El panorama de la ley de tierras y de víctimas se enrarece cada vez más. Los enfoques, las interpretaciones y las cifras no concuerdan. Así, lo que se anunció como uno de los pilares de la política pública del gobierno del Presidente Santos, se derrumba como un castillo de naipes, en medio de críticas, controversias y las inmodificables posiciones del gobierno, que quiere a toda costa, sin preocuparse por ganar consensos adecuados, aplicar la Ley. Para ello, se obstina en asociar indiscriminadamente la política de seguridad con la de restitución de tierras, atención a víctimas y reparación, dejando intacta  la inequitativa distribución de la tierra, por un lado y por el otro, quiere hacer pasar programas de titulación y adjudicación de las mismas, como respuesta a las demandas de desarrollo de los campesinos colombianos, pretendiendo con ello también  contribuir a la superación del actual conflicto armado. Nada más equivocado, pues según los entendidos, una es la política de seguridad y control legal por parte del Estado de sus territorios y otra es la necesidad imperiosa de operar en el campo una verdadera reestructuración rural en equidad, para lo cual sin ninguna duda, los intereses de los campesinos despojados violentamente de sus tierras, de los que fueron desplazados por los propios mecanismos económicos derivados del modelo de desarrollo rural y de quienes nunca han logrado su aspiración de tener un pedazo de tierra para trabajar, deben tenerse en cuenta  y no seguir aplazando indefinidamente su solución. Tampoco es alentador el panorama con respecto a la organización de los campesinos para participar adecuada y contundentemente en este proceso. Mientras el gobierno ha mostrado abiertamente su predilección por crear una estructura organizacional paralela de los campesinos, iniciando y no por casualidad en la costa caribe, donde están sin duda las mayores víctimas del desplazamiento de los paramilitares y tiene planeado realizar un conjunto de marchas  y de encuentros en todo el país, que ya sectores de la extrema derecha no han vacilado en catalogar como populistas, por otro lado parece desconocer los multitudinarios encuentros realizados por los campesinos que ya llevan tres: los de agosto del 2010 y 2011 en Barranca y el del pasado octubre en Cali, como si se reeditara la vieja maña del gobierno de dividir para reinar. Recordemos si no la profunda e irreparable división del movimiento campesino, aglutinado en la famosa Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, que a instancias del gobierno de Pastrana, promovió la Línea Armenia, contraponiéndola a la Línea Sincelejo que representaba a la sazón a la mayoría de los campesinos, pero que no le eran afectos y cuyas consecuencias las estamos viviendo hoy.

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