Un total de 391 cheques fueron girados y cobrados en forma fraudulenta. La defraudación en este caso fue estimada en 1889 millones de pesos.
El cartel de la corrupción en Corhuila comenzó a destaparse. El miércoles pasado cayó el primer eslabón de la cadena que defraudó a la Corporación Universitaria del Huila en por lo menos 8.000 millones de pesos. Después de cuatro años, las denuncias comenzaron a dar resultados en una de las dos investigaciones.

Un auxiliar de contabilidad fue detenido en desarrollo de las investigaciones. Karol Jovanny Becerra Hernández, al parecer, era el encargado de adulterar los documentos contables en complicidad con otros empleados.  

 Los otros seis miembros de la red se encargaban de realizar los movimientos contables fraudulentos, se inventaban los beneficiarios, armaban las cuentas de cobro ficticias, expedían los cheques utilizando indebidamente las diversas cuentas de la institución y, curiosamente, los hacían efectivos, sin objeciones de las entidades bancarias.

Aprovechando falencias en la digitalización de la información contable, la red expidió 391 cheques en el primer semestre de 2013. Todos los documentos fueron endosados  y cobrados por otra auxiliar de contabilidad, Claudia Liliana Espitia García, radicada actualmente en Miami (Estados Unidos).

Después de cuatro años de radicadas las denuncias, la Fiscalía calculó la defraudación en 1.889 millones de pesos. LA NACIÓN, primer medio en develar las anomalías, investigó 118 de los 391 cheques girados y cobrados por la red, en menos de seis meses, con falsos beneficiarios, incluyendo personas fallecidas.

HONORARIOS

En una primera relación de títulos cobrados de manera fraudulenta aparecen siete cheques por un valor de 29,69 millones de pesos cancelados supuestamente por honorarios. Los cheques fueron girados entre el 16 y el 18 de enero de 2013 sin soportes. Los comprobantes de egreso aparecen con nombres falsos, cédulas inexistentes o números adulterados.

Los valores oscilan entre 3,2 y 4,9 millones de pesos, con registros internos intercalados y luego autorizados por el representante legal, cuya firma, al parecer, fue suplantada. Todos fueron endosados y cobrados por ventanilla sin justificación.

El primero corresponde a Claudia Liseth Arévalo (nombre y cédula inexistentes). El segundo fue girado a José Alfredo Rengifo. El número de la cédula, expedida en Neiva, corresponde a Miguel Ángel Bello Motta. El mismo nombre aparece cobrando otro cheque pero con distinta cédula.

El tercero fue girado a Marco Antonio Rincón Polo. Sin embargo, el número de la cédula aparece registrada a nombre de Rodrigo García  de la Salas, un hombre de 67 años, quien se ahorcó el 20 de febrero de 2013 en el estadio de béisbol José Vargas del barrio La Victoria, en el sur de Barranquilla. La cédula fue cancelada por muerte, según Resolución No. 1975 del año 2013 expedida por la Registraduría.

Otros títulos valores de la misma chequera fueron expedidos a Mario Alberto Ricaurte y  José Alberto Delgado, cuyos documentos de identidad no aparecen en el sistema. Un homónimo del célebre pintor mexicano José María Velasco, aparece cobrando honorarios por servicios prestados al centro superior. Lo curioso: la cédula tampoco existe según lo confirmó la Registraduría. 
 
ARRENDAMIENTOS

Por arrendamientos y construcciones el centro superior giró en los primeros siete días de mayo de 2013 cinco cheques, sin soportes,  por un valor de 24,52 millones de pesos por supuestos arrendamientos.

Los cheques corresponden a la misma chequera de la misma serie, sólo que los beneficiarios no existen. Todos aparecen con suplantación de identidad. José Felipe Riaño Benavides y Faiver Alfonso Rendón Maldonado no aparecen en el banco de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Indira Lucía Velandia Iguarán, otra beneficiaria, aparece con el número de la cédula de María Natividad Alvarado Rojas inscrita en Bogotá. Sara Sofía Quiñónez Portela, tampoco existe. Sin embargo, aparece como beneficiaria de un cheque cercano a los cinco millones de pesos por un arrendamiento que nunca prestó.

