El consejo directivo aprobó por mayoría el relevo y nombró directora encargada.
La salida de Harold Salamanca Falla de la dirección administrativa de Comfamiliar estaba cantada. La pérdida de confianza y la falta de diligencia en temas estratégicos marcaron su salida abrupta que se concretó el viernes pasado, cuando el consejo directivo acabó con el encargo y designó temporalmente en esa posición a  la coordinadora de desarrollo financiero, Rocío del Pilar Arévalo Rojas.

Salamanca, un administrador de empresas con amplia trayectoria en la entidad, no supo sortear la crisis de gobernabilidad que se precipitó tras la captura de Armando Ariza en un enredado proceso judicial que cumple un año sin decisiones de fondo. Tampoco demostró liderazgo para garantizar la sostenibilidad de una empresa, considerada como un patrimonio empresarial de los trabajadores.

Por el contrario, terminó enfrentado con el consejo, al que desconoció y lo polarizó para mantenerse en el cargo.

“Fueron muchas las equivocaciones que  se han venido cometiendo que ponen en tela de juicio la viabilidad de la entidad”, aseguró José Adán Rodríguez, representante de los empresarios. “Desde la salida de Ariza queríamos un cambio total, un cambio de estilo, desligado de la anterior administración pero no dio la talla”, argumentó.   

“La ingobernabilidad es total, no ha sido la mejor administración, Salamanca tuvo la oportunidad de lucirse, de demostrar liderazgo, pero no convenció”, apuntó el consejero Luis Alberto Trujillo al término de una reunión extraordinaria que concluyó el viernes pasado con su relevo. El nuevo encargo será radicado hoy en la Superintendencia de Subsidio Familiar.

 Además del inadecuado manejo de las relaciones al interior de la entidad, que marcó la ingobernabilidad, algunos casos emblemáticos, aparecieron como banderas para precipitar la terminación del encargo. La situación financiera de la EPS, el pago de unas vacaciones sin autorización, el manejo de cuentas corrientes con marcadas preferencias y el tutelatón para asegurar su continuidad, destaparon la crisis de liderazgo.

No obstante, un embargo de las cuentas que puso en alto riesgo la prestación de los servicios de salud y los subsidios de vivienda fue el ‘Talón de Aquiles’ para ponerle fin a la vinculación laboral de Salamanca. LA NACIÓN destaca los principales detonantes.
 
Crisis de la EPS

La situación financiera de la EPS Comfamiliar Huila además de su resultado operacional que es deficitario como ocurre en el resto del país, adquirió también ribetes de fricción que aceleraron la ruptura y la ingobernabilidad en la entidad.   

La EPS Comfamiliar ha venido arrojando pérdidas que alcanzan actualmente los 72.000 millones de pesos. La crisis  se agudizó en los últimos tres años, reflejo de la crisis de la salud. La liquidación de la entidad quedó planteada pero no se abordó con profundidad ni lideró, según los directivos, acciones para su saneamiento, poniendo el alto riesgo la atención de 367.497 afiliados del régimen subsidiado de 37 municipios del Huila y 1.835 del régimen contributivo. Además a los afiliados de Boyacá (100.734 afiliados, régimen subsidiado); y Vichada (20.106 afiliados, régimen subsidiado).


Harold Salamanca, despojado de sus facultades.

La situación se agravó con los cambios abruptos en las reservas técnicas determinadas por las normativas de contabilidad internacional que obliga a las EPS a hacer ahorros provisionales. Esas reservas fueron según expertos contables para reducir la magnitud de las pérdidas operacionales que ascienden a 5.000 millones de pesos mensuales.

La presentación de esas y otras cifras, obligaron a los consejeros a contratar una auditoría externa para conocer la verdadera magnitud de la situación financiera de la entidad. Además significó la pérdida de total credibilidad del director saliente.
 
Embargo riesgo

La demora en la liquidación de los convenios con la clínica Uros y el embargo de las cuentas, derivada de una demanda, inadecuadamente atendida, generó un duro enfrentamiento.

El convenio de operación suscrito en el 23 de mayo de 2011 entre Clínica Uros y Comfamiliar estaba orientado a garantizar la prestación del servicio de salud a los afiliados. A raíz de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía por manejos irregulares con los recursos de la salud, los socios mayoritarios de la entidad solicitaron la terminación de convenio por mutuo acuerdo. La primera solicitud fue radicada el 13 de julio de 2015. No fue acogida por falta de soportes.

Los accionistas mayoritarios insistieron ocho días después en la terminación del convenio por acuerdo mutuo, así como la liquidación bilateral de estas relaciones negociales, con el fin de realizar el respectivo balance financiero, técnico y jurídico de la ejecución de estos contratos.

El consejo directivo autorizó a Salamanca la terminación bilateral en agosto de 2015. La decisión fue aprobada por unanimidad como quedó consignado en las acta 820 y 835. No se cumplió. La empresa tuvo que demandar y logró el embargo de las cuentas de Comfamiliar.  

Salamanca fue autorizado para liquidar este convenio el 4 de agosto de 2015. “No entiendo por qué se empieza a gestionar esta disposición del Consejo Directivo hasta el 12 de enero de 2016”  cuando ya se había ordenado el embargo, replicó Novoa. 

