Así está el Tribunal Superior de Bogotá y más concretamente los magistrados Alberto Poveda (nuestro paisano) y Fernando Pareja, por cuenta del fallo sobre la responsabilidad penal del ex coronel Plazas Vega.  Les ha caído un mundo de críticas por haber tenido la osadía de correr traslado a la Corte Penal Internacional para que investigue al ex presidente Belisario Betancur, al tiempo que ordenar al Ejército de Colombia a que presente disculpas a las víctimas en la Plaza de Bolívar, por la muerte y desaparición de unos sobrevivientes al holocausto del Palacio de Justicia.  Esta vez no solo los militares en retiro ni sus obsecuentes columnistas como Plinio Apuleyo Mendoza y Fernando Londoño, sino el propio Presidente de la República y sus ministros del Interior y de Justicia han salido a descalificar el fallo. Ciertamente la sentencia se profiere en un momento en el que la Fuerza Publica es muy distinta a la de los años ochenta y justamente ahora, que en el Palacio de Liévano, diagonal al sitio de los hechos, la democracia tiene a Petro y a Navarro (dos ex dirigentes del M-19) rigiendo los destinos de los bogotanos.  Eso también ha aumentado la urticaria que despertó el fallo.  Pero seamos serios: nuestra dirigencia política se jacta y llena su boca afirmando en foros internacionales que el Estado colombiano es un Estado Social de Derecho en el que los derechos fundamentales son su base y la justicia es independiente. No obstante, se rasgan las vestiduras cuando se profiere un fallo como el que hoy se comenta. Y digo que se rasgan, por cuanto el Estado colombiano ya había sido condenado en varias ocasiones por el Consejo de Estado, precisamente por los excesos del Ejército en la retoma del Palacio de Justicia.  Además,  para nadie es un secreto (podría decirse que es hasta vox populi) que la Comisión de Acusaciones no investiga ni juzga a nadie, y que el ex presidente Betancur, quien anda de “Hay Festival”, no fue la excepción.  Debe recordarse, que no solo existe una única declaración de un tal “Villamizar” como se ha querido tergiversar el fallo, sino múltiples piezas probatorias que incluyen videos, necropsias y testimonios que corroboraron la practica criminal de quienes estaban obligados a respetar la ley en la retoma del Palacio. Ciertamente sorprende que desde un fallo de segunda instancia en el que se resuelve la situación penal de un militar se hayan tomado las otras determinaciones; pero es que el derecho penal está cambiando mundialmente, y habrá que leer y no solo prejuzgar, los mil doscientos folios que integran la sentencia judicial, pues los magistrados que la suscriben no son unos aparecidos.

Comentarios