La Procuraduría General de la Nación inició ayer la notificación personal de la decisión que declaró disciplinariamente responsables a la gobernadora Cielo González Villa, al ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez y a los miembros de su equipo económicos, involucrados en el manejo irregular de excedentes de regalías en la firma Tigsa. La Procuraduría General de la Nación inició ayer la notificación personal de la decisión que declaró disciplinariamente responsables a la gobernadora Cielo González Villa, al ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez y a los miembros de su equipo económicos, involucrados en el manejo irregular de excedentes de regalías en la firma Tigsa. Los funcionarios tendrán tres días a partir de la notificación para interponer y sustentar el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria. De acuerdo con la decisión, conocida por LA NACIÓN,  fueron sancionados con destitución e inhabilidad de once años para ejercer cargos públicos no solo la gobernadora Cielo González Villa. La misma sanción fue impuesta al ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez, a su secretario de Hacienda, Andrés Camacho y a los ex tesoreros  Alberto Calderón Gómez y a Yesid Orlando Perdomo Llano. De acuerdo con el fallo, firmado por la procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal Irma Trujillo Ardila, el ex secretario de Hacienda Luis Aníbal López fue sancionado con destitución e inhabilidad por doce años. El funcionario, quien se encontraba en posición de garante, incurrió en una omisión impropia, considerando la labor de realizar y ordenar las inversiones de excedentes era de su resorte funcional, de manejo y vigilancia. Además, según la investigación, fue el responsable directo,  permitiendo, que el Tesorero, sin facultades, girara los  recursos sin ninguna garantía de seguridad y rentabilidad, en una entidad no vigilada por la Superintendencia Financiera. Según la Procuraduría la delegación no exime en forma absoluta de responsabilidad al delegante.  Y recalcó que en este caso se trató de una delegación de funciones (no desconcentrada) sin soporte legal con todas las consecuencias de índole disciplinario En consecuencia estimó que en este caso no existió atribución de funciones con autorización legal, sino una entrega de funciones por parte del titular de las mismas (los alcaldes municipales de Neiva).

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