Un amplio número de residente asistieron a la reunión.
Son 16 los años que habitantes de la Urbanización Hacienda Santa Bárbara llevan con un grave problema de agua potable. Según éstos, Aguas Claras E.S.P. S.A., la empresa que opera el suministro, les vende el vital líquido en condiciones presuntamente no aptas para el consumo humano dado que llega a las casas con óxido, con exceso de mineral y de color amarillo, lo que mancha los baños, la ropa, incluso, muchas familias se ven obligadas a comprar bidones de agua para el consumo alimenticio diario.

En la caseta comunal de dicho barrio se llevó a cabo una reunión entre residentes, líderes sociales y el Representante Legal de Aguas Claras E.S.P. S.A. para tratar el tema, pero más que soluciones, lo que se evidenció en ese espacio fue una clara división política por parte de algunas personas del sector.   

Carlos Audor, habitante del barrio, indicó que lo único que piden es garantías para un buen servicio de acueducto. “La calidad del agua es pésima, no nos importa quién preste el servicio, lo que nos importa es que sea un servicio óptimo. Llevamos 16 años luchando contra este problema y no hemos podido superarlo. A mí me toca invertir 100 mil pesos al mes en agua de botella para cocinar y beber porque con la que nos suministra Aguas Claras no se puede”.

Iván Trujillo, representante legal de dicha empresa, tras ser consultado por este medio durante la reunión, indicó que no entregaba ninguna declaración salvo si se pedía mediante oficio. Pese a la reiteración por obtener su punto de vista de forma verbal, el funcionario se abstuvo de hacerlo.

Piden recuperación del acueducto

Además del problema del agua, algunos residentes piden que la empresa Aguas Claras E.S.P. S.A., entregue la operación del acueducto al Municipio de Palermo ya que, según dijeron, ésta es competencia del mismo. Incluso, tras solicitud de la Procuraduría, Víctor Ernesto Polanía, alcalde de Palermo, emitió una comunicación oficial a Héctor William Méndez, entonces gerente de Aguas Claras E.S.P S.A. ordenándole que “al término de diez días hábiles siguientes al recibo de la presente, se sirva desalojar y retirar los bienes u objetos y construcciones que irregularmente hayan sido instalados” en la infraestructura referida. Cabe indicar que dicho oficio fue emitido el 26 de noviembre del presente año. Sin embargo, las preguntas que surgen son ¿Si no es Aguas Claras quien preste el servicio, quién lo hará? ¿Tiene el municipio de Palermo la capacidad de operar el servicio dado que esto implica una no poca inversión económica? ¿Hay otra empresa que se pueda ofrecer para la prestación del servicio a corto plazo? ¿Es ilícito que un privado preste el servicio?

Según Fidel Collazos Sanabria, Presidente de la Veeduría del Municipio de Palermo, “la autoridad municipal no está cumpliendo su función; ya tiene una petición por parte de las autoridades competentes en la cual le requiere la recuperación del acueducto y miremos ya el tiempo que ha pasado sin hacer efectiva la orden”. Es pertinente señalar que todo conflicto jurídico implica un proceso donde las partes en querella deben demostrar la legalidad de dominio o detentación que cada uno ejerce sobre la cosa requerida, lo que implica un extenso lapso de tiempo para conseguir los efectos de derecho.

Cleyver Oviedo Farfán, personero del municipio de Palermo, aseveró que más que el problema de quién detente la operación del acueducto, la situación real a analizar es la obligación constitucional de que el operador, privado o público, brinde agua de calidad a sus usuarios. “Lo que debe la comunidad reclamar, y en esto tiene todo el derecho, es el servicio eficaz, eficiente y de calidad de acueducto y alcantarillado. A Aguas Claras le hemos dicho, si es capaz de prestar el servicio de calidad como lo establece la constitución pues tiene todo el derecho de estar acá, pero si no lo es, pues le pedimos que se aparte del proceso y permita que llegue otro prestador”.
Trascendió la opinión del personero a que la Superintendencia de Servicios Públicos es una entidad que “le falta dientes para hacer valer y respetar los derechos de los ciudadanos”. Lo que debe establecer dicha autoridad es la legalidad o ilegalidad en la posesión y operación por parte del servidor privado.

Aguas servidas: un problema más

Además de la presunta mala prestación del servicio de agua y de la pelea por la posesión del bien público, otro aspecto que algunos en la comunidad denuncian es el vertimiento de aguas servidas al río Magdalena al parecer sin el respectivo procedimiento en la planta de descontaminación de aguas negras.

Dicha omisión fue expresada por la CAM tras una visita técnica realizada el pasado 11 de diciembre del 2015. La autoridad ambiental, en un documento, expone que “en el momento de la visita se logró evidenciar las afectaciones planteadas, donde se verificó que se estaba realizando un mal manejo de aguas residuales o servidas por parte de la empresas Aguas Claras E.S.P – S.A, lo que conduce a que se presenten daños directos a los recursos naturales tales como suelo y subsuelo, recurso hídrico, a la atmósfera y a la zona de protección ambiental del río Magdalena. (…) se está generando vertimiento de aguas servidas que generan los habitantes de la Urbanización Santa Bárbara sin antes pasar por un sistema de tratamiento previo”.

Según residentes del sector y líderes sociales, hasta la fecha, Aguas Claras E.S.P. S.A. presuntamente sigue sin realizar un vertimiento apropiado; es decir, sin el debido tratamiento de descontaminación de aguas servidas. Hugo Plazas, veedor del Municipio de Palermo, dijo que cuando visitó la planta, encontró inactividad en el pozo de vertimiento. “Cuando fuimos a ver la parte de aguas servidas no encontramos a nadie, debía haber gente allí; encontramos que esa planta (biodigestor) no estaba en funcionamiento pese a los requerimientos de la autoridad ambiental”.

Cabe indicar finalmente que será la autoridad competente, en este caso la Superintendencia de Servicios Públicos y Procuraduría, la encargada en adelantar las investigaciones del caso para establecer la veracidad en los hechos. Se espera que la problemática del mal estado del agua, de la posesión de la infraestructura y del vertimiento nocivo de aguas residuales, termine de conformidad con una positiva materialización de la norma ambiental en beneficio de la salud pública, la justicia social y el ordenamiento jurídico en general.
 


Suelo y baldosas manchadas por los minerales del agua.

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