Marcos Silva Martínez

El régimen y la extrema derecha, practican  sistemáticamente el engaño a las mayorías,  en el ejercicio del poder.

Y es lo que se percibe con  el incumplimiento  temprano de los acuerdos,  para la  solución del conflicto social y político colombiano.

Bajo las condiciones de anarquía institucional, desgobierno, inequidad social, impunidad y corrupción, que dominan la vida nacional, la superación del conflicto exige responsabilidades, imposible de encontrarlas entre quienes detentan el poder económico y político.

Los partidos se corrompieron hasta la médula y se transformaron en empresas comercializadoras de votos, burocracia y contratos. Las ideas y principios filosóficos que deben soportar a los partidos políticos, fueron sustituidos por el cálculo mezquino, proyectado sobre la explotación de lo público, para beneficio exclusivo de unos pocos.

Es perverso y condenable que haya quienes  traten  de utilizar la negociación  con fines electorales-politiqueros. El conflicto colombiano, es de esencia socio-económico.

Para que los acuerdos que fundamentan  la negociación, tenga sentido político-pactico, deben contener el compromiso, de parte del gobierno y del régimen que representa, de remover  todas las causas que lo hicieron posible.

Colombia es el país más inequitativo del continente. Está entre los de mayor corrupción, en el planeta. La  mayor percepción de corrupción, se concentra en la institucionalidad, supuestamente creada  para garantizar los derechos y proteger la vida y honra de los ciudadanos.

La institucionalidad  y en particular la Rama Judicial, son acreedores de  la mayor percepción de corrupción, en Colombia. Los hechos lo corroboran.

El secuestro, el desplazamiento interno, la desaparición forzada, los falsos positivos,  la pobreza y  miseria de la mayoría de colombianos, la expatriación y exclusión política, el cáncer de la narcoparapolítica, la corrupción, la  inseguridad ciudadana, tipifican el conflicto interno. Y es esto lo que se debe resolver.

El surgimiento de la insurgencia; FARC, M19, EPL, ERP, entre otras, es imputable, directamente a la  irresponsabilidad política y social de los  gobiernos del  Régimen.  Son consecuencia  de negar y no  ejercer democracia plena, como ordena la Constitución y la ley.

El engaño sistemático a las mayorías, inoculó escepticismo e indiferencia por lo público y por los legítimos derechos ciudadanos.

Si el pueblo fuera consciente de la gravedad del conflicto,  ya se habría revelado contra el gobierno y el régimen, para exigir la superación de las causas del conflicto.

Es pertinente desenmascarar a los enemigos declarados y encubiertos de las negociaciones del conflicto. Son todos de la recalcitrante derecha y ultraderecha  liberal-conservadora-terrateniente, a quienes nada les importa las precarias condiciones de vida de las mayorías, condenadas a la pobreza y la miseria.

La superación del conflicto, exige reforma agraria, urbana y educativa  integrales.  Garantía de  trabajo digno con remuneración justa.  Son los desafíos básicos del conflicto. ¿Será posible que el régimen  permita removerlos y superarlos?

Para el Diario La Nación 04-08-2.017

 

 

 

 

 

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