El incremento de las extorsiones a grandes y pequeños comerciantes en el norte del departamento tiene en alerta a la población. Autoridades manejan varias hipótesis. LA NACIÓN presenta radiografía del panorama.

 
A paladas, los Ramírez Díaz removieron las cenizas en que quedó convertida su casa. Hace una semana, desconocidos prendieron fuego contra una ‘chiva’, que tenían parqueada en la vivienda en la que residen los mayores de la familia: Arcesio Ramírez y su esposa María Inés Díaz, en el municipio de Tello, Huila.


Arcesio Ramírez, afectado por incendio de la vivienda donde residía junto con su esposa.

Lo perdieron todo, la ropa que visten y la cama en la que duermen se las regalaron vecinos quienes la madrugada del sábado 22 les ayudaron en el intento por sofocar las llamas del incendio que inició en el vehículo guardado hace más de un mes y que, sin previo aviso, alcanzó rápidamente la estructura de madera de la vivienda.

Con la mirada perdida en el horizonte y sosteniendo una taza de café, acompañado de un felino en sus piernas y dos perros que inquietamente meneaban su cola, Arcesio intentaba escapar de la realidad que está pasando en frente suyo.

Su hijo, con pala en mano y una carretilla, iba recogiendo los escombros en los que quedó consumida la casa de propiedad de unos de sus yernos.
“El hijo fue quien se dio cuenta. Me gritó: papá le metieron candela al carro. Cuando me asomé, era una sola llamarada. La casa empezó a quemarse en cuestión de segundos. Esa noche, me levanté a la una de la mañana a orinar, me volví a acostar pero sentí un golpe, como cuando usted se avienta. Me quedé poniéndole cuidado al ruido, pero no me levanté a mirar, donde lo haga pesco al desgraciado”, narró Arcesio, quien permanecía sentado porque una enfermedad le impide caminar bien.

La pérdida económica del bus mixto ascendería a los 60 millones de pesos, era modelo 1960 y recientemente había sido remodelado. Para el arreglo de la vivienda se necesitaría cerca de 40 millones de pesos.

Él dice que tiene claro, a pesar de no ser dueño de carros, que las quemas obedecen a retaliaciones de la guerrilla de las Farc contra la empresa Coomotor, única operadora del servicio de transporte público en esta región.

“Ese carro lo quemaron porque llevó un expreso con jugadores de fútbol al municipio de Palermo el domingo hace 15 días, lo sacaron, hicieron el viaje y volvieron a dejarlo guardado, por eso creemos que lo quemaron”, dijo Arcesio.

En el municipio de Tello todos saben que las Farc tienen prohibido a los carros de Coomotor transitar por las veredas.
 

 

Desde hace tres meses la empresa Coomotor no presta el servicio de transporte público en los municipios de Tello y Baraya.
 

Algunos como  Arcesio, que dio la cara y otros que optaron por guardar el anonimato, culpan al gerente de la empresa Coomotor Armando Cuéllar.

“El carro llevaba parqueado un mes, la guerrilla no los deja trabajar, porque el gerente sacaba por derecha el cobro de la vacuna, pero resulta que el hp se la robaba y no la pagó. Por eso es que están quemando los carros. Ahora las camionetas particulares son las que están haciéndose la plata, realizan dos y hasta tres viajes diarios. En todas las veredas ‘dormía’, una ‘chiva’, pero como ahora no pueden ir, entonces han metido vehículos pequeños. La gente que vive de eso ahora está es aguantando hambre”.

De hecho el gerente de la empresa Coomotor, Armando Cuéllar se encuentra fuera del país disfrutando de un periodo de descanso.
Arremetida
En tan solo cuatro meses el accionar subversivo de la guerrilla de las Farc aumentó. Las autoridades registran un total de 21 atentados terroristas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el departamento del Huila desde el año 2013 se ha evidenciado el incremento de las acciones violentas de las Farc, principalmente de la Columna Móvil ‘Teófilo Forero’, y los frentes 17 y 66 en el centro y norte del departamento, incluido Neiva.

El accionar de la guerrilla se ha enfocado principalmente en el cobro de extorsiones a comerciantes, empresas de transporte, molineras, ganaderos, finqueros, finqueros, servidores públicos y empresas del Estado.

La negativa al pago y el incremento de la presión del grupo armado ilegal ha derivado en ataques indiscriminados con artefactos explosivos, quema de vehículos, amenazas y desplazamientos forzados, contra quienes se niegan a sus pretensiones, infundiendo temor generalizado en la población que se ve obligada a pagar coaccionadamente para preservar su vida e integridad.

