En mayo de 1997, 4.150 personas tuvieron que desplazarse forzosamente en el corregimiento de Pavarandó- Mutata (Urabá chocoano) por los combates entre la guerrilla de las Farc y el Ejército Nacional en desarrollo de la operación Génesis. Fotos Jesús Abad Colorado.
El conflicto armado colombiano no es una guerra regulada ni exclusiva entre los combatientes. En sus modalidades y dinámicas se generaron impactos que afectaron principalmente a la población civil, lo que deja al descubierto uno de los rasgos característicos del conflicto colombiano: la indiscriminación de métodos y de blancos de los grupos armados.

Según la Consultoría para los Derechos Humanosy el Desplazamiento (Codhes), entre 1985 y 1995 fueron desplazadas de manera violenta en Colombia 819.510 personas. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) entre 1996 y el 2002 la cifra llegó a 2’014.893 desplazados, entre el 2000 y el 2003 el número anual de desplazados superó las 300.000 personas y entre 2003 y el 2012 se registraron un total de 2’729.153 de personas desplazadas.

Las causas se relacionarían con la estrategia de expansión territorial de los grupos paramilitares, las deficiencias en sus procesos de desmovilización, el reagrupamiento y rearme de algunos de los hombres desmovilizados, la ofensiva militar de recuperación territorial del Estado en cumplimiento de la política de Seguridad Democrática y la siembra masiva e indiscriminada de minas antipersonas por parte de las Farc.

Del abandono de las tierras por parte de los labriegos se pasó al despojo, especialmente durante el periodo más crítico del conflicto armado colombiano (1996-2002). Según el RUV los desplazamientos forzados individuales fueron del 73%, mientras que los desplazamientos masivos sumaron el 27% restante. Es decir, que siete de cada 10 desplazados lo hicieron en forma individual, mientras que tres lo hicieron colectivamente.

Asimismo, se registró una nueva modalidad de desplazamiento: intraurbano. Las dinámicas del conflicto armado en las ciudades, sumadas a las múltiples expresiones de la delincuencia común y de las bandas criminales, llevaron a que el desplazamiento dejara de ser un fenómeno eminentemente rural y que pasara a vulnerar los derechos de miles de personas en distintas ciudades del país.

Según el informe ‘¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad’, elaborado por el Centro Nacional de Memoria, en la Comuna 13 de Medellín entre 1980 y el 2009 fueron desplazadas 3.503 personas.

El trabajo de investigación revela además que la mayoría de los desplazados sobreviven en medio de situaciones dramáticas que desbordan la capacidad de respuesta del Estado. La víctima es a menudo culpabilizada de lo que le ha ocurrido y con ello se libera al victimario de su responsabilidad.

A esto se suma que la violencia sexual se convirtió para la víctima en una marca de segregación y para la comunidad en un motivo de vergüenza, razones por las cuales la ocurrencia de este tipo de violencia ha sido negada u ocultada.

Reclutamiento forzado

El reclutamiento ilícito de menores de edad en el conflicto armado colombiano es considerado como una de las principales causas del desplazamiento forzado. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) reportó la atención de 5.156 niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados durante el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 1999 y el 31 de marzo del 2013.

De este universo, el 17% de los menores de edad fue rescatado por la Fuerza Pública y el 83% se entregó voluntariamente. El 72% son niños y adolescentes hombres y el 28% restante niñas y adolescentes mujeres. A partir de sus testimonios se identificó como principales reclutadores a las Farc, con 3.060 casos (60%), luego a las AUC, con 1.054 casos (20%), y por último al Eln, con 766 casos (15%).

La analista Natalia Springer asegura que en el país han sido reclutados 18.000 los menores de edad, dato que contrasta con los 6.000 estimados por la Defensoría del Pueblo y los 11.000 calculados por Human Rigths Watch. En su reporte anual del 2012, el Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, estimó que entre 8.000 y 14.000 niños, niñas y adolescentes, han sido vinculados a los grupos armados ilegales en Colombia.

Las causas de este reclutamiento se relacionarían con la proximidad del conflicto al territorio donde los niños y niñas habitan. Esta situación los convierte en mano de obra barata para las actividades económicas de los grupos armados como la minería ilegal y el narcotráfico. Asimismo, se identificaron estrategias de ocultamiento de este flagelo por parte de los actores armados y el miedo de las comunidades frente al hostigamiento cotidiano en sus territorios, que las lleva a no denunciar.

Otro elemento crucial en la incomprensión de este delito es la divulgación de un discurso que dice que los menores de edad se vinculan voluntariamente a los actores armados ilegales, aunque testimonios y estudios demuestran el carácter forzado de esta práctica, ya que está motivado por razones de manipulación perversa y engañosa.

La participación de los menores de edad en los grupos armados se relaciona con actividades bélicas o militares, el apoyo táctico a los combatientes y la satisfacción de necesidades primarias como la alimentación, enfermería y limpieza. Un impacto menos visible pero no por ello menos devastador del reclutamiento ilícito es el ciclo de estigmatizaciones y criminalizaciones que se propaga entre familias y comunidades enteras, sumado a la ruptura de redes sociales y comunitarias sobre las cuales hace mella la desconfianza cuando la población civil es forzada a involucrarse en el conflicto armado.

Acciones bélicas

Entre 1988 y el 2012 fallecieron 1.344 civiles en 716 acciones bélicas protagonizadas por los diferentes actores armados, en estos ataques murieron 1.636 combatientes, lo que confirma la alta exposición de la población civil en el desarrollo de las acciones bélicas.

Las acciones más letales para la población civil en dicho periodo fueron en su orden, los combates que produjeron 512 víctimas, los ataques a poblaciones o tomas con 391, los ataques a objetivos militares con 243, las emboscadas con 121, los bombardeos ocasionaron 6 víctimas y los hostigamientos 13 víctimas.

Como fruto de las acciones bélicas, las guerrillas causaron la muerte a 717 civiles, los paramilitares a 10, la Fuerza Pública a 71. Asimismo, como producto de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares se causó la muerte a 226 civiles; entre guerrillas y Fuerza Pública a 302 personas y entre paramilitares y Fuerza Pública a 4 personas. Se registran 14 muertos por acciones bélicas de grupos no identificados.

Amenazas

La amenaza es una práctica de violencia constante en el desarrollo del conflicto armado colombiano, que tiende a subvalorarse cuando no registra un desenlace letal o que se minimiza si no se consuma en un hecho violento. No obstante, es preciso tener en cuenta que las amenazas generan una alta capacidad de desestabilización social y emocional, por lo cual este tipo de violencia busca la instalación duradera del miedo, la desconfianza, la ruptura de las solidaridades y la parálisis en la cotidianidad de las víctimas y de sus expresiones comunitarias.

El modus operandi de los actores armados para amenazar a sus víctimas es muy variado. Han acudido a acciones privadas como el envío de sufragios o cartas, llamadas telefónicas intimidantes o a amenazas cara a cara. De igual manera, las amenazas circularon abiertamente en medios públicos mediante panfletos, comunicados, listas y grafitis con mensajes intimidantes.

Las figuras del encapuchado y el desertor se utilizó para destruir moralmente a la víctima, dejarla indefensa en términos de recursos internos y sin capacidad de reacción, aun así el desenlace no fuera necesariamente letal.


El Icbf ha atendido a 5.156 niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados entre el 10 de noviembre de 1999 y el 31 de marzo del 2013. 

Comentarios

comentarios