Muchos de los acontecimientos y sucesos, generalmente negativos para el desarrollo y bienestar de la comunidad MARCOS SILVA MARTINEZ Muchos de los acontecimientos y sucesos, generalmente negativos para el desarrollo y bienestar de la comunidad, son consecuencia de un marco jurídico-legal débil, inadecuado a la época, a nuestra cultura y a las circunstancias; a la innegable  corrupción en la justicia, a la politiquería y al clientelismo. El continuado paro de la Rama Judicial, es producto directo de la debilidad de la ley y del poder. Los mejores sueldos los tienen los funcionarios de la Rama Judicial y no responden, como deberían hacerlo. Hay mas de 2.8 millones de procesos estancados. Hay impunidad y corrupción. De vez en cuando se deja pillar uno que otro funcionario. Un juez promiscuo, sin experiencia, ni voltaje jurídico y sin resultados cuantificables, gana más de $4 millones/mes. Un médico general, que tuvo que estudiar mucho más, con reales responsabilidades y dedicación, no gana más de $3.0 millones y sin estabilidad laboral. En otras profesiones es peor. De los 20 millones de colombianos que tienen actividad laboral regular, el 50% gana menos de un salario mínimo. El 96% gana menos de $3.350.000 por mes. Pero los gobiernos no encuentran solución. Este problema es de vieja data. Por una parte el marco legal vigente no corresponde a los requerimientos y realidad del problema. El gobierno se deja intimidad. El Congreso debe intervenir en la solución, partiendo del análisis y modificación de la ley que a los huelguistas les sirve de supuesto soporte. Vergonzoso que el gobierno no haya sido capaz de resolver el problema. Herramientas tiene, diferentes al billete. En esa rama no hay inequidad salarial. Hay avaricia,  anarquía, irresponsabilidad  y desgobierno y ninguna eficacia, ni eficiencia, ni  oportuna justicia. Esta huelga, debe servir para que el Congreso, aunque parezca irónico, se reivindique de tanta bajeza que demostró con el trámite y aprobación de su calculada Reforma a la Justicia y de tantas otras mezquindades que se conocen frecuentemente. El gobierno y los poderes Legislativo y Judicial, tienen del deber legal de garantizar pronta y cumplida justicia a los ciudadanos. No hacerlo es denegarles flagrantemente un derecho constitucional. La nivelación  que los burócratas de la Rama Judicial piden, sí deben hacerla, pero de abajo para arriba, partiendo del salario base actual y con incrementos que por ningún motivo superen el 10%. La permanencia de esos funcionarios en el cargo, debe obedecer rigurosamente a los resultados en el ejercicio de las correspondientes funciones. La debilidad institucional es responsable de; la corrupción que contaminó toda actividad, de la mediocridad profesional-burocrática, del raquítico crecimiento económico, de la aberrante inequidad socioeconómica, de la crisis del sector salud, del desmadre de la violencia, de la perdida continuada del patrimonio público, de la sistemática violación de los derechos humanos, del caos ambiental. La debilidad institucional es el caldo de cultivo de todos los males de la nación.

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