Las investigaciones por estos hechos apenas comienzan y prometen dar sorpresas, según analistas.
Las noticias que sacudieron las estructuras políticas en el país y los sectores sociales en el Huila, tuvieron el centro de atracción en el Senado de la República.

Por un lado, las informaciones sobre el presunto robo de 1.200 millones de pesos en un apartamento de propiedad del senador de La U Roy Barreras, codirector de ese Partido, lo cual obligó al controvertido congresista a dar múltiples y variadas explicaciones que para unos son válidas pero para otros dejan muchas dudas.

En otro escenario, el episodio protagonizado por el joven huilense Luis Javier Rojas Morera, capturado en la capital de la República cuando transportaba 614 millones de pesos, supuestamente con destino a las bandas criminales, en un automóvil cuyos papeles de propiedad figuran a nombre del Congreso de la República.

A través de los hechos que rodean la captura del joven Rojas Morera, en la medida que avanzan las investigaciones, se han venido destapando nuevas supuestas irregularidades que involucran directamente a otras personas, entre ellas, a su propia madre Magdalena Morera Rebolledo, quien hasta el miércoles se desempeñó como directora financiera del Senado de la República.

Pero lo peor de todo es que según analistas consultados por LA NACIÓN, este sería solo el principio del destape de una ‘olla’ con olores similares a los de la famosa parapolítica.

LA NACIÓN también conoció que todo este escándalo además traerá consecuencias dentro de su partido para el ex congresista Jorge Eduardo Géchem, quien fue finalmente el que llevó a trabajar al Congreso a Magdalena Morera y su hijo Luis Javier.  

Y tal vez, lo peor es que desde ya expertos vaticinan la despedida política de Géchem, pues sostienen que su carrera viene ya en declive.   

Hechos y protagonistas

Rojas Morera se movilizaba en un automóvil Toyota Camry gris modelo 2011, que había sido rematado por el Senado en el año 2014, pero cuyo traspaso no se había realizado, es decir, que la firma que adquirió el vehículo, junto a otros 79 automotores del Congreso, los mantenía aparentemente vinculados a esa corporación.

Según se ha podido establecer, el encargado de rematar, adquirir o comprar los vehículos es Nazareno Conrado Moreno, un ex funcionario de la Contraloría, quien tiene millonarios contratos con varias entidades del Estado para ese tipo de negocios.

La firma con la que opera Conrado Moreno es la Comercializadora Nave Ltda., la cual también comercializa chatarra, maquinaria y equipos.

El joven huilense estaba vinculado a la Unidad de Trabajo Legislativo del representante a la Cámara del partido de La U, por el Guaviare, Alexander García Rodríguez, quien era la fórmula electoral del ex senador Jorge Eduardo Gechem.

Éste a  su vez, fue quien llevó al Senado a la madre del capturado Magdalena Morera, quien entre otras funciones fue la encargada de adelantar la venta o remate de los vehículos. Así mismo, el padre del capturado es el dirigente político y expresidente en el Huila del partido de La U, Luis Javier Rojas Alarcón.

Del congresista García Rodríguez, jefe de Rojas Morera, se ha dicho que presuntamente tendría vínculos con la organización del peligroso delincuente extraditado Daniel ‘El Loco’ Barrera y con las actividades del narcotraficante Pedro Oliviero Guerrero, alias ‘Cuchillo’. De hecho, en el pasado García tuvo investigaciones relacionadas con actividades supuestamente delictivas.

Las investigaciones

A raíz de los escandalosos hechos protagonizados por Rojas Morera y su madre Magdalena, se unieron para hacer causa común frente a las investigaciones, la mesa directiva del Senado de la República, la Fiscalía y agentes federales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, quienes buscan establecer el origen y destino de los dineros y por qué Rojas se movía en un vehículo Ilegal.

Así mismo, las autoridades buscan el paradero de 79 vehículos más que hacían parte del lote rematado por el Senado, los cuales estarían en las mismas circunstancias de ilegalidad del automóvil que conducía el joven Luis Javier Rojas.

También, las autoridades tratan de localizar a otras personas que estarían vinculadas a los hechos delictivos presentados la semana anterior y que ahora tienen en la mira de las autoridades al joven Luis Javier Rojas Morera.

El enredo

Sin lugar a dudas en La U, el partido político del presidente de la República, no solamente ha habido revuelo por los hechos lamentables presentados en la semana, sino que la Dirección de esa colectividad, además, tuvo que tomar decisiones como la destitución del senador cordobés Martín Morales, quien se encuentra detenido por narcotráfico, y una amonestación al representante García Rodríguez.

