JUAN CARLOS CONDE VARGAS

 

«Las FARC fueron el detonador de la barbarie, pero también el teflón de los corruptos». Con esta lapidaria y contundente afirmación empezó su magistral exposición el Procurador Fernando Carrillo, en el marco del Congreso Colombiano de la Construcción 2017, dejando en claro un hecho que con el paso de los días resulta aún más evidente: El conflicto armado de estos cincuenta años ha ocupado un renglón principal en la sociedad colombiana, y su dimensión ha sido de tal magnitud, que incluso obnubiló gravísimos problemas sociales dentro de los cuales la corrupción pudo desfilar por todas las esferas sociales y políticas.

 

Más allá de todos los sapos que tendremos que seguir tragándonos con el acuerdo Santos – FARC, queda claro que al disminuir la cruenta guerra, y al menos mientras la misma no se recrudezca por cuenta del regreso de guerrilleros a la selva o de la efectiva intervención del Estado en temas como la erradicación de cultivos de coca, la sociedad colombiana ya empezó a conocer la dantesca cultura de la corrupción y sus tentáculos, los cuales han alcanzado los tres poderes públicos, grandes empresas y reconocidas personalidades.

 

Y lo anterior en sí mismo es grave considerando la concepción ontológica de la democracia, que con todo y sus defectos, según la teoría, procura ante todo un contra peso en la justicia, el legislativo y el Gobierno. Los escándalos destapados en los últimos meses en ciudades como Ibagué (Juegos Deportivos Nacionales) o Cartagena, o a nivel nacional con Odebrecht y Reficar, prenden alarmas respecto a qué debemos hacer para superar un asunto que, espero equivocarme, puede estar en el ADN de particulares y servidores públicos.

 

En el sector de la construcción como bien se advertía por el Procurador, los problemas no son menores cuando se revisa el alto número de licencias urbanísticas falsas, las graves denuncias sobre coimas y acuerdos ilegales durante la discusión de los Planes de Ordenamiento Territorial, y el afán de enriquecimiento a partir de actividades o de actos ilícitos como son la evasión en el pago de tributos, el incumplimiento a la ejecución de obras desmejorando las especificaciones técnicas o con deficiencias constructivas.

 

De ahí que una de las principales tareas, como él advertía, sea esa de renovar la cultura del servicio público. Y esto sí es relevante a nivel territorial, pues el país y las ciudades grandes e intermedias, requieren de funcionarios que más allá de sus altas calidades profesionales, se distingan por satisfacer las necesidades colectivas y por aplicar la ley en forma homogénea a todos los administrados. El control no puede ser diferenciado para los administrados, simplemente por la cercanía o amistad; la norma debe ser aplicada por igual sin excepción alguna, en tanto se encuentren en iguales condiciones.

 

Es prudente revisar cuáles trámites solo fomentan burocracia y corrupción; es menester eliminar trámites que no estén previstos en la norma nacional. Es necesario abolir requisitos que terminan siendo objeto de análisis subjetivo o discrecional, o con los cuales solo se propicia una presión al particular para que cumplan objetivos que están sometidos a favores económicos o, como se sabe, a pagos en especie. La responsabilidad del sector privado está en denunciar estos casos y exigir que los trámites solo se mantengan en tanto sean objetivos, técnicos y necesarios. De lo contrario debe procederse a la revisión y ajuste inmediato.

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