Irma Catalina Sastoque Iguarán cobró otro cheque con una cédula que en realidad pertenece a Rosmira Mejía Vidal, inscrita en Rionegro (Antioquia).
 
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO

Por este concepto se giraron 11 cheques por 55.482,600 pesos entre el primero de marzo de 2013 y el 21 de junio del mismo año. Bajo este rubro, utilizado para camuflar los pagos espurios, se giraron once cheques (curiosamente todos a personas naturales) por 55,48 millones de pesos entre marzo y junio de 2013. Los títulos corresponden a tres chequeras de la institución, pagados por la entidad bancaria, sin inconvenientes.

Juan Carlos Rengifo Claros, nombre ficticio con cédula falsa 83’825.421, aparece como beneficiario de un cheque por $6,9 millones. Mario Alberto Beltrán Donoso con C.C. 5’939.220 (inexistentes) aparece como beneficiario de otro cheque por 4,9 millones.

Diego Andrés Bermeo Macías con cédula 7709879 recibió un cheque por 4,8 millones. El documento expedido en Neiva corresponde realmente a Néstor Enrique Soto Ninco.

Sandra Marcela Coronado Sastoque con cedula falsa (36142378) figura destinataria de un cheque por 4,9 millones de pesos.  

Katalina del Pilar Hurtado Portela nombre ficticio con cédula falsa (36863076) cobró otro cheque por 4,9 millones.

Andrea Cecilia Prieto (nombre ficticio) cobró un cheque por 4,7 millones. El documento expedido en Bogotá pertenece en realidad a Diana Marcela Rojas Bohórquez, empleada independiente.

Clara Elvira Andrade con cédula 36728125 recibió un cheque por 4,7 millones un año después de haber fallecido. La cédula pertenecía a Julia María Torres Chamorro. Fue cancelada por muerte, según Resolución No. 1012 del año 2012 expedida por la Registraduría.

Juana Margarita Suárez  Delgado (nombre ficticio) con cédula falsa para hombres (12834933) recibió un cheque por 4,7 millones. María Camila Sánchez Delgado, registrada con una cédula falsa, aparece como beneficiaria de otro giro por 4,9 millones.

Gilbert Maldonado Angarita aparece con cédula suplantada 12109133  expedida en Neiva. El documento pertenece a José Vicente Pacheco, residente en la Comuna Ocho, quien figura como beneficiario de un cheque por 4,9 millones.

Yina Marcela Portela Parrací (nombre irreal) cobró un cheque por valor de 4,7 millones. La cédula corresponde a Dora Nohemy Quiroga Gualteros, quien reside en Fusagasugá (Cundinamarca).
 
SEGUROS

Por concepto de seguros en el mes de abril de 2013 aparecen registrados cuatro cheques por la suma de 17,06 millones de pesos de una misma chequera. Curiosamente los giros se realizaron a personas naturales y no a compañías de seguros, como sería lo procedente. No obstante, fueron cancelados por la entidad bancaria, sin ningún inconveniente.

El primero aparece a nombre de José Alfredo Rengifo con una cédula falsa que pertenece a Pedro Miguel Pérez Cervera inscrita en Bogotá.

El segundo cheque fue girado a nombre de Vivian Farlen Delgado Soto con una cédula falsa que no aparece en el sistema. 

El tercer cheque por 4,91 millones fue girado a Paola Andrea Jovel Roldán, identificada con una cédula que corresponde en realidad a Olga Liliana Flórez Ortegón de Bogotá.

El último cheque por 3,84 millones tiene como destinatario Renán Alfredo Prada Mosquera nombre y cédula ficticios.
 
