Las raciones contratadas y pagadas pero no entregadas por parte de Alimentación Huila pusieron en evidencia algunas de las anomalías en estos contratos.

RICARDO AREIZA

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Después de una rigurosa investigación, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal a uno de los grandes operadores del programa de Alimentación Escolar, por quedarse con las raciones destinadas para estudiantes de escasos recursos, matriculados en escuelas y colegios oficiales.

Por estos hechos debe responder la Unión Temporal Alimentación Huila, representada legalmente por Luz Mabel Pinzón Arenas y sus socios, la Fundación Naturaleza y Vida (Fundavi), representada legalmente por Luz Mabel Pinzón Arenas y la Fundación Fomento Social representada legalmente por Juan Manuel Rojas Rojas, ambas de Cali.

El consorcio sigue operando este servicio varios municipios del país, incluyendo el Huila.

Los faltantes en las raciones pagadas pero no suministradas son extremadamente graves. Este año, por ejemplo, el programa atiende en total a 119.511 estudiantes de 1.461 sedes educativas.

El contrato adjudicado por regiones contempla 132.279 raciones diarias por valor total de 47.603 millones de pesos. En un solo día que no se preste, se dejan de entregar 132.279 raciones se quedan en el bolsillo de los operadores.

Las anomalías fueron denunciadas inicialmente por el personero de la localidad, Nicolás Andrés Murcia Ortegón, argumentando un incumplimiento en las cantidades de alimentos suministradas por el proveedor en algunas instituciones educativas del Municipio de La Plata.

Las irregularidades se registraron en mayo de 2016 comparadas con la minuta patrón del Programa de alimentación escolar.

Según la Personería, el incumplimiento afectó a los estudiantes de las instituciones educativas San Vicente, sede Las Brisas, San Miguel, Yu Luucx Pishau, sede Potrerito,  Monserrate, Villa de los Andes y sede El Coral.

El agente del Ministerio Público advirtió que las cantidades de alimentos suministradas por el proveedor en las actas de mercado y las establecidas en la minuta patrón del PAE,  no coinciden, lo cual, en su criterio, genera un daño patrimonial por faltantes de alimentos entregados por los proveedores.

Además, resaltó las deficiencias en los controles que se deben ejercer en la operación del programa de alimentación escolar.

El personero Nicolás Andrés Murcia denunció las anomalías.

Un Comité arbitral convocado a iniciativa de la Personería y de la Gobernación,  decretó inicialmente una indemnización a cancelar por parte de la Unión Temporal Alimentación Huila estimada en cien millones de pesos. Esta cifra estaba representada en raciones adicionales de servicio de alimentación en las mismas condiciones de calidad, cantidad y precio contemplados en el negocio por concepto de compensación por los perjuicios causados por el incumplimiento.

La situación no era la única. El mismo panorama se registraba en otras regiones, lo que originó una reunión extraordinaria. Un informe conocido sobre la evaluación realizada estipuló en términos generales la tasación de multas a los operadores por incumplimientos en la prestación del servicio de alimentación escolar  correspondientes al mes de junio de 2016.

El documento reseñó la cantidad de quejas, el tipo de complemento, la cantidad de raciones, el valor unitario de ración, el valor total, y los respectivos descuentos.

El informe sólo relaciona en tres tablas las variables: “dotación incompleta o dejada de dar”, “suministro implementos de aseo” y “raciones dejadas de dar”.

No se precisan fechas ni instituciones educativas. El valor total del descuento se consigna en una tabla final y se cuantifica en la suma de $30.936.801,30. El informe no incluyó todos los faltantes denunciados por el Personero de La Plata.   Aunque hubo un acuerdo para devolver las raciones, el operador no se salvó.

“Así las cosas, existe certeza del daño al erario, elemento esencial de la responsabilidad fiscal, ante el incumplimiento por parte del operador en la entrega de alimentos contratada y que le fuera cancelada”, confirmó la Contraloría General de la República al imputar la responsabilidad fiscal.

Las raciones fueron compensadas en otros municipios, pero no en los centros educativos San Vicente, Yu Luuck Pishau, Sede Potrerito, Villa de Los Andes, San Miguel, Sede Las Brisas, Monserrate, Sede El Coral en el municipio de La Plata.

