Foto: Archivo - Internet.

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En las últimas horas el Consejo de Estado condenó a la Nación y al Ejército Nacional, por el secuestro de Silvio Vásquez Villanueva, candidato a la Cámara de Representantes en el Huila, por parte de la guerrilla de las Farc. En un comunicado, la institución declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial al Estado colombiano.  

 
El anuncio fue dado este jueves, en el que se dio a conocer la condena a la Nación por el rapto del que fue víctima un aspirante a la Cámara el pasado mes de febrero de 2002, secuestro protagonizado por integrantes de las Farc, quienes en medio de un retén ubicado en la vía que de Suaza conduce hacia Florencia, Caquetá, procedieron a cometer el hecho.

La decisión ordenó el pago de más de 1.300 millones de pesos por concepto de perjuicios morales a la víctima y sus familiares, como consecuencia de los tratos inhumanos a los que fue sometido durante 18 meses, tiempo en que permaneció en cautiverio Vásquez Villanueva, quien ejerció como congresista por el Partido Conservador, alcalde del municipio de Santa María, y posteriormente Diputado del Huila.

De igual forma, exhortó al Presidente de la República, como cabeza de las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, para que se transmita al grupo guerrillero, así como a sus dirigentes, la necesidad de ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido y explicar los hechos que constituyeron el secuestro, dentro de los dos meses siguientes.

Con respecto a este tema, el Ejército Nacional en su defensa, aseguró que dentro de sus funciones no se encuentra la prestación de seguridad de manera individual, y menos que sus actuaciones, por acción u omisión, facilitaron el desenlace de los hechos.

Según lo establecido por la Sección Tercera, el secuestro del aspirante a la Cámara de Representantes en el departamento del Huila, se debió a un conjunto de actividades que fueron desplegadas en contra de la población civil, que se realizaron con anuencia, debilidad o deficiencia del Estado, en el mantenimiento de la soberanía y seguridad de los derechos de los ciudadanos luego de la terminación de las negociaciones de paz y la zona de distención.
 
En este sentido, en el comunicado del Consejo de Estado, se determinó que en ningún momento se ofreció la seguridad y protección a las personas, especialmente a los actores políticos de la época en sus desplazamientos por el territorio nacional, por lo que se habla de la afectación al principio fundamental de la democracia.

Así mismo, se conoció que la jurisprudencia de la Sección Tercera ya ha sido reiterada, en el sentido de que el secuestro y sometimiento a tratos inhumanos de civiles dentro del conflicto armado, son manifestaciones que vulneran los derechos de las personas, el derecho internacional humanitario y constitutivos de un acto de lesa humanidad. En este caso, la víctima, además de ser un miembro de la población era un actor político.

El secuestro en el marco de un conflicto armado interno, afirma la decisión, “no puede tener como unívoca lectura la constatación de la retención o privación de la libertad, sino que exige asociarlo al respeto de la dignidad humana, como principio democrático sustancial, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo, el derecho constituir una familia y el derecho a la libertad. Y se proyecta con mayor envergadura cuando a la persona secuestrada se le cercena el libre ejercicio de la actividad política vulnerando convencionalmente sus derechos políticos en los términos del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 40 de la Constitución Nacional”.

En este caso, el Alto Tribunal demostró que el Estado en ningún momento buscó prevenir el accionar de los grupos insurgentes y su práctica de secuestros. Por el contrario, evidenció que solo se limitó a constatar y procurar su rescate.

De otro lado, se logró establecer que no tampoco tuvo en cuenta que en el Huila se concentraba la mayor presencia de grupos armados insurgentes.

Con lo anteriormente dicho, la sentencia ordena algunas medidas de reparación integral como la inclusión del fallo en el centro de memoria histórica; que los ministerios del Interior y de Justicia difundan la sentencia; y que se envíe copia de la misma para que la Fiscalía y demás autoridades, evalúen la continuación de investigaciones penales para determinar si las Farc y sus máximos responsables, incurrieron en violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

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