Para el General Nicasio Martínez Espinel, comandante de la Quinta División del Ejército, con jurisdicción en el Huila, entre otros departamentos, no cabe duda de que en la situación que hoy viven los municipios del norte del Huila también hay influencia de delincuencia común que incluso están extorsionando desde las cárceles.

Por supuesto, asegura el alto oficial, que las Farc también tienen su parte en este fenómeno que se registra en localidades como Tello y zonas aledañas.

“En el Huila, por lo que ha sufrido la población, por la cercanía, en otros años a la zona de distensión, es gente que está temerosa y a veces se obligan a pagar. Por eso lo que les estamos diciendo es que cuando tengan conocimiento de llamadas extrañas, consulten al Gaula”, dijo Martínez Espinel.

El presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Neiva, Ariel Rincón, sostiene que si bien en Huila no escapa a esta realidad, también lo es el hecho de que se está registrando en el resto del país.

“Esto es una política generalizada de los grupos alzados en armas que han trazado toda una estrategia de extorsión en todo el país, a todo nivel”.

La situación es tan preocupante que incluso, agrega Rincón, se está acudiendo al directorio telefónico para sacar de allí los datos de los establecimientos comerciales para luego hacer las llamadas extorsivas.

Dijo que este panorama ya fue presentado ante el propio Presidente de la República, el Ministro de la Defensa, y no solo en este gobierno, sino también en el del ex presidente Álvaro Aribe.

“Uno se siente impotente de que la misma Fuerza Pública, de la evaluación y el seguimiento que hacen a las llamadas extorsivas, alrededor del 50 por ciento se hacen desde las cárceles. No tener el control es lamentable”, sostuvo Rincón.

¿Por qué las Farc volvieron? 

Andrés Restrepo, director del Centro Regional de Estudios del Sur, sostiene que la insurgencia lejos de debilitarse como se trató de buscar cuando fue instalado el Batallón de Alta Montaña en Algeciras, y sus operaciones, lo que hizo fue replegarse.

Es decir, la guerrilla desplazó su accionar hacia localidades como La Uribe, Meta, incluso en Caquetá como consecuencia de los golpes que les dieron.
Según Restrepo, esto les permitió fortalecer las áreas en donde se replegaron.

Sin embargo, para el director del Centro Regional de Estudios del Sur, equivocadamente se pensó que las Farc estaban debilitadas en esta zona.

Y lo que realmente ocurrió es que estaban ‘guardadas’ mientras retomaban capacidad para volver, como en efecto lo han hecho, pero ahora claro, dentro de un contexto de un proceso de paz.

Es en ese sentido, que Andrés Restrepo asegura que las Farc están ahora acudiendo a una arremetida con quema de buses.

Es decir, como no hay un cese al fuego, pues han optado por demostrar de esta manera su poderío y quieren probar que aún tienen fuerza para continuar.

Situación que no ha sido ajena para los municipios de Baraya y Tello, donde desde hace cuatro meses no hay servicio del transporte público para las veredas.

“Según información de la misma comunidad y la emanada durante un consejo de seguridad realizado en el municipio de Baraya, se conoció que el frente 17 de la guerrilla de las Farc, es quien viene adelantando estas acciones a raíz de algunos inconvenientes que han tenido con el gerente de la empresa Coomotor”, comentó Elizeín Cano Yara, alcalde del municipio de Baraya.

Según el funcionario la situación es complicada, la fuerte presión para que los vehículos públicos no transiten por las veredas ha generado varios traumatismos para el campesinado.

“El costo de transporte ha aumentado, si una chiva cobraba 10.000 pesos, ahora les están cobrando más. Eso va en contra de los intereses sociales y económicos de los campesinos”, relató el funcionario.


Los Alcaldes de Tello y Baraya, saben que la situación es complicada. No descartan el acompañamiento militar para garantizar la seguridad de los viajeros.
 

Los hechos no son aislados para José Manuel Córdoba, alcalde del municipio de Tello, quien señaló que la tranquilidad en el municipio está alterada desde el mes de julio, cuando se produjo la primera quema de una chiva.

“Todo esto ha generado una anormalidad en el municipio de Tello, porque además de encarecer los costos en el transporte, las condiciones de vida de los habitantes se ha alterado. Desde los primeros hechos se han realizado siete consejos de seguridad, en los que se abordó la problemática. No hay otra salida que reclamar al Estado, la convivencia y seguridad”. 

Una de las propuestas que busca presentar el mandatario local es la de solicitar a la empresa Coomotor reactivar el servicio de transporte a las veredas.

