El consejo directivo de Comfamiliar avaló la propuesta para blindar la prestación de los servicios de salud. FOTO ARCHIVO
Una nueva EPS que se encargue de administrar los programas de salud del régimen subsidiado de salud podrá constituirse en el país para enfrentar la grave crisis que registran las cajas de compensación del país.

La iniciativa hace parte de las medidas de choque ordenadas por la Superintendencia de Salud y es impulsada por las cajas de compensación familiar del Huila, Sucre, Cartagena y Cundinamarca.

“La idea es crear una nueva EPS, obviamente de acuerdo con los lineamientos de la Superintendencia de Salud para blindar la prestación de estos servicios y fortalecer las redes de servicio”, reveló el director administrativo de la entidad, Luis Miguel Losada.

El esquema de organización funcional, la estructura, las condiciones de la fusión, la hoja de ruta de la nueva empresa están en estudio.

Lo claro: el socio principal será Comfamiliar Huila, por tener el mayor número de afiliados. Funcionará como una empresa aparte, con autonomía e independencia financiera. La nueva entidad aglutinará por lo menos  millón y medio de afiliados de las cuatro cajas, de los cuales el Huila tiene un 524.358 afiliados.

La propuesta avalada por el consejo directivo está en trámite y podrá despegar antes de terminar el año.

“Creemos que en seis meses estemos despegando con esta iniciativa apoyada por la Superintendencia de Salud”, argumentó el director de la entidad.
 
HOJA DE RUTA

La empresa Murano Consultores, asesores de la Asocajas,  viene realizando el estudio técnico sobre la situación financiera de los programas de salud de las cajas de compensación familiar  y el diseño de un modelo de gestión que permitirá concretar este año la fusión de los programas de las cuatro entidades.

“El 30 de diciembre del año pasado nos entregaron un primer balance, donde la recomendación fundamentalmente fue la escisión o fusión de varias cajas de compensación, como una de las alternativas más viables”, anotó Losada.

La iniciativa fue radicada hace dos semanas ante la Superintendencia de Salud, entidad que debe avalar o negar la propuesta. 

El acta de intención fue suscrita por los directores de las cajas de compensación de Sucre, Érika Ahumada; Ana Patricia López de Comfamiliar Cartagena; Víctor Julio Berríos, de Confacundi, y Luis Miguel Losada, de Comfamiliar Huila.
  
BAJO VIGILANCIA

La creación de la EPS hace parte de las medidas adoptadas para enfrentar las medidas de control y vigilancia en la que se encuentra Comfamiliar del Huila.

A la medida de vigilancia se sumó otro control preventivo adoptado en agosto del año pasado para salvaguardar la prestación del servicio público de salud y garantizar la adecuada gestión de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La medida preventiva fue presentada el 16 de junio de 2016 por el comité de medidas especiales de la Superintendencia de Salud

El plan de saneamiento financiero para la EPS Comfamiliar  fue ordenado por el superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, para garantizar la prestación de los servicios de salud  a los 540 mil afiliados. Además, para enfrentar los graves problemas técnicos, administrativos y financieros;  restablecer la operación en condiciones óptimas. Igualmente ordenó medidas de choque para sortear la crítica situación y subsanar las falencias que originaron la medida preventiva.

La medida preventiva, adicional a la vigilancia especial declarada en el 2015, se mantendrá por un año, según quedó consignado en la resolución 2255 expedida en agosto del año pasado. 
 
EN ALTO RIESGO

La Superintendencia Delegada para la Supervisión del riesgo reveló que Comfamiliar no cuenta con una red de servicios diseñada y organizada que garantícela oportunidad, integralidad, continuidad y accesibilidad  a la prestación de servicios de baja, media y alta complejidad requerida por sus usuarios incumpliendo  con las directivas impartidas en este sentido. Adicionalmente no cumple con el régimen de inversiones que respaldan las llamadas reservas técnicas.

En este campo no cuentas con la metodología para realizar los cálculos poniendo en alto riesgo la atención a los usuarios.

Los reportes registrados reflejan una situación financiera crítica en lo relacionado con el pago de obligaciones contraídas con las empresas prestadoras de servicios impactando desfavorablemente sus estados financieros.

Las cuentas por cobrar una vez superen los límites de tiempo requeridos aumentan el riesgo para la no prestación de los servicios de salud por falta de recursos.
 
CONTROL PREVENTIVO

La vigilancia especial para estas EPS contempla también la restricción para la afiliación de nuevos usuarios, así como para la aceptación de traslados de otras EPS.

