Con un marcado acento politiquero el analista Alfredo Rangel, insiste en calificar a Neiva como una de las ciudades más peligrosas del país Con un marcado acento politiquero el analista Alfredo Rangel, insiste en calificar a Neiva como una de las ciudades más peligrosas del país. Y lo soporta con cifras desactualizadas para desprestigiar al gobierno y demeritar los grandes esfuerzos realizados por la fuerza pública para enfrentar las amenazas y combatir a la delincuencia organizada. Rangel, un alfil del uribismo, sin ninguna compasión con la región, estuvo en Neiva en un foro de seguridad ratificando su equivocado análisis, sorpresivamente replicado por algunos actores sociales y medios de comunicación. ¿Quién lo invitó? Con mucha razón, el consejero presidencial para la seguridad Francisco Lloreda lo confrontó y le demostró que Neiva ni es la más insegura ni está en retroceso en materia de seguridad. Las acciones de la Policía y del Ejército han permitido frenar los ataques terroristas y reducir la extorsión, los secuestros y otros delitos de alto impacto, acrecentados durante la era de la seguridad democrática, que Rangel, ayudó a mantener. La persistencia en esta tarea ha facilitado golpes demoledores a las estructuras subversivas, hasta el punto de diezmar a varios frentes. Pero paralelamente han frustrado numerosas acciones y se han desvertebrado bandas de delincuentes comunes, procedentes de otras regiones. Y no solo en Neiva, también en Pitalito, Garzón y otros municipios que eran acosados por la delincuencia. Los resultados están a la vista y no pueden ser desconocidos por un analista foráneo, contratado para desprestigiar al Gobierno del presidente Santos. Si bien persisten algunas conductas como lesiones personales, atracos callejeros e incremento de homicidios derivados de conflictos personales, la capital del Huila no es la tercera ciudad más insegura del país, comparable con Bogotá, Medellín o Cali. Ni siquiera con otras ciudades intermedias como Cartagena, Barraquilla, Pereira o Cúcuta con indicadores más alarmantes, como lo demuestran los estudios de Medicina Legal.  Absurdo. Semejante análisis, descontextualizado, manipulado y politiquero genera graves daños a la imagen de una región que le apuesta a convertirse en un destino turístico y centro empresarial y de oportunidades. Las autoridades regionales y las propias agremiaciones están en mora de pronunciarse y desmentir semejantes cifras que se siguen repitiendo en los escenarios nacionales con fines exclusivamente politiqueros. El consejero presidencial Francisco Lloreda fue el primero en salirle al paso y en presentar los grandes avances que se han logrado en materia de seguridad y convivencia. Pero también en ratificar acciones para enfrentar desde lo operacional los brotes delicuenciales. La Policía Metropolitana, el incremento del pie de fuerza, el fuerte de Carabineros en San Agustín, los nuevos batallones y unidades móviles, son apenas algunos ejemplos. La inseguridad no es solamente un problema de criminalidad. Por eso requiere también otras intervenciones sociales en los sectores más vulnerables, como el Centro Infantil que se acaba de inaugurar en la Comuna Seis. Esas son también acciones para enfrentar esa sensación de abandono, causa y origen de muchas violencias. La seguridad, como la justicia, son bienes públicos que el Estado debe garantizar. Pero no sólo. También la sociedad y la comunidad.

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