intimidarla. “Fueron tantas las amenazas contra ellos que terminaron por abandonar su residencia por completo, dejándola abandonada al igual que sus bienes…temiendo por sus vidas”.
La Fiscalía estableció que las amenazas de muerte fueron porque el hombre se negó a pertenecer a la banda disidente. “Estos hechos (las amenazas) se generaron porque en días anteriores Duverney Barrera lo había abordado para que hiciera parte de la estructura delictiva…ante su negativa, estas personas tomaron la decisión de ubicarlo para matarlo”.
Las investigaciones permitieron establecer que varios hombres vistiendo prendas camufladas y utilizando armas de corto y largo alcance, llegaban a la casa de Lozano para amenazar a la familia. “Se identificaban como miembros de la guerrilla, encargados de hacer “limpieza” indicándole que su esposo es un sapo del gobierno…”, señaló la fiscal en la acusación.
Las amenazas de Ramos Cortés se extendieron a integrantes de la Cooperativa Multiactiva Agroindustrial, conformada por 19 excombatientes de las Farc.
Una de las intimidaciones fue a Miguel Suárez, representante legal de la cooperativa, en mayo del 2019, cuando recibieron un panfleto en la cooperativa en el que les decían que cerraran.
“Recibieron un mensaje donde les pedían subir a un lugar que se llama El Mirador, pero tampoco fue, luego recibió un mensaje de WhatsApp donde le decían que debía subir a un sitio, pero no le indicaban donde y que, si no llegaba, enviaban por él”, indicó la funcionaria judicial.
Suárez debió salir desplazado de Algeciras, ante la búsqueda incesante de Ramos Cortés, quien envió a dos hombres armados a su casa y no lo encontraron. “Abandonó su proyecto productivo…”, dijo la fiscal del caso.