La otra cara

El supervisor Rafael Enrique Barrero Jaramillo, confirmó los faltantes aunque admitió que nunca fueron comunicados.

“Por esa razón, se e realizaron visitas a tres instituciones educativas antes de que salieran a vacaciones y en las otras tres después del periodo vacacional, visitas en las que se encontraron irregularidades puestas en conocimiento del operador, acorde con la ficha técnica vigente para esa negociación”.

La tasación de incumplimiento referentes a la dotación de personal, suministro implementos de aseo y la no prestación del servicio sin justificación válida o sin permiso de la Secretaría de Educación fue estimada  en $30, 93 millones de pesos.

“Sin embargo- dijo- la Gobernación del Huila buscó una indemnización por todos los perjuicios causados en el trimestre de abril a junio de 2016 por mal funcionamiento del operador de la zona 1, dejar de dar raciones escolares, no tener dotación completa, no entregar alimentos de aseo, entre otros, los cuales fueron reconocidos por el operador”.

El reconocimiento generó una indemnización por cien millones de pesos, superior a lo encontrado en las visitas y quejas llegadas a la Secretaría.

Por su parte, Juan Manuel Rojas Rojas, uno de los miembros del consorcio, y representante legal suplente, admitió las fallas pero aseguró que “el hecho irregular fue subsanado con el comité arbitral que se realizó en la Bolsa  Mercantil, que administra el sistema de ofertas públicas.

La unión temporal realizó la compensación equivalente a cien millones de pesos, corrigiendo los faltantes de gramaje en las instituciones educativas de La Plata donde se reportaron las anomalías en el suministro de las raciones.

Rojas Rojas aseguró que la compensación puede comprobarse con las distintas actas que se firmaron por parte de los rectores de cada institución y que reposar en la Gobernación.

El operador mencionó que atendieron la situación de cada uno de los 61 hallazgos reportados los cuales fueron subsanados y que cuenta con la lista de los mercados entregados, razón por la cual considera que no está incumplido en dichos aspectos.

Sin evidencias

Sin embargo, para la Contraloría puso en duda la devolución  y estimó que no hay evidencias de esa compensación.

“Como se observa- dijo- no se detallan o soportan a que se refieren los 61 hallazgos, las instituciones educativas donde se presentaron, el valor que correspondería compensar por estos valores, tampoco obran las actas que permitan determinar que fueron subsanadas”.

Por el contrario, estimó que la documentación aportada por la Gobernación del Huila  para argumentar que el hallazgo fue subsanado, no evidencia que la irregularidad fuera enmendada.

Las mismas dificultades quedaron plasmadas en otro oficio sin número, enviado el 7 de julio de 2016  a Juan Carlos Casallas Rivas, director de Contratación, para iniciar la declaración de incumplimiento de la operación bursátil.

La Sociedad Comisionista de Bolsa (Correagro) igualmente reportó a la Bolsa Mercantil las mismas dificultades.

Además, reportó la falta de carpetas de control establecidas en la Ficha Técnica de la negociación y  la falta de pago a manipuladoras y proveedores, según las quejas presentadas por rectores de instituciones educativas de los municipios de La Argentina, Santa María y Aipe, todas dirigidas al supervisor Rafael Enrique Barrero.

La Gobernación, a juicio de la Contraloría, no ejerció los controles debidos, ni verificó las compensaciones.

Incumplidos

En el estudio de las denuncias se concluyó que las medidas de compensación operaron para otros municipios, pero no para las instituciones educativas de La Plata.

Los faltantes de alimentos entregados por los proveedores no fueron incluidos en los respectivos planes de mejoramiento ni corresponden a los advertidos por el organismo de control.

“Los hechos reprochados no se encuentran incluidos en la mencionada indemnización a favor del Departamento equivalente a la suma de cien millones de pesos. Tampoco se evidencian devoluciones efectivas de los referidos faltantes de alimentos en los establecimientos educativos, objeto de la investigación”, concluyó la Contraloría.

“Pese a lo estipulado en el pacto suscrito por las partes ante la BMC sobre un arreglo total y definitivo respecto al negocio hasta esa fecha y que no podía pretenderse indemnizaciones, sanciones o descuentos adicionales, ello no implica que las irregularidades evidenciadas por la Contraloría dejen de constituirse en un detrimento al patrimonio estatal”, concluyó el organismo fiscalizador.

