Obert Alejandro Ortiz R.

Por el proceso electoral vigente, hemos pasado a un segundo plano el fenómeno migratorio venezolano. Y los que vivimos en el centro del país, menos preocupación al respeto. No obstante, mínimamente nos habremos cuestionado en el Huila sobre ¿Cuántos venezolanos ya están en nuestro territorio?, y ¿qué ha pasado con quienes han llegado?. Al parecer, ese asunto como que se lo dejamos es a las alcaldías o gobernación para que se encarguen desde el registro administrativo de migrantes venezolanos (RAMV) y, todo lo demás. Pensar así, es irresponsable. Ya los efectos los tenemos a la vista: venezolanos de taxistas, mototaxistas, etc. Quienes hemos tenido la oportunidad de vivir y trabajar en una zona de frontera, tenemos más conciencia sobre esta situación. Nos compete a todos involucrarnos en lo que significa la migración, migrantes, refugiados y su impacto para salirle al paso a la xenofobia, rechazo, hostilidad, aculturización deculturización, transculturización reculturización, neoculturización, hibridación cultural,  estigmatización e indiferencia hacia esta población y, más bien, tratar de evitar al mínimo la vulneración o, más bien, incidir en la garantía de sus derechos, dignidad, compromiso, comprensión, oportunidades, integración, asistencia y sensibilización como un ciudadano más de este mundo globalizado que es. En el caso de Venezuela, por su desequilibrio económico (hiperinflación en más de 13.000%, su pérdida del poder adquisitivo, escases de recursos y materias primas), la migración hacia nuestro país en busca de mejores oportunidades, continuará aumentando. No hay solución a la vista. Es de pleno conocimiento que la entrada de ciudadanos del país hermano a territorio colombiano ha causado una serie de problemáticas de alto impacto en aspectos como seguridad, salud, empleo, registro migratorio, educación, niñez, comunidades indígenas; que han demandado inversiones no contempladas dentro del presupuesto nacional y, tampoco existente en los locales. De ahí la importancia, como lo han reiterado distintos actores, de contar con soluciones de Estado y no de gobierno de turno o de paños con aguas tibias. Es decir, una política pública integral de migración. Que contenga una amplia regulación sobre las dimensiones del tránsito transfronterizo (en Tarjetas de movilidad fronteriza, permiso especial de permanencia, sistema de registro de información de extranjeros) y que promueva una amplia pedagogía sobre el particular. También, herramientas tecnológicas para hacer seguimiento y control de la frontera. Que impulse el fortalecimiento institucional (desde alcaldías, gobernaciones, red de instituciones con autoridades nacionales y regionales) y se gestione con la creación de un fondo para obtener más recursos y efectuar valoraciones sectoriales de necesidades a fin de solucionar problemáticas puntuales de la frontera. Poner a andar el registro administrativo de migrantes, así como a la atención de población migratoria y fronteriza. Un programa completo de atención, no sólo a los connacionales que retornan, sino a las comunidades receptoras. Es decir, que impacte en políticas sociales, económicas educativas y sociales de estas zonas en particular. No al desarraigo.

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