El médico David Cangrejo recobró el viernes su libertad.
Las  tres ‘pruebas reinas’ presentadas por la Fiscalía para capturar al ex gerente de la Ese de Neiva, David Cangrejo y a 12 personas de su entera confianza fueron excluidas del proceso penal por vicios de legalidad, poniendo en tela de juicio la viabilidad de las imputaciones.

La decisión que le permitió a Cangrejo recuperar su libertad fue consignada el jueves pasado por el juez tercero penal del Circuito, Jorge Enrique Luna Corrales, al resolver una apelación que interpuso la Fiscalía.

 “Por mandato constitucional cuando una prueba adolece de vicios que afectan su validez, no anula el proceso, sino que se excluye del debate probatorio, por haber sido ilegalmente obtenida”, alegó el abogado Ricardo Falla Duque. Este argumento sirvió de soporte para revocar la medida de aseguramiento y devolverle la libertad provisional.

El galeno, quien sigue vinculado al proceso, recobró el viernes la libertad y ahora podrá defenderse fuera de la cárcel.

Sin embargo, los demás procesados, cobijados con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, se verán beneficiados. Desde el viernes pasado, comenzaron a solicitaron con base en la providencia, la revocatoria de las medidas de aseguramiento.
 
Testigo estrella

Las declaraciones de la ex secretaria privada de Cangrejo,  Deida Marcela González Cardozo, principal prueba de la Fiscalía, fue descartada por ilegal y excluida del proceso penal.

La testigo estrella declaró el 18 de marzo de 2016 molesta porque no le renovaron su contrato de trabajo develó ante la Fiscalía los detalles del proselitismo político del cual hizo parte. Sin embargo,  sus declaraciones y entrevistas no fueron legalizadas oportunamente, violándole además sus derechos.

González Cardozo, según el abogado Falla Duque,  es coautora de los delitos imputados a todos los detenidos, pero además se autoincriminó al declarar que participó en los hechos jurídicamente relevantes que son materia de investigación.

“En este sentido-dijo- debió tratársele como indiciada y por lo mismo para acceder a rendir interrogatorio debió contar con la asistencia y asesoramiento de un abogado defensor. Tampoco se le comunicó el derecho a guardar silencio y no incriminarse”. Ese argumento fue definitivo.

En la declaración la exsecretaria privada reveló que  en los meses de octubre y noviembre “se comenzaron a evidenciar por parte del gerente David Cangrejo, asuntos políticos, primero apoyando a un candidato al concejo llamado Johan Stiven Ortiz y posteriormente a Edwin Felipe Hernández”. Los mensajes se hacían a través de mensajes por wasap emitidos por un grupo denominado ‘Cangrejismo” del cual hacían personas de confianza del funcionario. Ella estaba en ese grupo.


Ahora podrá defenderse fuera de prisión.

La testigo ingresó a laborar en la entidad en abril de 2014. Se desempeñó como secretaria de gerencia, secretaria de la subgerencia y secretaria privada.  Estuvo vinculada hasta el 31 de enero de 2016. El contrato de prestación de servicios no le fue renovado.

“Las revelaciones que realizó permiten inferir que la señora Deida marcela González, no fue víctima ni testigo de estos hechos, sino que participó en ellos como persona de confianza del gerente”, recalcó el juez de segunda instancia.

“Es claro- dijo- que intervino en toda la campaña política que lideró el gerente David Cangrejo en pro supuestamente del candidato Edwin Felipe Hernández hasta cumplir con el objetivo, es decir, su elección”.

“En estas condiciones- afirmó- la Fiscalía General de la Nación, debió darle un trámite de indiciada a la señora Deida Marcela González Cardozo, pues desde la entrevista se conoció su participación en estos hechos y pese a ello fue escuchada en declaración, cercenándosele su derecho a obtener la asistencia de un abogado para que la asesorara respecto de sus derechos fundamentales que estaban en juego, a guardar silencio y a no autoincriminarse”.

“En el hipotético caso que hubiese sido otro de los imputados,  llamados como gente de confianza del gerente, el que hubiere rendido versión sobre los hechos, se tendría a Deida Marcela como indiciada,  y muy seguramente afectada con medida de aseguramiento como los demás imputados”, observó el togado.
 
De acusadora a acusada

Es claro que los delitos imputados deben ser perseguidos de oficio a excepción del delito de intervención en política (querella). De acuerdo con el ordenamiento constitucional, la Fiscalía está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal, contra la señora  Deida Marcela González. Y en estas condiciones, con seguridad, quien la defienda solicitará la exclusión de las entrevistas y declaraciones juradas que rindió, por cuanto se le desconocieron los derechos fundamentales referenciados.

