Las autoridades expropiaron el lote donde será construida la Ptar.

En medio de una dura protesta de los habitantes de los barrios Los Guaduales, Villa Alejandra y Villas del Café, se cumplió en la mañana de ayer el procedimiento de expropiación de los terrenos en donde se construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar).

La diligencia fue dirigida por el Juez Segundo Civil del Circuito, quien ilustró a los habitantes de los barrios que dicen ser afectados sobre lo que le corresponde en la parte judicial.

El acto cumplido ayer fue una medida precautelar y en el mismo los habitantes de la zona lamentaron la ausencia de concertación por parte del Gobierno, “que tan sólo esta semana convocó una reunión con unas pocas personas, pero no se ha dado la socialización generalizada y adecuada para conocer lo que pensamos en los barrios que estamos cerca al proyecto, pues no se trata de oponernos, sino que es una amenaza para la salud y el medio ambiente de todos”, denunció Humberto Medina, veedor ciudadano.

Silencio del pueblo

Ante la presencia de Policía, Ejército, unidades secretas del Estado que fueron convocados y organismos como la Procuraduría, la Personería y los funcionarios del gobierno municipal en cabeza del director de Planeación, Jaime Ramírez, y Yina Paola Lombana, secretaria General, los propietarios de los terrenos en el sitio, totalmente residencial, mantuvieron silencio absoluto frente a lo que siempre han considerado “como un atropello sin precedentes contra la gente que trabaja y que mantiene presencia en la zona, que deberán ellos defender, pero en los estrados judiciales”, según la abogada Rosa Inés Trujillo.

Tan pronto se cumplió con la lectura de los documentos respectivos, que dieron aval para cumplir con la enajenación de estas cinco hectáreas, obreros contratados por la administración municipal procedieron a las medidas respectivas por parte de un topógrafo y a la colocación de los mojones, que le dan ya el desenglobe del lote principal, en donde la familia Trujillo viene proyectando programas de vivienda. “Ahora quedamos seriamente afectados y generándonos pérdidas considerables, pues no hay derecho a que de la noche a la mañana nos despojen de lo que se ha construido con esfuerzo familiar, sólo por la terquedad y persecución del gobierno de turno”, reclamó Carlos Alberto Trujillo.

Los residentes de estos sectores, que son los más afectados, sumado a la Terminal de Transportes que está muy cerca y otras empresas sobre de zona industrial, acudirán a las autoridades para demostrar que no se están oponiendo, como erradamente lo quiere hacer ver el Gobierno, sino que lo que piden es que se utilicen los terrenos que hace más de 20 años adquirió el entonces alcalde Jaime Bravo, los que quedaron abandonados y el año anterior fueron invadidos por unas 200 familias.

De los concejales, el único que intervino fue el Osser Campos Rueda, quien pidió al Gobierno “hacer las cosas al derecho y evitar enfrentamientos con la comunidad, buscando acertadamente conciliaciones con todos los habitantes de estos barrios, que vienen reclamando para que no hayan afectaciones y este proyecto se haga con claridad total”.


Los reclamos de los habitantes del sector no fueron escuchados.

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