Uros S.A., demandó a la Caja y fue embargada en diciembre 10 de 2015, por $14.000 millones de pesos. Ese embargo le costó a Comfamiliar casi $500 millones de pesos en intereses.

Lo más grave: La Caja tuvo embargados dineros de los aportes parafiscales del 4%  que soportan los gastos de inversión y recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social (Fovis) con destinación específica. Los recursos del Fovis están destinados a otorgar a afiliados y su grupo familiar subsidios para la adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento.

La medida cautelar puso en riesgo la prestación de los servicios y pudo precipitar una intervención de la entidad.

Diez meses después no han podido liquidar los convenios. Este hecho generó las fricciones más fuertes que abrieron las puertas para su salida.
 
Pacientes en riesgo

Igual ocurrió con el contrato de cuentas en participación suscrito entre la Fundación Nefrouros (cesionaria Nefrouros Mom SAS y Comfamiliar), otra de las alianzas estratégicas.

El convenio fue firmado entre Nefrouros SAS y Comfamiliar Huila, desde el primero de octubre de 2007, cuyo objeto principal era atender la patología de insu­ficiencia renal crónica de los a­liados al programa de salud, al igual que prestar dicho servicio a otras instituciones de salud.  La alianza fue renovada (Acta No. 806 del 29 de septiembre  de 2014) con la Fundación Nefrouros por un periodo de siete años. La Unión Temporal con corte a 31 de diciembre  de 2014 reportó utilidades por $1.059 millones.


Cuatro de los siete consejeros del nuevo bloque. 

La situación derivada de las investigaciones de la Fiscalía y la detención de directivos y ex alcaldes de otras entidades de salud, precipitaron la terminación por mutuo acuerdo del convenio. El director fue autorizado el 4 de agosto de 2015 para adelantar el trámite. Pero no lo hizo, generando el embargo que se mantuvo hasta febrero de 2016 y poniendo en alto riesgo la prestación de estos servicios a los afiliados.

“Hoy no entiendo como el Director con el conocimiento de esta situación no gestionó los recursos necesarios para que la Caja no tuviera que pasar por este embargo y verse hoy sometida a todo este traumatismo y el sobrecosto” que representó el pago de intereses, explicó el presidente del Consejo Juan Carlos Novoa (Acta 835).
 
Vacaciones sin permiso

En julio del año 2015, Salamanca sin autorización del consejo directivo ordenó el pago de sus propias vacaciones. Un mes después en agosto le informó al organismo directivo y le pidió  que  le permitieran, formalizar la petición de las vacaciones en un acta de junio de 2015, a  lo cual el Consejo se negó rotundamente. El funcionario tuvo que reversar las vacaciones y reintegrar el dinero.
 
Depósitos

Otro tema: ordenó depósitos de Comfamiliar  en cuentas corrientes, de Ahorros y en CDT en la sucursal de Citibank, gerenciado por su esposa, Bertha de Salamanca, como aparecen registrados en la contabilidad y constan en informes de los organismos de control de la Caja. El caso también fue reportado por empleados de la entidad en un extenso documento donde expresan su inconformidad con el manejo interno de la entidad.
 
Derechos fiduciarios

La empresa Inversora y Cía le propuso a Comfamiliar  (Octubre 15 de 2015) la compra de los derechos fiduciarios de Comfamiliar en la Fiduciaria del Banco Colombia  en los proyectos Cedros y Robles. Sin embargo, ocho meses después no ha resuelto nada. En este caso, según directivos de la empresa ha faltado diligencia.  
El contrato de cuentas en participación fue firmado en mayo de 2011  entre Comfamiliar y  Proyecont SAS para construir dos torres de apartamentos, denominadas Cedros y Robles. A diciembre 31 de 2014, este convenio reportó ingresos por $55 millones.
 
Otros hechos

Para asegurar su continuidad, Salamanca quiso blindarse con dirigentes políticos, lo que generó malestar entre los consejeros. En varias actas, quedaron consignadas las constancias de inconformidad. También argumentaron ocultamiento de información. Incluso acusaciones de supuesto acoso laboral.
A la inconformidad se sumó la protesta de los trabajadores sindicalizados y de empleados no sindicalizados.
 
Lo que sigue

El presidente y vicepresidente del consejo directivo radicarán hoy ante la Superintendencia de Subsidio Familiar el nombramiento de la administradora de empresas Rocío del Pilar Arévalo como directora encargada. La entidad, definirá si es válida o no la designación y le dará su aval. En esas condiciones Salamanca, despojado de todas las facultades, tendrá que despedirse.
 
La tutela

Mientras tanto la jueza Décima Civil Municipal, Rosalba Aya Bonilla tendrá que resolver de fondo una acción de tutela que suspendió el nombramiento de un director en propiedad. La medida cautelar, solicitada por Mario, empleado de contratación de la entidad, fue impugnada.

La elección quedará en suspenso hasta que se defina la tutela. Si se acogen las pretensiones tendrá  que facilitarse la participación de los empleados interesados. De rechazarse tendrá que designarse entre los diez finalistas.

En caso de una nueva tutela, como está previsto, el consejo terminará abortando el proceso y designando directamente a cualquier aspirante, sin tener en cuenta la lista de candidatos.

Este escenario ya ha sido contemplado, pero queda claro, que la interinidad tendrá que resolverse antes de la asamblea corporativa prevista para junio próximo.
 

Comentarios