“Vamos a ver qué dicen, aunque algunos propietarios de vehículos han dicho que si les pagan un seguro que les cubra para reparar el automotor en caso de pérdida, ellos asumen el riesgo”, añade Córdoba.
Las extorsiones
Fuentes consultadas por LA NACIÓN señalan que los campesinos están siendo extorsionados, a quienes les están exigiendo el 10 por ciento del jornal ganado.

En cifras, si el trabajador del campo le pagan 30 mil pesos el día, este a diario tiene que entregar la suma de 3.000 pesos a guerrilleros de las Farc, al mando de alias ‘Benjamín’, en el norte del Huila.

“Se supone que hay presencia militar en algunas zonas rurales, entonces la guerrilla ¿Cómo está haciendo para cobrar?, ¿Están sin plata? o ¿Buscan plata para cuando llegue el posconflicto?, A esta situación se suma que los menores no están recibiendo clases”, explicó la fuente.


 Este bus de Coomotor resultó averiado durante el último atentado realizado contra la empresa, en la ciudad de Neiva en un parqueadero al sur de la ciudad.

El mercado o el campesino

Ante este escenario, el campesino se ha visto obligado a perder muchas veces sus productos por falta de vehículos que saquen el producido a ciudades como Neiva, donde a diario surten la central de abastos y pequeños supermercados.

“El transporte ha subido, uno tiene que pagar 3 mil y 4 mil pesos para que lleven un solo canasto. Uno lleva un mercado pequeño y le cobran. Todo esto a raíz desde que se acabaron los mixtos. El día que lo quieren recoger a uno lo recogen; una motocicleta está cobrando 30 mil pesos solo por llevar de Tello a la vereda El Cedral y otros 30 mil pesos para regresar al pueblo”, narró Víctor Maestro Sánchez Díaz, campesino de la región.

Según el personero Municipal de Neiva, Jesús Elías Meneses, aunque no se tiene una cifra exacta, el número de extorsiones ha crecido con respecto a los dos últimos años.

Afirmó que inclusive están siendo víctima de este delito, pequeños comerciantes como vendedores ambulantes de comidas así como los conductores de colectivos que prestan el servicio de transporte urbano.

Fuentes extraoficiales señalan que cada uno estaría pagando aproximadamente $5.000 diarios a personas que los amenazan si no hacen lo que les piden.

Es más, añadió que el tema fue abordado con preocupación durante la visita reciente del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aunque muchos no han entendido el mensaje que dejó su arribo a la capital huilense.

Más preocupante resulta la tesis que señala que bandas delincuenciales provenientes de otras regiones del país vienen a hacer ‘barridas’, aseguró Meneses.

“Por eso uno encuentra extorsionados de la tienda pequeña, al sastre, al vendedor de tornillos, los profesores, inclusive. Y si vino un ministro de Defensa a hablar de ese tema, eso no es gratis y hay que tenerlo muy en cuenta”, concluyó.


Otros vehículos como algunos taxis fueron afectados por la onda explosiva registrada en el parqueadero.

¿Qué buscan?

Sobre el crecimiento del delito de la extorsión en el departamento del Huila, especialmente en la zona norte del departamento, hay varias versiones.

Jesús Elías Meneses, personero Municipal de Neiva coincide con la tesis según la cual, las Farc estarían guardando plata para autofinanciarse, en una eventual desmovilización con motivo de la firma del proceso de paz.

“Ese fenómeno se da cuando hay procesos como el que se está adelantando, porque surgen muchas fisuras y la gente que ha vivido de la delincuencia o al margen de la ley, y que no se va a someter, busca seguir manejando el negocio sucio, no propiamente de la guerra pero sí el de la extorsión”, apuntó.

Por su lado, el general Martínez Espinel reconoce que hay otras hipótesis.

En diálogo con LA NACIÓN, el alto oficial sostuvo que también se adelantan investigaciones para establecer una según la cual, detrás de la quema de algunos buses estaría la búsqueda del cobro de seguros.

“A veces hay más ganancia cuando se incinera un carro, sin pensar en el perjuicio que le hacen a la región, las instituciones, la gobernabilidad. A veces mandan a la delincuencia común o a las Farc a que les quemen sus carros para poder buscar un seguro”, advirtió.

Precisó que en varios de los casos en los que colectivos de transporte han resultado quemados, quienes lo hacen van en ellos, vestidos de civil y cuando llegan a un determinado lugar, ponen en marcha su plan.

Es más, reveló que por hechos como el de Tello, ya fue capturado un menor de edad, cuando transportaba insumos para detonación.

Pero no es la única. Martínez Espinel no descarta, al igual que Meneses, que las Farc estarían acudiendo a extorsionar incluso a pequeños comerciantes para guardar sus propios recursos para la época del posconflicto.