OTROS GASTOS

Las mayores erogaciones se imputaron al rubro ‘gastos diversos’, con las mismas características de los giros fraudulentos. Todos fueron hechos presumiblemente a personas naturales inexistentes, o con suplantación de identidad. No presentaban soportes, tienen la misma secuencia interna y corresponden a varias chequeras.
Curiosamente, los cheques no sobrepasaron los siete millones de pesos y, como en los casos anteriores, fueron pagados sin objeciones.
 
LOS REPAROS

Un experto confirmó que la contabilidad correspondiente a 2012, presentó un considerable retraso, sospechosamente por demoras en la digitación de los registros al sistema, labor que se desarrolló entre septiembre de ese año y abril de 2013. Los cheques fraudulentos fueron expedidos a principios del 2013 coincidiendo con estas falencias que se venían presentando en la parte contable.  

Con anterioridad, la revisora fiscal, Esperanza Ramos Botello, ya había reportado otras anomalías que dejó consignadas en el dictamen de los estados financieros con salvedades, la piedra angular para destapar el bochornoso escándalo de corrupción, develado hace cuatro años.

Las irregularidades en serie fueron analizadas por el Consejo Superior el 8 de abril de 2013 y quedaron consignados en el acta 182. Pero no pasó nada.
 
PRIMERAS ALARMAS

El escándalo estalló el jueves 7 de noviembre de 2013 durante una asamblea general convocada por la revisora fiscal Esperanza Ramos Botello.

Ocho meses antes, el 8 de abril, la funcionaria había prendido las alarmas al presentar con salvedades el dictamen de los estados financieros. En su opinión, aparecían pagos irregulares por obras no ejecutadas, curiosamente adjudicadas a dedo a un empleado de la institución y cancelación de órdenes de servicios, sin ningún soporte.

Las supuestas irregularidades se registraron entre el 2011 y 2012, en el rubro de mantenimiento. Los pagos al parecer irregulares, se efectuaron en los dos años por un monto de 3.470 millones de pesos ($1.376,53 millones en el 2011 y $2.093,78 millones en el 2012).

Las obras, según el reporte fiscal, habrían sido ejecutadas en las sedes de Neiva (Quirinal, Prado Alto) en la finca de Rivera y en las casas- lotes de Palermo. Incluían reparaciones, adecuaciones y sustitución de redes.

“Los supuestos contratos no tienen ninguna formalidad legal. No existen cotizaciones previas. No fueron consultados al Consejo Superior, a pesar de que el monto de los ‘mantenimientos’ supera la mayoría de los rubros académicos”, informó el arquitecto Jaime Salazar Díaz, quien hizo parte de la comisión encargada de la revisión de las cuentas.

“Extrañamente- agregó- se adjudican estas supuestas obras semanalmente a la misma persona, señor Yenner Comas Comas, director de Bienestar, quien además de ser un empleado de planta, no es profesional ni técnico idóneo en estas labores”, explicó Salazar Díaz en un informe entregado al Consejo Superior.

Comas, licenciado en educación física, promotor del grupo de patrulleros cívicos, ingresó en el 2005 a la institución. Comas era uno de los hombres de confianza del rector Virgilio Barrera, manejaba toda la contratación y paralelamente aparecía como contratista de obras civiles, sin tener la experiencia.
 
SIN SOPORTES

Según la contadora Esperanza Ramos Botello, los giros se realizaban solo con la cuenta de cobro. En el caso de las reparaciones solamente se adjuntaba el listado de obras. Con éste único anexo la Tesorería elaboraba los comprobantes de egreso. Los pagos eran autorizados posteriormente por el rector de la institución sin ningún otro soporte.

“Los pagos fueron efectuados mediante la modalidad de presentación de cuenta de cobro en la cual relacionan obras y sedes, sin especificar cantidad en unidades de las obras a realizar por cada ítem, características, cantidad y calidad de materiales a utilizar, precio por ítem y de mano de obra”, según la evaluación que presentó la revisora fiscal.

Esta práctica hizo carrera. Por lo menos así quedó consignado en el giro de numerosos cheques a supuestos destinatarios que terminaron en el bolsillo de un grupo de empleados de la institución, uno  de los cuales acaba de ser capturado. 
 
