Las peticiones formuladas durante la audiencia ambiental no han sido atendidas por la Anla y menos por Emgesa. 

RICARDO AREIZA

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Ante los reiterados incumplimientos de la multinacional Emgesa y las omisiones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, decidió emprender una nueva batalla jurídica para exigir que se hagan efectivas todas las compensaciones.

Esta vez se recurrió a una acción de tutela contra la directora de la Anla, Claudia Victoria González Hernández, encargada de garantizar el cumplimiento de las compensaciones sociales, económicas y ambientales, contempladas en la licencia ambiental.

El recurso de amparo fue presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La tutela fue sustentada por el abogado  Iván Bustamante Alarcón. El magistrado José Elver Muñoz admitiò la acción judicial y comenzó a darle trámite.

La petición de fondo: que la Anla resuelva de fondo las peticiones que le han formulado para que cumpla con todas las compensaciones contenidas en la licencia ambiental.

Y como medida excepcional le pidió que ordene la suspensión de la licencia ambiental para la operación de El Quimbo hasta que presente un plan de cumplimento acorde con las compensaciones pactadas.

La acción judicial fue instaurada en momentos en que se desarrollaba en Bogotá una reunión de las autoridades regionales y la bancada parlamentaria con la directora de la entidad. El tema se centró esencialmente en los desplantes para resolver las solicitudes.

En alto riesgo

No es la primera vez que se pide la suspensión de la licencia ambiental. Amparado en el principio de precaución, orientado a prevenir daños graves e irreversibles al medio ambiente, el mandatario seccional le solicitó el 15 de mayo pasado a la entidad la suspensión de la licencia ambiental hasta que se despejen las dudas sobre supuestas fallas durante la construcción del complejo.

La petición también fue notificada también al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio del Medio Ambiente. Ninguno le respondió.

La solicitud fue elevada ante las inconsistencias técnicas plasmadas en un estudio preliminar (no concluyente) realizado por la corporación geo ambiental ‘Terrae’, contratada por la Gobernación del Huila para examinar los riesgos potenciales que puede generar la represa.  Asoquimbo ha liderado esa iniciativa.

Según el documento, las deficiencias de los estudios que sirvieron para proyectar la represa no contemplaron todas las amenazas potenciales y por lo tanto, no fueron incorporadas en un plan de contingencia, imprescindible para enfrentar una eventual falla en un escenario de alta vulnerabilidad. Tampoco consideró las medidas de mitigación por eventos de gran magnitud, originado por fallas geológicas o alta sismicidad.

Expertos del Servicio Geológico Colombiano, presentes en el encuentro,  precisaron que los estudios que atribuyen a la obra el riesgo sísmico deben tratarse con el suficiente sustento técnico y establecer así la rigurosidad necesaria, para la toma de decisiones, sin que se generen preocupaciones a la comunidad sin sustento científico.

Pobreza

En la nueva tutela reclamó el amparo constitucional por la sistemática violación de derechos fundamentales, en especial al mínimo vital y a la vida digna de los huilenses afectados por la represa.

“El Quimbo, más allá de ser un proyecto de desarrollo para la región, se convirtió en la principal causa de pobreza y en el foco de violaciones de derechos humanos por parte de una multinacional con la aquiescencia de una entidad del Estado (Anla)”, aseguró. Tampoco resolvió de fondo las reclamaciones.

Sin respuesta

La entidad no respondió las peticiones formuladas y sustentadas por la comunidad durante la audiencia pública ambiental realizada celebrada los días 11 y 12 de noviembre de 2016.

“El incumplimiento por parte de Emgesa con la aquiescencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha resultado sistemático y generalizado desde el inicio de la construcción de la hidroeléctrica.

Entre otras relacionó 30 puntos entre ellos la construcción del viaducto, la vía perimetral, los programas de vivienda, la rehabilitación de los corredores biológicos, la construcción de los distritos de riego y otras compensaciones económicas, sociales y ambientales.