No obstante, para el general Martínez Espinel, las Farc primero están acudiendo a la utilización de artefactos o armas no permitidos, con el fin de intimidar, con un objetivo.

“Después de dos años de diálogos donde hay una luz, que seguramente confiamos que se llegue a un acuerdo de paz, quieren como hacer su plante, a ver qué platica se llevan, y por eso se ha incrementado en todo el país el tema de la extorsión. Digamos que si yo me voy a entregar, dejar las armas, pues entonces hay que tener una reserva, entre comillas, de su actuar delictivo para un futuro”, subrayó el alto oficial.

Pero para Andrés Restrepo, director del Centro Regional de Estudios del Sur, en todo esto que está pasando en el norte del departamento, hay más.
Sostiene que se estaría llevando a cabo una especie de nacimiento de una delincuencia que estaría buscando controlar territorios.

“En la zona urbana de Tello, hay alrededor de cuatro o cinco expendios de sustancias, no sé de qué tipo, pero ese territorio es propicio para la extorsión, la ‘vacuna’ más el acceso de otras bandas delincuenciales”, explicó.

Grave afectación

Y aunque muchos se muestran sorprendidos con la situación, es claro que si hay una entidad que ha estado alertando es la Defensoría del Pueblo.

Jorge Calero, director de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, afirmó que en el departamento hay seis municipios en situación de riesgo.

De acuerdo con sus investigaciones, se trata de Neiva, Tello, Baraya, Campoalegre y Algeciras.

“Allí se registran acciones de la columna ‘Teófilo Forero’ y los frentes 17 y 66 de las Farc”, indicó.

El funcionario coincide en que hay una afectación muy grave a sectores como el comercio, el transporte, lo que viene generando una sensación de inseguridad.

“Lo que está ocurriendo viene perturbando la libre movilidad en el norte del Huila. Son graves las retaliaciones contra quienes se niegan a pagar las extorsiones”, subrayó Calero.


Debajo de esta camioneta fue puesto el explosivo dejado en el parqueadero.

Posible solución

Para el alcalde de Tello, José Manuel Córdoba, sería ideal que se pudiera contar con una caravana militar.

El objetivo es que a diario se acompañe a los transportadores. Dijo que esta es una de las soluciones que las autoridades civiles y militares estarían evaluando para garantizar el acompañamiento de los vehículos que desde hace tres meses no han podido salir a trabajar.

La propuesta recuerda a las escenas vividas en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander por allá en los años 80, cuando el Ejército, en camiones, escoltaba a los campesinos para poder desplazarse por la zona.

Era la época en que los grupos de paramilitares comenzaban a hacer de las suyas en la región y el terror se apoderó de la población civil. Pero en este caso, se trata de la guerrilla de las Farc.

Ariel Rincón, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, dijo que en el Huila se ha generalizado la idea de que los empresarios no paguen extorsión, lo que genera en la postura de explosivos en varios establecimientos comerciales.

“Pero para mí, el mensaje es que el Gobierno Nacional si se compromete a contrarrestar 50 por ciento de las llamadas extorsivas, que controle las cárceles. Si el Inpec no le sirve, que ponga algún organismo público o privado para que garantice que quienes están allí no extorsionen”.

Entre tanto, Jorge Calero, director de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, reconoce que aunque hay un esfuerzo por parte de la Fuerza Pública, aún hay fragilidad en las medidas.

“Se ha recomendado al Ministro del Interior, ajustar los dispositivos de seguridad porque son graves las retaliaciones”, puntualizó.

En cifras

En el municipio de Campoalegre, los 60 colectivos que a diario transportan pasajeros entre esa localidad y Campoalegre, pagan un millón de pesos cada año.

Algunos empresarios que prefirieron el anonimato, le revelaron a LA NACIÓN, que están pagando millonarias extorsiones a las Farc.

“La situación es preocupante, esto es casi insostenible”, señalaron.

Asimismo, en Neiva también hay propietarios de colectivos de servicio urbano que pagan diariamente la suma de 5.000 pesos.

Todo esto, sin contar con lo que pagan propietarios de molinos de arroz y estaciones de gasolina, según información de la Defensoría del Pueblo.

CIFRAS

Colectivos ruta Campoalegre- Neiva, pagan $1.000.000 anuales.

Colectivos urbanos en Neiva, pagan $5.000.diarios

Campesinos en Baraya, pagan 10 por ciento de su jornal, que equivale a $3.000.

En 2014 van reportadas 63 denuncias por extorsión en Neiva.

Neiva reporta 18 casos de terrorismo en 2014.

(Pulse aquí: http://www.lanacion.com.co/index.php/component/k2/item/244909-que-hay-detras-de-las-nuevas-extorsiones-de-las-farc)
 

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