DENUNCIA PENAL

El 24 de junio de 2013 la propia revisora fiscal radicó en la Dirección Seccional de Fiscalías, la respectiva denuncia penal en averiguación de responsables por los pagos irregulares efectuados entre el 2011 y el 2012.

El proceso, según el abogado Sheiber Cuenca, apoderado de Virgilio Barrera, fue archivado en el 2016. Nadie entiende las razones. El ente investigador, al parecer, no logró demostrar técnicamente que las inversiones no se ejecutaron. El fiscal encargado no encontró en este caso, méritos para continuar con la investigación.

“Las pruebas técnicas de ingeniería y arquitectura de los peritos de la Fiscalía no pudieron determinar que existiera algún tipo de obra que no se realizara”, señaló el penalista.  

El arquitecto Jaime Salazar Díaz, quien investigó las anomalías, informó que el proceso fue reactivado. “Esta investigación va muy lenta. Había sido archivada pero la volvieron a ‘desarchivar’ y está otra vez activa”, anunció el exgobernador.

El director seccional de Fiscalías, Justino Hernández, no lo confirmó. “Es un tema complejo, seguimos trabajando, hay varias órdenes de captura que esperamos materializarlas”, afirmó sin dar más detalles. 
 
PRIMERA CAPTURA

La segunda denuncia penal fue radicada por el rector Roque González Garzón, quien se encontró con los pagos fraudulentos ocurridos un año antes de su posesión. El académico calculó en su momento que la defraudación podría ascender a los 8.000 millones de pesos.

Por este caso, la Fiscalía, libró el miércoles pasado las primeras tres órdenes de captura. Solo una se hizo efectiva.

El detenido, Karol Jovanny Becerra Hernández, antiguo auxiliar de contabilidad de la institución, al parecer, era uno de los responsables de la falsificación. Lo llamamos a su celular pero no conseguimos su declaración.

Becerra Hernández aparece como representante legal de la Industria Global de Construcción (Globalcon), dedicada al comercio de materiales de construcción, y al alquiler de maquinaria. La pequeña empresa fue registrada en la Cámara de Comercio el 10 de enero de 2014 con sede en Rivera.
 
EN CONCIERTO

La Fiscalía Octava Seccional, adscrita a la Unidad de Fe Pública y Patrimonio, le imputó los delitos de hurto continuado en mayor cuantía, agravado por la confianza;  falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

Al parecer, Becerra Hernández hacía parte del complot para defraudar a Corhuila. Otras siete personas, especialmente de la parte contable, estarían presumiblemente implicadas en el robo continuado develado en el 2013.
 
Corhuila en cifras
 
Según el balance a 31 de diciembre de 2012, Corhuila registraba 16.968 millones de pesos en las 11 cuentas bancarias. Ese año, la institución privada registró excedentes por 3.821 millones de pesos, que por ley debían reinvertirse. No se hizo. Los recursos terminaron como reservas para eventuales contingencias. Ese tema fue una de las ‘manzanas de la discordia’.

La institución, que el próximo año cumple sus primeros 30 años de fundada, reportó ese año un patrimonio estimado de 27.667 millones de pesos. En estas primeras tres décadas la institución, creada el 31 de mayo de 1988, alcanzó un impresionante crecimiento que hoy se refleja en 5.300 estudiantes en ocho facultades, once programas  académicos de pregrado y una especialización y tres sedes.

Hoy tramita la acreditación de alta calidad para tres de sus programas bandera: Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental y Administración Bancaria y Financiera.

El escándalo alarmó no sólo a los directivos y fundadores. Las irregularidades precipitaron la salida del rector Virgilio Barrera y de la mayoría del consejo directivo.

Además, develó la ausencia de controles internos y las extraordinarias facultades otorgadas a los ordenadores de gasto.
 


Karol Jovanny Becerra Hernández, con detención domiciliaria.

 

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