Eduardo Gutiérrez Arias

En una democracia verdadera, la diferencia entre ganar o perder en una campaña presidencial radica en la posibilidad de poner en práctica el programa de gobierno que se ha propuesto a los ciudadanos o convertirse en los fiscales, veedores y críticos de los actos de gobierno de quien resultó triunfador. Normalmente en un régimen auténticamente democrático, la oposición tiene las garantías suficientes para hacer esa fiscalización de los partidos de gobierno, con suficiente acceso a los medios de comunicación de masas, con una presencia significativa en el parlamento e incluso en muchos países, con el control de órganos de poder como la contraloría y la procuraduría. Es una verdad axiomática que en las democracias reales existe la separación de poderes y por tanto que es imposible para el ejecutivo tener el control y dominio sobre el poder legislativo o el judicial.

Este no es el caso de Colombia. Aquí tenemos un remedo de democracia donde las grandes decisiones se compran y se venden como en cualquier mercado persa. El presidente compra con puestos, auxilios y mermelada, el apoyo a sus proyectos, los parlamentarios venden sus  decisiones, los magistrados de las altas cortes fallan en proporción al dinero que reciben y las elecciones se ganan con la compra de votos, como se vio el pasado 11 de marzo. En una economía donde cerca del 60% de los empleos los genera la informalidad, ganarse el día de elecciones una suma cercana a lo que se gana en un mes de duro trabajo recurriendo a la venta de los votos de la familia, es una oportunidad difícil de rechazar. Se dice que en Neiva muchas familias pobres vendieron sus votos por sumas cercanas al $1.000.000, disfrazando el delito como una contratación de pregoneros. De hecho el día de las elecciones no salieron a relucir las caletas de las Farc, sino de los partidos que han gobernado en los últimos tiempos, con casas y carros cargados de cientos de millones de pesos destinados a la compra de votos, algunos de los cuales fueron descubiertos por la policía, sin que el escandalo fuera mayor.

En una democracia así como esperar que haya respeto por la oposición, como garantizar que ella tenga acceso libre a los grandes medios de comunicación de masas en poder de los monopolios, como permitir que ella pueda ejercer la vigilancia y el control de los actos de gobierno, si los partidos en el poder nunca han permitido que se apruebe un estatuto de la oposición, como tampoco permitieron la  reforma política? Creo que Petro, Fajardo y De La Calle, son verdaderos demócratas y le garantizarían a la oposición sus derechos.

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