No es la primera vez que los niños indígenas de La Guajira mueren de desnutrición o de enfermedades derivadas de esa injustificable situación. Oportuna la campaña que distintas ONG's están liderando bajo el lema "Ni uno más," con el objeto de proveer el agua y lo que estas criaturas necesitan.

Sin el propósito de desanimar la buena voluntad de los donantes de esta campaña, es hora de recordar que es al Gobierno, y en general al Estado, a quienes les corresponde evitar que sucedan estas tragedias. Para ello se creó el Instituto de Bienestar Familiar, descentralizado a través de regionales en los distintos departamentos del país. Si alguna entidad ha tenido un gran flujo de recursos ha sido especialmente esta, porque hasta la última reforma del gobierno Santos recibía los beneficios de un impuesto parafiscal. No obstante contar con un objetivo claro y recursos, por mucho tiempo, muy significativos, sus resultados han sido permanentemente cuestionados.

Se recuerda aún hoy, cuando la Bienestarina que se producía para la alimentación de los niños, terminó haciendo lo propio pero para cerdos en el Chocó. Violación de niños en guarderías bajo el control del Instituto y muchos otros escándalos han opacado una labor fundamental en este país, donde realmente ser niño –especialmente pobre pero incluso rico–, es un peligro. ¿Dónde está el problema cuando sin duda han pasado administraciones buenas por esta entidad que, no obstante lo anterior, no han podido acabar con sus falencias?

Y volvemos a lo mismo: el criterio con el cual se designa tanto al director o directora general como a los directores regionales, sigue siendo muy político. Una especialista en finanzas llega a esta entidad, y sin duda aprende algo, ¿pero mientras tanto qué? Hace 4 ó 5 años sucedió lo mismo que hoy se identifica en la Guajira, y ni la dirección nacional ni la regional reaccionaron, a pesar de que varios senadores que estábamos en Riohacha lo denunciamos. Hoy está encargada una persona con sensibilidad social y debe estar pegado del techo porque no viene de la política y seguramente se ha enfrentado al clientelismo de las regionales, que son las que operan los programas.

Llegó la hora de que se sepa quiénes y de dónde vienen los directores de la regional del ICBF en la Guajira porque es inaudito que siga pasando lo mismo y que sea la caridad pública la que tenga que responder por esta grave situación. Quien tiene la responsabilidad es el Gobierno, y para eso, señores y señoras supremamente ricos, es que se necesita que ustedes paguen impuestos. Claro que el costo de la politiquería, del clientelismo, de la captura del Estado por parte de clanes corruptos –como los que dominan muchos departamentos del país, y en particular los de la Región Caribe–, es no tener las administraciones ni la institucionalidad que toca. Y esa es la disculpa perfecta para no pagar impuestos de aquellos que deben hacerlo.

La caridad y solidaridad son importantes, pero es el Estado el que tiene la gran responsabilidad de responder por estas demandas impostergables. La Guajira, controlada por los mismos políticos de siempre, tiene la oportunidad, en las manos de su gente correcta, de frenar este horror del manejo de lo público.

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