Marcos Silva Martínez

Un destacado investigador colombiano, entronizó la expresión, “cultura mafiosa”.

Corresponde a las tendencias y rasgos endémicos del actuar colombiano, burocrático-institucional. Se resume con el criterio de “aprovechar el cuarto de hora”, y es caldo de cultivo de la corrupción, que se enquistó en todas las instancias del poder.

Candidatos y gobiernos hacen alharaca, con las pregonadas políticas anticorrupción. Pero nunca hay resultados. Solo alharacas, pantallazos y anuncios de investigaciones sin resultados.

¿Por qué? Porque la corrupción se convirtió en instrumento seguro para ascender al poder y para mantenerlo.

Bajo el imperio de la corrupción no puede haber desarrollo socioeconómico integral  con equidad.

Las   obligaciones derivadas del Consenso de Washington (1989), desde entonces, dejan su impronta en las leyes, planes, programas  y decisiones de  gobiernos y en la  Constitución de 1991, con la  connivencia del empresariado  y disidentes del régimen (M19).

Los  efectos neoliberales  en el sistema de salud aparecen en el Artículo 48. Creó   la seguridad social como un derecho universal, con financiación solidaria, bajo la dirección y control del Estado y  “podrá ser prestada por entidades públicas y privadas”. El boquete para  la privatización y la corrupción.

Los problemas del sector comenzaron con la aprobación y marco jurídico de la Ley 100/93. La imitación de modelos no fue afortunada y ante  los espejismos del mercado,  los gobiernos ejecutores, prefirieron permitir el surgimiento del criminal negocio de la salud actual, para beneficiar a sus aliados del poder.

Los derechos fundamentales no  deben confundirse con mercancías destinadas a producir ganancias para el lucro personal de unos pocos.

Por todo lo que ha ocurrido en el sector salud, durante le vigencia de la Ley 100/93, se  concluye que los gobiernos, sumisos con los compromisos del libre  mercado, honraron los  objetivos del capital por sobre los intereses generales de los colombianos. Los resultados lo demuestran.

Así prevalece en el sector salud, el dogma neoliberal, igual que en el sistema de educación.  Con  los Artículos 67 y 68 de la ley 30/92 se privatizó.

Ahí está la esencia  del problema financiero, de cobertura y calidad. Entre los peores del mundo.

Es lo que  el pueblo y el elector debe conocer y entender. Debe entender las  perversidades del poder, para no elegir a gobernantes enemigos del pueblo y defensores incondicionales del capital y de los dueños de la riqueza y el poder.

Las perversiones emanadas de la Ley 100, no  han podido superase, a pesar de la  lluvia de decretos reglamentarios y leyes vigentes (Ley 1438). Los dineros robados, están perdidos y el festín continúa.

El  sistema es  inviable, por  irresponsabilidad del poder institucional.

Podrían salvarlo, decisiones y acciones de fondo, soportadas en análisis independientes  del problema, que garanticen reestructuración  integral, bajo el criterio de que se trata de un derecho público fundamental y no de un negocio para maximizar ganancias, propio de nuestra cultura mafiosa.

En todos los campos del desarrollo nacional y acción del poder institucional ocurre lo mismo y se profundizará inexorablemente con el próximo gobierno de extrema derecha.

 

Comentarios