alejandra barrios directorea moe

La semana que inicia se esperan pronunciamiento públicos por parte de los partidos políticos que respaldaron y entregaron avales a los gobernadores sancionados por cuenta de la Contraloría y la Procuraduría. La semana que inicia se esperan pronunciamiento públicos por parte de los partidos políticos que respaldaron y entregaron avales a los gobernadores sancionados por cuenta de la Contraloría y la Procuraduría. CARLOS MURCIA LA NACIÓN, BOGOTÁ Los partidos políticos se hicieron los de la vista gorda, así lo expresó la Misión de Observación Electoral (MOE). Ese fue el reclamo de Alejandra Barrios, directora de la MOE en un evento que se desarrolló en la  Universidad Jorge Tadeo Lozano. Durante el conversatorio ante estudiantes de Comunicación Social, los asistentes la interrogaron sobre los casos de los gobernadores destituidos, Héctor Fabio Useche y Cielo González en primera instancia. Al responder Barrios, explicó que los partidos políticos deben aclarar públicamente por qué se les entregó el aval correspondiente a estos candidatos que tenían procesos judiciales en curso. Pero lo más preocupante para la analista, es que cuando falta un gobernador por algún motivo genera un problema de ingobernabilidad en la región. “La reforma política claramente dejó establecido unas sanciones para los directivos de los partidos, pero en términos disciplinarios, es decir por contratos y demás, no hay sanciones fuertes”. Avales sin control Alejandra Barrios anotó que ese tipo de avales se entregaron sin ningún tipo de evaluación, y por eso le deben explicar públicamente al país. Recordó que una elección atípica vale una suma cercana a los 20.000 millones de pesos. Añadió que en capilla vienen los fallos de cinco gobernadores entre los que figuran Casanare, Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Caquetá. La misma crítica fue hecha por Elizabeth Ungar, investigadora política, quien manifestó que después de la última reforma se plasmó que los partidos deberían responder ante situaciones de investigaciones. “Los responsables son los directores de los partidos por haber expedido unos avales cuando habían indicios claros que las personas iban a tener problemas más adelante”. Ungar sí indicó que los directores de los partidos deben renunciar a las direcciones de las colectividades, y responder públicamente ante el electorado. Pero explicó que el tema más preocupante es que el daño que se le hace a la institucionalidad es muy grande, porque paraliza todas las inversiones sociales y los recursos que se les destina.  Concluyó que todavía queda mucho por descubrir frente a alcaldes y gobernadores. Caso del Huila En el caso del Partido de La U, se sabe que el presidente de la colectividad, Juan Lozano, expidió una carta explicando que en caso de que la Gobernadora del Huila sea destituida en la segunda instancia, se le expulsará de inmediato de la colectividad y La U y no presentará candidato alguno en caso de que existan elecciones atípicas. El Comité de Ética de La U está listo para expedir un documento y un concepto jurídico frente al fallo en primera instancia en contra de Cielo González Villa. Juan Lozano, quien dejará el cargo este mes, recordó: “Aquí no hubo omisión, ella con sus abogados nos explicó el proceso, si algo hubo, fue un engaño al partido”. Lozano explicó que para acceder al aval del partido en las elecciones del año pasado, todos los candidatos debían entregar certificados de que no tenían ningún proceso judicial abierto y que esto sucedió en el caso de González Villa, por lo cual se le acreditó como aspirante Caso del Valle Por su parte el MIO, grupo político del gobernador destituido del Valle, Héctor Fabio Useche, demandó el nombramiento de Aurelio Iragorri como gobernador encargado y sostuvieron  que la persona debió ser elegida por una terna del partido. La respuesta obtenida frente al hecho del porqué se le entregó el aval a Héctor Fabio Useche, fue la de que no existía condena alguna y que el MIO no es un ente investigador. Demanda Por su parte el abogado del Huila Germán Calderón España, anunció que en caso de que se deje en firme la destitución de la gobernadora Cielo González, interpondrá un recurso jurídico ante el Partido de La U y el Consejo Nacional Electoral, exigiendo que se sancione a los directivos del Partido de la Unidad Nacional, por omisión. Calderón España concluyó que él entablará las denuncias pertinentes ante La U y ante el Consejo Nacional Electoral. Solicitará además una vigilancia especial ante los organismos mencionados anteriormente. Según lo que dice la reforma política de 2011, es que las colectividades son responsables por vigilar las calidades morales del candidato, lo cual, en caso de comprobarse eventuales condenas o irregularidades, le acarreará sanciones que van desde multas hasta cancelación de la personería jurídica y/o su disolución. alejandra barrios directorea moe Alejandra Barrios, directora de la MOE, en un evento que se desarrolló ayer en la  Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Comentarios

comentarios