Asimismo, LA NACIÓN conoció que el ex senador Jorge Eduardo Géchen Turbay recibiría una sanción de su Partido por los hechos que políticamente lo vinculan. Pues se trata del hijo del ex presidente de la colectividad en el Huila así como de la recomendada suya en la nómina del Senado de la República.

¿La punta del iceberg?

Sin embargo, el dedo en la llaga la pusieron esta misma semana, la senadora Claudia López y el analista político, Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación.

En diálogo con LA NACIÓN, el reconocido politólogo dijo que lo ocurrido esta semana con Luis Javier Rojas Morera no es más que el inicio del destape de una olla que aún no se sabe en qué terminará.

Y asegura que ya había una advertencia que desde la Fundación Paz y Reconciliación se había hecho a través de un informe en 2011 hecho por la congresista López, según el cual había candidatos y políticos que tenían relación con grupos criminales, entre ellos el representante García que en ese tiempo aspiró a la gobernación de su departamento pero no ganó.

“En total fueron 119, de los cuales ganaron 43, entre esos estaba los gobernadores de Guaviare, Putumayo y Caquetá. En 2014 hicimos un informe igual para Congreso en el que estaba Alexander García, el congresista en cuestión. La gran conclusión es que hay dineros ilícitos financiando campañas políticas”, precisó Ávila.    

Para analizar

En ese orden de ideas, para Ávila hay tres conclusiones, y la primera tiene que ver con que los grupos criminales siguen interviniendo en elecciones pero han cambiado su forma de operar. Ya no obligan a la gente a votar sino que lo que hacen es financiar campañas.

Lo segundo es que los partidos políticos tradicionales fueron los que más avalaron este tipo de políticos cuestionados, sin ninguna responsabilidad ni política, ni jurídica. Por último, para Ávila está claro que la gente sigue votando por las mismas colectividades, pese a las denuncias.

Y si bien cree que es común que se den fórmulas políticas como la de García y Géchem, de departamentos distintos y alejados, en la medida que los candidatos necesitan votos de todas partes, lo cuestionable es que se haga con personas cuestionables en un juego del ‘todo vale’ que tanto daño le hace a la democracia.

¿Qué sigue? 

Lo primero, según Ávila es que habrá una investigación muy grande, pues si hay algo claro es que Rojas Morera no cayó en un retén militar, por casualidad sino que había un seguimiento desde hacía tiempo.

“Esta es la punta del iceberg de una olla muy podrida en el Congreso”, y añade que no se podría decir que la entidad es la más corrupta pero sí la más cuestionable por sus relaciones con la ilegalidad.

Por su lado, el politólogo de la Universidad Surcolombiana, Luis Fernando Pacheco asegura que por ahora se inclina por la presunción de inocencia de Rojas Morera, si bien tiene muchos indicios que lo inculpan.

Lo político

Sin embargo, en cuanto a lo político, Pacheco cree que la captura del huilense Rojas Morera ha generado una multiplicidad de factores que se irán decantando.

“Esto no es nuevo, diferentes ONG le dijeron a los presidentes de los partidos que había candidatos cuestionados y si la senadora Claudia López tiene razón, lo que vamos a vivir a continuación es la historia del nosotros se lo advertimos, les dijimos que dejaran de darles avales a candidatos solo porque tenían votos”, subraya Pacheco.

Y bastante hay de eso, añade. De hecho coincide con otros analistas en que hay congresistas que nadie conoce ni se le conoce siquiera la voz porque no presenta proyectos ni hace control político.

En esa situación, señala que sin decir que sean delincuentes, hay representantes a la Cámara huilenses a quienes no se les escucha, se toman fotos pero no hay trayectoria.

Para Pacheco, hay dos versiones apocalípticas y comienza por decir que es cierto que hay un buen número de congresistas de izquierda y derecha, que tienen vínculos con bandas criminales que están ayudando a lavar dinero.

La siguiente versión es que si bien el de Rojas Morera se trata de un caso aislado, que es en lo que podría estar trabajando la U, el problema es que los indicios lo dejan mal parado.

Por último, está la responsabilidad de los partidos políticos cuyas cabezas no han salido a decir nada por la filtración de grupos criminales. Pero según Pacheco, también han entendido que si se niegan a admitir el problema eso tiene beneficios a corto plazo.

Es decir, están esperando que pase el escándalo y la gente se olvide, pero a largo plazo no han comprendido que a largo plazo lo que les genera todo esto es la pérdida de credibilidad, que menos personas crean en ellos, que se aceite la mermelada y sin ello, pierden el poder.

“Eso es lo que de cierta manera le pasó al ex senador Géchem que perdió capital político porque ha perdido credibilidad debido a que han aparecido nuevos líderes en el escenario político huilense”, concluye Pacheco.
 

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