“Por el contrario deja de presente que por parte de la Gobernación no se realizó un estudio acorde a la realidad de la prestación del servicio del programa de alimentación escolar en la zona 1 del Departamento”, precisó.

“El operador, no obstante, estar enterado de las visitas practicadas por los funcionarios de la administración municipal de La Plata, a través de sus trabajadores y las actas suscritas en el momento de la visita; no adelantó gestión alguna para hacer la reposición de estos alimentos, acorde con lo evidenciado con el material probatorio obrante en el proceso”.

Daño patrimonial

“No existe evidencia de que las irregularidades investigadas en el presente proceso formaran parte del acuerdo fruto del Comité arbitral pues como ya se ha dicho no se hizo ninguna referencia a las diferencias en las cantidades de alimentos entregados en comparación con la minuta patrón del Ministerio de Educación. Tampoco que hayan sido objeto de planes de mejora o compensación alguna en los centros educativos de La Plata.

En esas condiciones, se quebrantaron los lineamientos técnicos, administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades territoriales, los actores y operadores del programa estatal.

Con el material probatorio, la Contraloría determinó la existencia del daño al patrimonio público por parte de los operadores.  Por lo tanto, consideró que la Unión Temporal conformada por las dos entidades no cumplieron a cabalidad las obligaciones previstas en el contrato.

El material probatorio recaudado-precisó- evidencia la certeza que en su calidad de operador del PAE en la zona 1 del Departamento del Huila durante la vigencia 2016 omitió la entrega de algunos insumos alimenticios en las cantidades reglamentadas por el MEN. “Pese a ser conocedor de esta situación no se evidencia su gestión para corregirla”.

“La gestión desplegada por las dos fundaciones integrantes de la Unión Temporal permitió la ocurrencia de los hechos irregulares que hoy se investigan como un presunto faltante al erario y que lo hacen responsable fiscal solidario por el valor del detrimento”, concluyó la entidad fiscalizadora.

Además, le imputó responsabilidad al supervisor, Rafael Enrique Barrero.  “Su papel de supervisor le exigía una mayor diligencia, realizando un adecuado y oportuno seguimiento a la inversión de los recursos públicos en procura de que estos fueran utilizados acorde a los principios de eficacia, eficiencia y economía y omitió este deber legal.

“Con sus conductas omisivas tanto el operador del PAE de la zona 1 como del Supervisor del programa por parte del ente territorial, incumplieron gravemente sus deberes y este incumplimiento trajo como consecuencia directa la ocurrencia del daño al patrimonio estatal, la carencia de una adecuada supervisión y seguimiento, evitó que se exigiera a los operadores la devolución o compensación de las cantidades que se dejaron de entregar en las instituciones educativas ya señaladas”, concluyó la Contraloría.

La minuta contratada  

La prestación del servicio de alimentación escolar (PAE) para estudiantes de instituciones públicas de las jornadas mañana- tarde y almuerzo en la modalidad preparación en sitio tuvo un costo 31.583 millones de pesos.

El contrato de comisión 142 del 29 de febrero de 2016 fue celebrado con Correagro S.A., sociedad comisionista miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia.

En desarrollo de este negocio y teniendo como comisionista vendedor a Comisionistas Financieros Agropecuarios (Comfinagro), la Unión Temporal Huila asumió la operación mercantil en la zona 1, que incluye a los municipios de Aipe, Altamira, Íquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Palermo, El Pital, Santa María, Tarqui, Teruel, Villavieja y Yaguará. El contrato inició el 28 de marzo de

2016.

Durante su ejecución se determinó la irregularidad en el suministro de los alimentos, lo que generó la investigación. Los incumplimientos del operador, según la misma Gobernación,  fueron subsanados a través del Comité Arbitral 172 realizado en la Bolsa Mercantil, con participación de Correagro, Comfinagro, funcionarios de la Gobernación y miembros de la Unión Temporal Alimentación Huila.

Las partes, acordaron como compensación por los perjuicios causados por el incumplimiento de la operación, la entrega de cien millones de pesos representados en raciones adicionales.

Sin embargo, en el caso de La Plata, no hubo compensación. Las actas de la entrega que no fueron adjuntadas ni  los planes de mejoramiento correspondientes.

 

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