En la tutela se relacionaron las secuelas sociales y ambientales generados en la zona de influencia y los nuevos compromisos derivados de hechos sobrevinientes, derivados por el anticipado llenado del embalse.

“Sin embargo a nuestro juicio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), no se ha provisto de medidas administrativas eficaces que conminen al concesionario a cumplir con las obligaciones establecidas en la Resolución 899 de 2009”.

“Por el contrario-dijo- dicha autoridad ha permitido y aceptado varios de los incumplimientos, a tal punto que las condiciones iniciales de la licencia se han modificado en varias ocasiones para disminuir las exigencias de la misma, especialmente las medio ambientales, o en su defecto y en algunas oportunidades han aceptado los informes del concesionario en cuanto al cumplimiento de la misma, sin controversia científica o verificación real alguna”.

En su criterio, el incumplimiento “sistemático y generalizado” por parte de Emgensa con el consentimiento de la Anla ha desembocado en múltiples acciones judiciales que se tramitan en distintos despachos judiciales”, anotó.

La otra cara

Sin conocer la tutela, la directora de la entidad, Claudia Victoria González anunció que “revisará a fondo las inquietudes expuestas por los asistentes para pronunciarse en cada caso. Si hay consideraciones nuevas sobre el proyecto se darán a conocer en la respuesta.”

La funcionaria señaló que la entidad en ejercicio de sus competencias gestiona regularmente el seguimiento ambiental al proyecto, incluyendo el análisis de los resultados del monitoreo permanente a la presa con el fin de disponer de información para emitir las alertas que correspondan.

Las peticiones sin atender

Entre otras peticiones formuladas por el gobernador en la audiencia ambiental, figuran la creación de una mesa interinstitucional de seguimiento y verificación de las obligaciones de Emgesa frente al proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

– Declarar administrativamente la moratoria en el cumplimiento de las obligaciones.

– Obligar a Emgesa al cumplimiento de todas las decisiones judiciales que haya omitido, decisiones administrativas, los Informes de Cumplimiento Ambiental (Icas)

-A la Procuraduría General de la Nación, la verificación de la legalidad de la licencia ambiental y sus 95 modificaciones y las posibles violaciones a los derechos humanos contenidas en las peticiones elevadas a la Anla y Emgesa.

– A la Contraloría General de la República la investigación de la posible responsabilidad fiscal que se derive de la implementación del proyecto hidroeléctrico de bienes de la nación, disposición del recurso hídrico, perdida de la capacidad íctica del río Magdalena, Recurso arqueológico, sísmico y de riesgo al Departamento del Huila.

– A la Fiscalía General de la Nación las investigaciones que procedan frente a la violación de los bienes jurídicamente tutelados, entre ellos, desplazamiento forzado e indebida utilización de la figura de la utilidad pública.

– Se compulse copia para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos investigue presuntas violaciones a los derechos humanos en relación al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

-Suspender la ejecución del proyecto hasta tanto no se encuentren cumplidas las compensaciones y medidas ambientales correspondientes, estableciendo plazos para el pago de las compensaciones.

-Declarar legalmente al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo con objeto jurídico multipropósito.

– Establecer un plazo para el llenado en la cota 720, en razón a las obligaciones derivadas de este acto condición.

-Inventariar las compensaciones e indemnizaciones no contenidas en la licencia ambiental y durante la vida útil del proyecto.

-Reforestar de manera inmediata las 22.000 hectáreas en el Departamento de las cuales sólo han reforestado 140 hectáreas, equivalente al 0,63% de lo deforestado.

-Reponer las 5.200 hectáreas con los distritos riego adecuado para su productividad y que generen como mínimo 44.288 millones de pesos anuales.

Las peticiones formuladas durante la audiencia ambiental no han sido atendidas por la Anla y menos por Emgesa.
La directora de la Anla, Claudia Victoria González y el gobernador Carlos Julio González Villa. FOTOS/Gobernación
Las peticiones formuladas durante la audiencia ambiental no han sido atendidas por la Anla y menos por Emgesa.

La directora de la Anla con dirigentes y autoridades del Huila. 

 

 

 

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