El vicefiscal Perdomo advirtió que sobre el presunto caso de desfalco a la salud, son cuatro las investigaciones.
El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo no se anda por las ramas. Fue contundente al responder preguntas sobre varias de las investigaciones que la Fiscalía adelanta en el departamento del Huila.

Tras su regreso de un corto descanso de fin de año, el alto funcionario aceptó hablar con LA NACIÓN. De entrada advirtió que el presunto desfalco a la salud del departamento sigue siendo objeto de seguimiento e investigación por parte del ente acusador.

Dejó claro que el proceso está más vivo que nunca y al respecto subrayó que son cuatro las investigaciones las que se adelantan dentro de las cuales incluyó a la IPS Uros.
Perdomo no dejó títere con cabeza y enfatizó en que sobre el proyecto Parque Isla de Neiva, la Fiscalía se alista a dar las últimas puntadas para comenzar a llamar a los presuntos involucrados  en supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de $3.500 millones.
 
¿En qué va la investigación del escándalo de corrupción de salud en el departamento?

 La Fiscalía General de la Nación actualmente adelanta cuatro investigaciones relacionadas con el presunto desfalco a los dineros de la salud por parte de la Caja de Compensación Familiar del Huila. En primer lugar, tenemos la que involucra a Comfamiliar Huila y a la IPS Medilaser por una presunta contratación irregular que tuvo lugar durante los años 2002 a 2004. Esta actuación, luego de resolución de acusación emitida por la Fiscalía, se encuentra en etapa de juzgamiento en el municipio de Garzón, y se programó para el mes de enero la realización de la audiencia preparatoria. Los procesados son Clodomiro Rivera Garzón, María Cristina Vargas Urazán y Armando Ariza Quintero.  La segunda atañe también a Comfamiliar Huila EPS-S y la IPS Medilaser por la contratación de servicios de salud del régimen subsidiado de los años 2006 a 2011. En esta actuación la Fiscalía formuló imputación de cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, en contra de Ana Isabel Triana  Hernández, Juan Pablo López Rebellón, María Maryori Zuluaga Arenas, Carlos Francisco Tovar Trujillo, Édgar Bonilla Ramírez, Adolfo León Ubajoa Avilés, Ramiro Paredes  González y Armando Ariza Quintero. La tercera investigación se relaciona con una contratación presuntamente irregular entre Comfamiliar Huila EPS-S y la IPS Revivir.

En este caso se presentó acusación por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Uno de los acusados falleció, se trata del doctor Carlos Arturo Giraldo Aragón (qepd), los tres restantes se encuentran privados de su libertad, estos son Carmen Elena Silva Núñez, Rodrigo Cleves Rodríguez y Armando Ariza Quintero.

 Finalmente, cursa una indagación contra la IPS Uros, dentro de la cual se están recopilando los elementos materiales de prueba necesarios para tomar las decisiones correspondientes.
 
De los primeros capturados varios han recuperado su libertad, ¿en qué quedan entonces sus casos,  cuál es la posición de la Fiscalía al respecto?

Algunos de los investigados recuperaron su libertad cuando un Juez de la República consideró que no existía la necesidad de privarlos de ella mientras se adelantaba el proceso. Sin embargo, es importante que quede muy claro que en ningún momento se puso en entredicho la hipótesis de la Fiscalía, ni la presunta responsabilidad penal de los procesados, quienes siguen estrechamente vinculados al curso de la actuación. La Fiscalía General de la Nación reitera su compromiso y respeto ante las decisiones proferidas por los jueces de la República y continuará realizando todas las actividades necesarias para cumplir con su misión institucional de investigar y acusar.
 
¿Fue la Fiscalía la que pidió el traslado a La Picota de Armando Ariza?

No. Es preciso aclarar que a la Fiscalía General de la Nación no le asiste la competencia para realizar este tipo de solicitudes. Armando Ariza  se encuentra actualmente detenido en prisión con ocasión de dos decisiones adoptadas por autoridades judiciales. De manera que desde ese momento es el Inpec el encargado de determinar las condiciones y el lugar en donde esta persona debe cumplir con dicha medida, lo que implica que la resolución que se profirió relacionada con su traslado, obedece a una decisión bajo el marco de las competencias de dicha entidad.

 Ya se dieron resultados respecto de los grandes directivos de la EPS Comfamiliar Huila y de las IPS como Medilaser. Pero, ¿en qué quedan los demás intervinientes en los desfalcos?

Pues le comento, que también tenemos hallazgos muy contundentes para enfilar baterías contra las personas que terminan beneficiándose ilegalmente de los recursos destinados a la salud de los colombianos. Y acá incluyo a todo el país porque hemos establecido que algunas instituciones prestadoras del servicio de salud que se han visto comprometidas en todas estas conductas ilegales en el Huila. Como por ejemplo Medilaser, tienen sucursales a lo largo y ancho del territorio. Estamos verificando si en los departamentos de Boyacá, Putumayo y Caquetá, en los que ésta IPS tiene sedes, se presentaron el mismo tipo de delitos.

 ¿Cómo es eso?

La situación es la siguiente: tras bambalinas, hay otras personas que aunque no aparecen como directivos también se enriquecen con el desangre económico a la salud. Frente a esta situación, en la Fiscalía estamos actuando más allá de quienes aparecen como gerentes de las empresas que operan el sistema. Estamos investigando la presunta responsabilidad penal que puede existir en cabeza de sus socios o accionistas. Además, estamos activando los mecanismos legales que nos permitan rastrear los recursos apropiados por estos.
 
