MARCOS SILVA MARTINEZ

 

Un mínimo  análisis económico-fiscal,   revela  desbalances que crecientes, estimulados por el caótico gasto público, compromisos económicos  internos y externos de mediano y las previsiones de  ingresos fiscales.

Revertir esos desequilibrios y manejar constructivamente  la situación, exige responsabilidad política, para identificar y reconocer  las causas que originan los desbalances.

Durante los últimos   años, las exportaciones  decrecieron sostenidamente  y las importaciones crecieron. Y  no obedece solo a la caída de los precios del petróleo y otros productos extractivos.

La importación de productos agropecuarios,  de consumo tradicional (carne, trigo, maíz,  cebada, lenteja, leche,  frijol,  legumbres, café, arroz, frutas, miel de abeja, etc.), creció,  hasta alcanzar  16 millones de toneladas (2017) y pago  en divisas superior a U$8.000 millones.

La  importación de combustibles y derivados del petróleo,  en promedio superó  los U$5.800 millones anuales, en los últimos años. Colombia tiene medio de  265.000 barriles diarios (2017),   producción  de crudo superior a 820.000 barriles/día y dos refinerías.  No  debería importar combustibles.

Todos  los  productos agropecuarios importados, hasta el presente,   pueden producirse en Colombia,  como se producían antes de la apertura de los años 90.

El   gasto público nacional es mayor que el ingreso y obliga   endeudamiento público, externo e interno creciente.

La  tendencia presente del endeudamiento público,   puede convertirse en insostenible  en el  mediano plazo.

La deuda externa del gobierno nacional: en 2002, era  de U$37.341 millones. En   2010, de  U$89.800 millones, en 2.017 de U$ 136.000 millones (45.2% del PIB).

La deuda interna supera los  $220.0 billones (2017), sin incluir vigencias futuras y deuda contingente.

En  el futuro, deben sumarse a la deuda pública, las deudas por  contratación de infraestructura nacional (4G, puertos, aeropuertos), muy superiores a las previstas en los contratos básicos iniciales. Eso obedece a  haber sido  contratadas sin estudios y diseños.  Ya hay demandas y liquidaciones parciales al respecto, que evidencian sobrecostos. Contratista (Sacyr) corredor 5-Sucre-Bolivar-Atrlantico y Ruta del Sol II (Odebrecht), Ferrocarril del Pacífico, Rutas Viales del Valle-Cauca,  etc.

Si logran  cierre financiero de  proyectos pendientes, 4G y APP,  las obligaciones   por infraestructura contratada, en ejecución y por legalizar,  en el mediano plazo,  pueden  superar  los  $200 billones.

La  implementación de los acuerdos de La Habana, según el  gobierno, cuesta  más de $10 billones anuales. La vinculación a la OCDE y a la OTAN, más de U$30 billones-año.

El  servicio de la deuda, en 2.018 costará más de $54 billones (cercana al 45% del recaudo nacional). El presupuesto anual debe responder por  subsidios que bordean el 60% ($72 billones/2016), de los ingresos directos.

 

Bajo esas  perspectivas de compromisos y previsiones de gastos e ingresos es  imperativo tomar  decisiones de fondo, respecto al gasto,  la inversión, el desarrollo económico-industrial nacional, la racionalización y optimización de costos y gasto público, diversificación y estímulo de la  producción y  exportaciones.

La importación de alimentos  y combustibles, debe sustituirse por producción nacional. Ésta  debe potenciarse con productividad. Con esto solo se especula.

Deben reducir costos de producción, operativos  y administrativos de Ecopetrol. Es posible.

Son imperiosas las reformas, Pensional,  del  Sistema de Salud, de Educación y Contratación Pública. Esta se convirtió en la vena rota del fisco, por corrupción y denegación de autoridad.

Deben implementarse políticas de estado, que estimulen el mejoramiento del ingreso per cápita, el consumo interno y la producción  con valor agregado,  entre otras medidas.

Todo  está condicionado  a la derrota total  de la endemia de la corrupción, la politiquería y el clientelismo, en todas las instancias de la administración pública.

Derrotar la corrupción, es parte integral de la solución del conflicto socioeconómico y político nacional. Según Contraloría y Procuraduría (2017), el Estado pierde más de $50 billones  por corrupción, anualmente.

Además, se puede demostrar  que la infraestructura pública en Colombia,  cuesta entre dos y tres veces más que en el resto de la región (Aeropuerto El Dorado, concesiones viales, etc.).

Son  los   grandes desafíos nacionales, del poder político institucional y de los próximos gobiernos, para resolver la encrucijada socioeconómica y fiscal colombiana, en el mediano y largo plazo.

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