Luis Fernando Pacheco es el asesor de Paz de la Alcaldía de Neiva.

JESÚS ANTONIO ROJAS SERRANO/LN

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Para Luis Fernando Pacheco Gutiérrez, asesor de Paz de la Alcaldía de Neiva, el Huila no es ajeno a la “incertidumbre” que desató la ola de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. En este diálogo con LA NACIÓN, el funcionario reflexiona ampliamente sobre lo que está ocurriendo.

 

¿Qué opinión tiene de la ola de asesinatos de líderes sociales en el país?

La situación me parece delicada, ya que viene creciendo y se presenta en un momento que no es adecuado; con esto me refiero al fin de un Gobierno donde se han hecho cambios de transición importantes, como las firmas negociadas con el grupo guerrillero de las FARC y el inicio de un proceso similar con la guerrilla del ELN. Esta situación genera incertidumbre para quienes tienen cargos de representación y liderazgo comunitario, pero también incertidumbre en la comunidad. Se presenta la duda si el proceso funcionó o si vamos a entrar en una fase de criminalidad diferente.

 

¿Ve un ataque sistemático?

Como lo reconocía la vicefiscal María Paulina Riveros, el actuar de los órganos de investigación no alcanza a ser suficiente. Yo pienso que la única entidad autorizada para asegurar si son sistemáticos o no, es la Fiscalía General de La Nación y ella misma ha reconocido su incapacidad para hacerlo, por lo menos de manera inmediata. Yo creo que estamos en un punto medio, no todos pertenecen a un  ataque sistemático como el caso de Pitalito, donde las mismas autoridades de Policía manifestaron que la muerte del profesor se había dado en el marco de una riña, pero indudablemente en determinadas situaciones hay una actuación sistemática. Frente a la preocupación que se ha generado en zonas como Chocó, Magdalena Medio y Antioquia, el Gobierno Nacional ideó el Sistema de Alertas Tempranas, esto consiste en que la Defensoría del Pueblo, a través de sus diferentes seccionales, emite las alertas tempranas que responden a un estudio concienzudo de contexto, donde determinan las zonas que hay peligros. De diciembre hasta hoy se han presentado 40 alertas y a Neiva le corresponden dos.

 

¿Qué tan preocupados están los líderes sociales de Neiva por lo que está ocurriendo?

La preocupación existe en la medida en que los órganos que deben actuar, no lo hacen. El número de denuncias de amenazas ha incrementado, adicionando que si el Estado no actúa genera una paranoia colectiva, entonces un problema de convivencia puede traducirse en una amenaza, en ese sentido hay un incremento. La situación de incertidumbre no le es ajena al Huila. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han venido alertando sobre la situación en acciones coordinadas, pero el gran ‘lunar’ sigue siendo la falencia de recursos. Cuando se mira lo que hizo el Gobierno Nacional en diciembre con el Sistema de Alertas Tempranas, se puede ver una normatividad muy completa pero sin recursos se queda en el papel y los entes territoriales no tienen la capacidad presupuestal y financiera para hacerle frente a un incremento de amenazas de líderes sociales.

 

¿La situación en Neiva es igual de difícil como en otras zonas?

Numéricamente no, de los 382 casos registrados en la Defensoría del Pueblo, a Neiva le tocan tres. Si se mira en contexto con otros departamentos como Chocó o Antioquia, estamos hablando de una cifra baja. Evidentemente la situación en el Huila no es grave y las entidades tanto a nivel departamental como municipal han venido trabajando, actuando y esperando que el fenómeno no llegue hasta acá. Pero a esta situación se le presenta otro fenómeno; puede que no tengamos el problema en el departamento, pero el Huila siempre ha sido receptor de desplazados, entonces recibimos personas de otros departamentos que están sufriendo amenazas y eso se le convierte al municipio en una carga que debe asumir.

 

El asesor de Paz de la Alcaldía de Neiva, Luis Fernando Pacheco, en la entrevista con el Editor General del Grupo Informativo LA NACIÓN, Jesús Antonio Rojas Serrano.

 

¿Qué tanto sirven las alertas tempranas?

Sirven en la medida que alertan a los diferentes órganos de control sobre lo que está ocurriendo y movilizan de manera previa. La Alcaldía viene trabajando en eso y la idea es suplir aquellos lugares que eran dominio de las FARC.  A este fenómeno se le debe agregar la brecha que existe entre lo rural y urbano, que sólo se puede suplir cuando el Estado llegue a lo rural. La alerta temprana lo que permite es que las diferentes entidades del Estado actúen, junto con la Policía y El Ejército, pero si no hay recursos la protección sigue siendo un reto.

 

Según estas alertas tempranas, ¿A quiénes les están llegando amenazas en Neiva?

