De cuando en cuando el país, por boca de uno de sus líderes, reactiva la discusión acerca del altísimo costo que le ha significado a Colombia la lucha contra el narcotráfico y la conveniencia de polemizar a fondo acerca de la legalización del tráfico y consumo de drogas alucinógenas. De cuando en cuando el país, por boca de uno de sus líderes, reactiva la discusión acerca del altísimo costo que le ha significado a Colombia la lucha contra el narcotráfico y la conveniencia de polemizar a fondo acerca de la legalización del tráfico y consumo de drogas alucinógenas.  El debate lo ha reabierto el presidente del Senado de la República, Juan Manuel Corzo, al reaccionar a la decisión del gobierno de Estados Unidos de recortar aún más los aportes al Plan Colombia. Ha dicho el dirigente conservador que la legalización «es buen camino», siempre y cuando se discuta a nivel internacional. Corzo le ha apuntado a los detalles claves de la discusión: que el asunto no es enteramente nuestro, apenas somos actores principales de la producción; que la drogadicción, más que un asunto de seguridad o de represión policial es una enfermedad, y que Colombia siempre ha cargado con el mayor peso en esta guerra declarada “oficialmente” por el entonces presidente norteamericano Richard Nixon en 1972. Y lo más grave para el país ha sido, en todos los escenarios, que la marihuana primero y luego y hasta ahora la coca procesada a cocaína, han sido el gran combustible de todos nuestros fenómenos de violencia, de todos los grupos terroristas, rebeldes, mafiosos, paramilitares y bandas criminales. Colombia sería un país completamente distinto, y de mejores indicadores, si no hubiésemos tenido que destinar ingentes esfuerzos, colosales, en dinero y vidas humanas y estructura institucional para combatir tanto el tráfico de droga ilegal como a sus mercaderes.  Ningún país en el mundo, en la historia universal, ha padecido tanto los efectos de una guerra irregular, con tantos enemigos de distinto pelambre – muchos ni siquiera identificados – que el nuestro durante más de 30 años. Y aún  no se avizora un fin cercano para esta tragedia nacional. Si bien el planteamiento de legalización ya se ha llevado a escenarios de alto nivel internacional, el gran muro sigue siendo Estados Unidos, de contera el mayor consumidor planetario de los alucinógenos y, por ello mismo, el más grande financiador de su comercialización.  Legalizar no significa promover el consumo de drogas alucinógenas, ni siquiera abrirles espacio social, aunque eso sí ha ocurrido con los licores;  cualquier medida de tolerancia comercial tendría que ser acompañada de prevención y rechazo público. Pero al igual que en la guerra contra su tráfico, Colombia aún sigue solo en la discusión para abrir su legalización. “Legalizar no significa promover el consumo de drogas alucinógenas, ni siquiera abrirles espacio social, aunque eso sí ha ocurrido con los licores”. EDITORIALITO Ojalá que el desalojo de campesinos ubicados en el sector de Domingo Arias, en cumplimiento de una querella judicial, no termine agravando el conflicto. Las autoridades y el Ministerio del Medio Ambiente, deben explorar ahora, fórmulas para revivir las mesas de concertación.

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