¿Se tiene algún resultado en este sentido?

 Ya estamos valorando la posibilidad de escuchar a varias personas en interrogatorio. La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo 18 de enero a diligencia de interrogatorio al señor Jaime Antonio Navarro Parra quien es propietario de la IPS Medilaser. Además, mediante la acción de extinción de dominio estamos en la recuperación de todos los dineros del Estado que, por la comisión de estos delitos, pararon en las arcas de unos pocos. Recordemos que la acción de extinción de dominio es real, lo que significa que permite la persecución de estos recursos aunque se encuentren en manos de terceros. El objetivo es llegar al fondo del asunto y para ello aplicaremos todos los instrumentos procesales disponibles. De ser necesario, contemplaremos la aplicación de beneficios legales para aquellos que sean los primeros en ayudar al descubrimiento de la verdad.

En cuanto al caso de la ex gobernadora Cielo González Villa, ¿qué va a pasar con ella. Su proceso en qué etapa está?

 En la Fiscalía cursan actualmente cuatro procesos contra la señora Cielo González Villa. Uno de ellos es por hechos acaecidos en su condición de ex alcaldesa de Neiva y los demás están relacionados con asuntos cuando fue ex gobernadora. En el primero se estudia su presunta responsabilidad en la celebración sin el cumplimiento de los requisitos legales de un acuerdo de cooperación y asistencia técnica con el Convenio Andrés Bello. En este caso la Fiscalía General ya profirió resolución de acusación y está en juicio, es decir, en una etapa bastante avanzada.  En el segundo se analiza su presunta participación en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, de falsedad ideológica en documento público, y de peculado por apropiación en favor de terceros. Los hechos se remiten a la presunta indebida adjudicación de tres contratos para la producción, distribución y comercialización del aguardiente Doble Anís. La fiscal delegada para este caso ya radicó el correspondiente escrito de acusación y a la fecha nos encontramos a la espera que la Corte Suprema de Justicia fije fecha para celebrar la audiencia respectiva.

En el tercero todavía estamos indagando su presunta participación en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales como consecuencia de las irregularidades en que pudo haber incurrido en la contratación para dar cumplimiento al Plan Departamental de Aguas del Huila.

Finalmente tenemos la actuación que surgió por la celebración de la licitación pública para la construcción de la primera etapa del recinto ferial de Neiva. Acá también estamos investigando la presunta responsabilidad de la ex gobernadora en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

¿Y cómo va la investigación del ex alcalde de Palermo Elber Yesid Perdomo?

En este asunto estamos recogiendo todos los medios de prueba para establecer cómo ocurrió la venta de esos dos inmuebles del Municipio, la cual, al parecer, habría acarreado un detrimento público de más de 4.000 millones de pesos. Tenemos importante prueba testimonial que nos permitirá reportar resultados en corto tiempo.
 
¿Cuál es el estado de la investigación a la rectora del colegio Ricardo Borrero?

La Fiscalía ya radicó el correspondiente escrito de acusación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales contra la señora Alba Luz Ortiz. Actualmente estamos convocados por parte del juez del caso para la realización de la audiencia en marzo. Esto quiere decir que la Fiscalía ya comprobó la hipótesis delictiva con la que comenzó la investigación.  Y que están fuertemente documentadas las presuntas irregularidades en las que pudo haber incurrido la directora en el trámite y celebración del contrato de transporte para más de 400 estudiantes de esa institución educativa.

¿Por qué no se han dado resultados en el caso del parque de la Isla de Neiva?

Lo primero que es importante aclarar es que esta fue una investigación que la Fiscalía General de la Nación inició de oficio cuando se percató de la gravedad de los hechos. Yo me atrevería a afirmar que el proyecto Parque-Isla ha sido uno de los elefantes blancos más grandes en la historia de las administraciones municipales de Neiva. La información que hemos recogido es bastante, y en ella estamos teniendo importantísimos hallazgos para esclarecer quiénes fueron los funcionarios públicos y los particulares que de cualquier manera tuvieron contacto con estos hechos en los que más de 3.500 millones de pesos se desaparecieron del tesoro de la ciudad. Ahora mismo estamos en la gestión de la prueba técnica, que será la puntada final de la investigación y que nos permitirá hacer los correspondientes llamados a los presuntos responsables.     

Dentro de la búsqueda de bienes de las Farc ¿habrá búsqueda en el Huila?

En la Fiscalía hemos creado un grupo de trabajo para que se dediquen a la búsqueda en todo el país de los bienes de las Farc. Esto de manera coordinada con otras autoridades como la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. En el momento hay más de 1.100 bienes de este grupo que están en trámite de extinción de dominio. De ellos hay alrededor de 500 que están en su fase inicial y que representan una cuantía de más de 68.000 millones de pesos. Todo esto para decirle que obviamente el Huila, que ha sido uno de los departamentos más golpeados por el conflicto, es uno de los departamentos en los que esa búsqueda es prioritaria.    

 ¿Confirma que usted aspira a ser el próximo fiscal?

Yo creo que no se pueden tener aspiraciones cuando lograrlas no depende de uno mismo. Tengo claros mis planes para cuando se termine la etapa en la Fiscalía, continuaré mis estudios en Europa, quiero irme a Inglaterra.
 

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