“Es claro entonces que la señora Deida Marcela no fue informada de sus derechos a guardar silencio, a no autoincriminarse, a designar una abogado que la asistiera y por lo mismo a decidir si rendía o nó su versión sobre los hechos, atendiendo que podía afectar su situación jurídica”, afirmó el juez.

Y otro dato importante: La testigo al rendir declaración jurada, estaba obligada a decir la verdad, bajo la amenaza de incurrir en el delito de falso testimonio. Si se hubiera tenido como indiciada se le habrían garantizado los derechos.

En criterio del juez de segunda instancia, desde los primeros actos de la indagación preliminar se advertía la participación de la testigo en los hechos denunciados por el concejal Mateo Trujillo.

“Desde los albores de la indagación- agregó- se tenía conocimiento de la participación de Deida Marcela Gonzalez y, en consecuencia se le privó de todos los derechos, lo que permite inferior una vulneración a sus garantías procesales y al debido proceso”.

Tampoco advirtió la Fiscalía que estaba tramitando un principio de oportunidad o que estaba en trámite una colaboración con la justicia por parte de la declarante, como hubiera sido lo jurídicamente procedente.
 
Los wasap

Las fotografías tomadas de los mensajes de wasap del llamado grupo “Congrejismo”  en el que aparecen registradas las líneas telefónicas de las personas que lo conformaban y conversaciones sostenidas entre ellas, no podían tenerse, como lo afirmó el juez de Aipe, como complemento de las entrevistas recibidas.

Según la Corte Suprema de Justicia, el registro de los archivos contenidos en computadores y teléfonos celulares no pueden confundirse con la base selectiva en bases de datos, pues corresponden a documentos digitales, que por ley deben someterse a control de legalidad posterior.  Pero no se hizo como era lo procedente.

“La información a salvar desde el teléfono celular y la sim card no tienen la categoría de base de datos (Ley 906 de 2004) sino la de documentos digitales, cuya recuperación y análisis que ejecuta la Fiscalía está sometida a control de legalidad posterior”, precisó la Sala de Casación Penal.
 
Otro caso: intimidad

En estas condiciones, la recuperación de la información producto de la transmisión de datos a través de las redes sociales debía someterse a control de legalidad posterior, dentro de las 24 horas siguientes al recibimiento del informe de policía judicial.

El grupo de wasap fue creado desde el teléfono privado de David Cangrejo o al menos estaba registrado a su nombre, existiendo por lo tanto, según el juez de segunda instancia, una expectativa razonable de intimidad.

La fiscal delegada primero accedió a las líneas telefónicas registradas y luego solicitó al juez de garantías, autorización para obtener información ante las empresas de telefonía celular sobre los titulares de esos abonados. “Surge con mediana claridad que no se sometió a control posterior dentro de las 24 horas siguientes el registro de los archivos contenidos en el grupo de wasap”, argumentó el juez.
 
La tercera prueba

Un informe de policía judicial de campo, la tercera prueba, también fue excluido. La investigación de campo radicada bajo el número 4185490 del 14 de mayo de 2016 consignaba resultados parciales de la orden de la Fiscalía para interceptar algunos abonados telefónicos, con el fin de reafirmar la participación en política del señor Cangrejo.

Este informe tampoco fue sometido a control de legalidad dentro de las 24 horas siguientes, incurriendo en una irregularidad sustancial que afecta la validez de ese elemento material de prueba.
 
Decisión de fondo

Las medidas de aseguramiento deben fundarse en elementos de conocimiento legalmente obtenidos. Según el código penal, “toda prueba obtenida con violación a las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal”.

Según este mandato constitucional, el juez decidió que lo procedente en este caso es excluir de las consideraciones desarrolladas por el juez de garantías para soportar la inferencia razonable de autoría o participación, la entrevista y la declaración jurada de la testigo estrella. Igualmente las fotografías tomadas del wasap y el informe de policía judicial con resultados parciales.

El juez revocó la medida de aseguramiento con detención privativa decretada contra el ex gerente de la Ese, David Cangrejo y ordenó la libertad inmediata. Igualmente confirmó la no imposición de medida de aseguramiento al concejal Edwin Felipe Hernández y al periodista Germán Alejandro Cabrera.
 
Los otros favorecidos
 
La medida beneficiará también a los demás imputados; Julio César Gutiérrez Hernández, Rosa Omaira Bastidas Javela, Jorge Luis Caicedo Estupiñán, John Jairo García García, Juan Carlos Vásquez Vargas, Sergio Andrés Guevara Álvarez, Heisson Armando García, María Nubia Álvarez Gómez y Jorge Olmedo Cartagena García. Sus abogados comenzaron a pedir la revocatoria de las medidas por estar
 
 

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