Hay que aclarar dos cosas; la primera alerta temprana es individualizada donde aparecen líderes de diferentes organizaciones, en Neiva no supera las 10 personas y hay algunas que ya se le están dando manejo pero por eso no dejan de ser importantes. La segunda alerta es colectiva donde se alerta que en regiones rurales hay  presencia armada y le corresponde a las autoridades determinar si son disidencias o grupos delincuenciales organizados que quieren ocupar el vacío institucional que quedó. Nosotros tenemos alertas individuales muy bajas que no obedecen a fenómenos recientes pero le corresponde a la Fiscalía determinar de dónde provienen dichas amenazas. Lo que sucede es que los entes territoriales asumen de entrada esa ruta de prevención  y protección que puede durar, alrededor 60 a 90 días.

 

¿Qué tanto le preocupa a la Administración Municipal esa alerta colectiva?

Mucho, las alertas tienen que preocuparnos y deben generar un actuar frente a la situación. Nosotros hemos celebrado iniciativas por parte del Concejo Municipal como Concejo al Campo y al Barrio, que permite que las secretarías y oficinas asesoras se desplacen a estos lugares. Es importante que la comunidad de los corregimientos y especialmente de las zonas orientales y occidente, perciban la presencia del Estado. Se han hecho dos jornadas de trabajo y nosotros como Oficina hemos incrementado la llegada a estas zonas donde hemos podido articular un trabajo con la Presidencia de la República.  Es clave que el Estado supla esos espacios donde no estuvo y segundo, que la sociedad civil tome un control al respecto.

 

Para responder a esta ola de asesinatos de líderes sociales, el Gobierno Nacional ha anunciado recompensas. ¿Esta es la salida?

Yo pienso que eso es un paliativo. Lo que ocurre es que llevamos más de una década de retroceso en la descentralización que propuso la constitución de 1991, Bogotá sigue mandando directrices. El problema en terreno lo tienen los entes territoriales, que necesitan que el gobierno central destine mayores recursos y un accionar eficaz. Los entes del Gobierno Nacional a nivel regional presentan una baja de recursos y una deficiencia en su personal, esto se convierte en un desafío. Es decir, la recompensa sirve en la medida en que el ciudadano que denuncia se siente estimulado por ella pero después de denunciar no hay fuerza suficiente para que alguien lo proteja, es necesario que a los municipios y territorios se les de ‘dientes’ para poder reaccionar frente a esta situación.

 

¿Qué tantas expectativas hay frente al nuevo Gobierno?

Tenemos expectativas positivas porque el Gobierno entrante aseguró en su campaña que necesita recuperar la presencia del Estado, eso se debe ver no solo desde una presencia meramente en armas, sino una inversión que garantice destinación de recursos sociales en obras, programas técnicos y tecnológicos. Así mismo, generar nuevas oportunidades a las generaciones que van saliendo o alguien los va a reclutar. No se trata solamente un incremento de pie de fuerza que no necesariamente resulta ser tan efectivo. El problema es generalizado, se necesita  una presencia más efectiva, no solo en acompañamientos y normas, sino en destinación de recursos.

 

¿Qué necesitan regiones como San Luis y Aipecito?

La inversión en estas zonas es importante y no lo hace una sola alcaldía, la recuperación es un deber de por lo menos cinco gobiernos. Son zonas bonitas con una gente increíble pero las condiciones del Estado terminaron marginándolas.  Es necesario que se haga mayor presencia del Estado comenzando por las vías, temas de salud, educación y hasta cultura. El acceso a la zona occidente de Neiva se podría realizar en una hora pero debido a las pésimas condiciones de las carreteras se realiza en tres horas, solo eso constituye un reto. Así mismo, mejorar la presencia de la Policía Nacional que finalmente es la fuerza que le puede brindar garantía a la ciudadanía y es un desafío también para la ciudadanía recuperar la confianza en las instituciones que no conoció.

 

Volviendo al tema de los asesinatos de líderes sociales, ¿Sirven de algo las movilizaciones que se han realizado?

Yo creo que sirven. Si vemos la historia en América Latina nos damos cuenta que las movilizaciones ciudadanas han tumbado Gobiernos, pero no se pueden quedar en una actividad de la tarde, se deben generar redes ciudadanas donde los gremios, ediles, presidentes de juntas, iglesias, universidades, redes de maestros y organizaciones sindicales trabajen en la protección de sus líderes. En Neiva tenemos una deuda y estamos trabajando para presentar a la Jurisdicción Especial para La Paz, lo que sucedió y mostrar pruebas, para poder reparar. Es decir, estas marchas sirven pero no se debe quedar en una indignación de Facebook.

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