El alcalde Delio González y parte de su equipo, responderán en juicio oral por la presunta desviación de recursos.
La desviación de recursos destinados hace cinco años para atender los efectos de dos avalanchas gigantescas que dejó tres muertos, 15 heridos y graves destrozos, sigue siendo la columna vertebral del proceso penal contra el exalcalde de Garzón, Delio González Carvajal, cinco de sus funcionarios y tres contratistas.

La artillería jurídica  para ‘tumbar’ la acusación no caló. Por el contrario, se mantuvo incólume y deberá reiniciarse en el curso de los próximos días luego de cuatro meses de estar congelado.

El Tribunal Superior de Neiva dejó en firme el auto que negó la nulidad del escrito de acusación, proferido el 9 de noviembre de 2016 por el Juzgado Segundo Promiscuo de La Plata.

La Sala Penal con ponencia del magistrado Hernando Quintero Delgado dispuso que el Juzgado Promiscuo de La Plata debe continuar adelantando la actuación procesal que le había sido asignada.  

La decisión dejó sin piso la solicitud de nulidad presentada por la defensa. Entre otras razones, argumentó que el juez no pidió la conexidad para juzgarlos a todos bajo una misma cuerda procesal. Curiosamente, los defensores quejaron por la extensión de la acusación.

“Un escrito de acusación con demasiada información antes que ser un atentado contra los derechos del imputado -como argumentaron los apoderados- es una fuente de oportunidades para el ejercicio del derecho a la defensa, y a la vez, límite para la fiscalía dé cara al principio de congruencia”, les respondió el magistrado.
 
ACUSACIÓN

En estas circunstancias, el Juzgado Segundo Promiscuo de La Plata deberá fijar una nueva fecha para la audiencia  de acusación contra el exalcalde Delio González Carvajal, la expersonera, Sandra Natalia Fajardo; Luis Gonzalo Álvarez López, exsecretario de Hacienda;  Leyfer Cerón Velasco, extesorero; Moisés Murcia, exsecretario de Planeación y Elka Tatiana Bohórquez, exdirectora jurídica.

Al mismo caso fueron vinculados varios contratistas, entre ellos, Hernán Jaramillo Morera (esposo de la expersonera),  Saúl Clavijo Ortiz,  Camilo Andrés Jiménez García, Óscar Mauricio Ramírez Valderrama y Hamilton Lugo Maldonado.

Los dos últimos fueron excluidos del proceso. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón decretó la preclusión de la investigación el 20 de enero de 2016  y dispuso su archivo por solicitud de la Fiscalía.

El 4 de junio de 2015 cuando fueron capturados, la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, entre otros.
 
POSIBLE DEFRAUDACIÓN

La Fiscalía cuantificó en 1.630 millones aproximadamente el monto de la supuesta desviación. De estos, 214 millones de pesos se destinaron para contratar retroexcavadoras; 178 millones de pesos para combustible; 327 millones de pesos, repuestos para maquinaria y 911, 30 millones de pesos para rehabilitación de acueductos.
 
ANOMALÍAS

Las irregularidades fueron develadas inicialmente por varios concejales. Luego el contratista Carlos Javier Cubillos Angulo respaldó las denuncias  el 10 de julio de 2013 en la Contraloría General de la República. Las denuncias también fueron soportadas ante la Fiscalía.

Cubillos, quien fue jefe de maquinaria, relató los pormenores de las anomalías en la contratación. Por ejemplo, informó que el mandatario conservador contrató cuatro volquetas para atender emergencias por la temporada invernal de junio-diciembre de 2012. Sin embargo, solo dos trabajaron y la Alcaldía pagó por todas. Una de las volquetas era de propiedad del mandatario Delio González.

Según su testimonio, un particular recaudaba los dineros pero siempre terminaban en manos del alcalde.