Las medidas preventivas cubren a otras 12 cajas de compensación del país, por el incumplimiento en algunos de sus indicadores financieros, asistenciales que representan riesgos potenciales que de materializarse afectaría negativamente a sus afiliados.

Con esta medida, las EPS deberán diseñar un plan de trabajo que propondrán a la entidad para adelantar las actividades necesarias para el levantamiento de la medida.

El levantamiento de esta limitación está sujeto al cumplimiento del plan de trabajo establecido y aprobado por la Superintendencia de Salud.  

El plan de saneamiento financiero debe ejecutarse obligatoriamente. De no cumplirse, la intervención administrativa se abre paso, como ha ocurrido con otras EPS. En este caso, está por ahora descartada.

La superintendente de Subsidio Familiar, Griselda Janeth Restrepo Gallego, advirtió el año pasado que esta medida no está por ahora en la agenda. No obstante, la entidad se mantiene en vigilancia especial por los escándalos destapados por la Fiscalía en el 2015. 
 
EPS en cuidados intensivos

La situación financiera y operacional no es la mejor. La EPS ha venido generando pérdidas desde el 2012.

A diciembre 31 de 2015, la EPS registra una cartera por cobrar de 17.850  millones  de pesos (4.269 millones por conceptos de UPC; $84,5 millones por Fosyga; 12.749 millones por recobros y 746 millones por otros conceptos).

En la cartera morosa reporta deudas por cobrar superiores a un año por 7.988 millones  (equivalente a 44,75%) que exige un mayor esfuerzo en materia de recaudo.

La situación se agravó con los cambios en las reservas técnicas determinadas por las normativas de contabilidad internacional que obliga a las EPS a hacer ahorros provisionales para respaldar las obligaciones que ha contraído con sus asegurados.

Esas reservas, según expertos contables, permiten reducir la magnitud de las pérdidas operacionales que ascienden en el caso del Huila 3.000 millones de pesos mensuales.

A 31 de diciembre de 2015, Comfamiliar  registró las provisiones por reservas técnicas por valor total de 109.017 millones de pesos.

Las inversiones de fácil liquidez destinadas a restablecer el equilibrio financiero del régimen subsidiado no se han provisionado adecuadamente y se han disminuido, entre otras razones por el elevado pasivo. Este panorama obligó a la entidad a concentrar los esfuerzos para asegurar un flujo de caja para cumplir con los compromisos con la red prestadora de servicios de salud.

 

Costos de salud

Los costos del servicio de salud, en los últimos cinco años (2011-2015)  han alcanzado niveles del 113%  del total de los ingresos por UPC (valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud).

La situación es crítica. Las pérdidas desde el año 2012 ascendían a 12.581 millones de pesos con rentabilidades netas negativas de 5,90%. Las pérdidas en el año 2015 ascendieron a  $73,612 millones, con un margen neto de menos 24,04%.  En el 2016, según el director administrativo,  las pérdidas bajaron por el retiro voluntario de la prestación de los servicios en otras regiones como Meta y Vichada.  Sin embargo la cifra no está aún consolidada.

Los ingresos recibidos en los últimos cinco años por la EPS fueron estimados en 1,19 billones de pesos, equivalentes  19.985 millones  un promedio mensual. Mientras tanto, los costos consolidados en el mismo período ascienden a 1,28 billones de pesos, en promedio mensual 21.397 millones de pesos. Los costos en el último lustro han estado por encima de los ingresos (107%) arrojando un margen bruto operacional negativo.

Esta situación no permite soportar los gastos operacionales y desde luego sin opciones de generar remanentes

“Es un problema global, estructural. Ninguna caja de compensación del país está generando utilidades en los programas de salud”, anotó Losada. 

 “El panorama sigue siendo crítico. Aunque hemos aminorado algunos costos, las pérdidas al terminar el año 2016 fueron menores, pero sigue siendo crítica. Las pérdidas mensuales ascienden a unos 2.500 millones de pesos mensuales”, confirmó.

La reducción se explica por el desistimiento de los servicios en otras regiones.  El año pasado se formalizó  por ejemplo el retiro voluntario de los servicios de salud en el municipio de Curumaribo (Vichada) aproximadamente 20.000 usuarios. El traslado se concretó en enero.

Con anterioridad la Superintendencia había aprobado el desistimiento voluntario de los servicios en Boyacá y Vichada. 
 


La falta de recursos pone en alto riesgo la prestación de los servicios de salud. 

 

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