El documento, en poder de LA NACIÓN, revela presumibles irregularidades en la adquisición de repuestos, los que nunca se instalaron pero se cobraron como nuevos. El mandatario, al parecer,  solicitaba dinero a los contratistas a título de ‘préstamos’ que nunca cancelaba. Igualmente se reportaron denuncias por anomalías en el alquiler de maquinaria con empresas de fachada, sin experiencia y sin respaldo financiero.
 
LA DENUNCIA

Las irregularidades fueron presentadas ante todos los organismos de control, sin que tuvieran eco. Los concejales promotores de las denuncias, se encadenaron y  realizaron  una huelga de hambre ante la inoperancia de los organismos de control. 

También fue clave en la investigación la denuncia realizada en la Fiscalía General de la Nación por los concejales Osser Campos Rueda, Nubia Segura Losada y Jesús Antonio Páramo, quienes con contrato en mano documentaron detalladamente cómo se fraccionaron contratos en beneficio particular y no de la comunidad.

Los concejales denunciaron que las inversiones para la recuperación de vías y la construcción de viviendas para los damnificados en el sector de La Primavera, nunca se ejecutaron.
 
FALSO PRETEXTO

Los recursos fueron destinados luego de la avalancha de las quebradas La Cascajosa y La Guadalosa para reparar los daños ocasionados. Sin embargo, parte de estos recursos fueron desviados.

Cubillos, quien se encargaba de la maquinara en el municipio, señaló que la urgencia manifiesta fue un pretexto para proyectar unas inversiones que nunca se ejecutaron.

“En realidad-dijo- eso de la ola invernal fue todo un montaje para atender otros sectores que no tenían nada que ver con la región impactada”. “Solo conocimos un contrato por 300 millones de pesos para reparar la vía mucho tiempo después por orden del propio alcalde. Todo se concentró en otras veredas y no en la zona de emergencia”, denunció Cubillos, quien coordinaba los programas de mantenimiento de la red terciaria.

El alcalde Delio González explicó que los recursos se destinaron para atender todas las zonas impactadas por la ola invernal. La posible desviación de recursos volverá a los estrados judiciales. El Juzgado Segundo Promiscuo de La Plata, deberá reactivar el proceso que en junio cumplirá tres años.
 
Los estragos que dejó
 
Las avalanchas de las quebradas La Cascajosa y La Guadalosa, registradas el 23 de enero de 2012, dejaron tres personas muertas, por lo menos 15 heridos y cuantiosos daños materiales. Entre las víctimas el niño, Danny Estiven García Beltrán, de cuatro años, su abuela Dora Lina Beltrán Cuéllar, de 54 años, y José Manuel Pinilla.

Otro deslizamiento represó la quebrada La Guadalosa, provocando otra avalancha. A su paso destruyó dos puentes vehiculares y dejó a por lo menos 20 familias damnificadas, según el parte inicial entregado por la misma comunidad. Unas doce fincas resultaron afectadas en las veredas La Florida y San José.

En la región de El Paraíso, la avalancha  subió más de cuatro metros por encima de lo normal. La creciente destruyó el puente vehicular y dejó a toda esta región incomunicada.  La quebrada Potrerillos que recibe el caudal de todos estos afluentes  se desbordó arrasando viviendas, fincas, cultivos, acueductos y obras de infraestructura.

Los fenómenos naturales dejaron por lo menos cien familias damnificadas, según el reporte que entregó en ese momento el presidente de la junta comunal de La Primavera, Juvenal Martínez. Las vías hacia Filo de Platanares, La Primavera, Pompeya y Las Delicias colapsaron por la fuerte creciente. Igual ocurrió con la carretera hacia las veredas San Antonio y El Descanso.

Ese mismo día el alcalde de Garzón, Delio González,  declaró la urgencia manifiesta como mecanismo jurídico para agilizar las obras de mitigación sin recurrir a los complejos procesos de licitación.

En desarrollo de esta medida excepcional el mandatario puso en marcha varios contratos para atender los efectos sociales y ambientales provocados por la emergencia.
 


La doble avalancha registrada en el 2012 ocasionó cuantiosos daños.

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