El inicio del juicio por las irregularidades en la contratación de las obras del estadio quedó para febrero de 2019.

RICARDO AREIZA

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Con abundante material probatorio, improvisación y reiterados aplazamientos,  la Fiscalía avanzó ayer en el descubrimiento de las pruebas por las irregularidades detectadas en la ejecución de la remodelación del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’ de Neiva.

Con más de 26.000 folios, el fiscal 17 seccional, Rodrigo Hernández Fierro, soportó la acusación. Sin embargo, por demoras en su descubrimiento, lo que originó varias reclamaciones por la bancada de la defensa, el inicio del juicio oral quedó programado para febrero del año entrante.

La audiencia había sido convocada inicialmente para el 6 de marzo pasado pero fue reprogramada por expresa solicitud de la Fiscalía para el 4 de abril. Ese día, también fue diferida para ayer miércoles mientras se legalizaban evidencias y soportes técnicos, improvisadamente incorporados.

La acusación fue radicada el primero de diciembre de 2017, pero se adicionó en marzo y abril, lo que interfirió en el desarrollo del proceso verbal que no podrá culminarse este año.

El juez Tercero Penal del Circuito, Jorge Enrique Luna, acogió los reclamos de la defensa y programó para el 15 de febrero la reanudación de las diligencias.

Al proceso fueron vinculados el ex alcalde Pedro Hernán Suárez, su jefe de Contratación, Carlos Fernando Puentes y el ex director de Deportes Carlos Alberto Ramos Parrací, quienes responderán, en calidad de servidores, como posibles coautores por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado en beneficio de terceros, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

Además, fueron vinculados, los contratistas, Gustavo Adolfo Arboleda, Miguel Alejandro Lozano y Erika Fernández, acusados formalmente por las mismas conductas pero a título de intervinientes.

También fue vinculado el curador urbano de Neiva Mauricio Vargas Cuéllar, encargado de la expedición de las licencias de construcción, quien responderá por los supuestos delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en calidad de coautor.

Sin presupuesto

La obra se puso en marcha sin recursos, sin tener claridad sobre los costos y la inversión total. “No se tenía la totalidad de los recursos para la realización del proyecto y aun así se celebró el convenio con Coldeportes”, explicó el fiscal.

De acuerdo con la convocatoria realizada entre el 15 de abril y 30 de mayo de 2013, avalada por Coldeportes,  los proyectos seleccionados para su cofinanciación, de entre los 1334 presentados a nivel nacional, fueron aquellos que contaban con recursos para su total financiación.

El convenio se suscribió por un valor de 21.200 millones de pesos incluido el valor de la interventoría. Después, tuvo dos adiciones, una por 3.450 millones y otra por 4.234 millones autorizadas por el gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte y el alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez.

Estos recursos, según la Fiscalía, “no eran suficientes para terminar la obra, pues se requería aproximadamente 12.000 millones adicionales para ello”.

“El presupuesto no era aproximado, razonable, confiable y oportuno para la obra a ejecutar, dada la variedad de los mismos y aun así, el jefe de la administración municipal delegó para que se suscribiera el contrato 1758 de 2014”, reseña el estudio financiero que se incorporó en el descubrimiento probatorio.

El proyecto contemplaba inicialmente un presupuesto estimado en 43.603 millones para la primera etapa del proyecto. Otro presupuesto total de adecuación del estadio sin contemplar urbanismo, ascendía a la suma de 45.658 millones.  Este presupuesto contemplaba la primera etapa de la adecuación y construcción de las tribunas oriental y occidental, adecuación de la cancha, camerinos, baterías sanitarias, sala de prensa y otros servicios. El costo ascendía a la suma de 31.225 millones.

Estos valores fueron presentados por la administración durante el desarrollo y ejecución del proyecto y sirvieron para soportar la adición ante el Ocad.   “Esto reafirma que no existía un presupuesto aproximado para la obra a realizar sino completamente desfasado”.

Una vez conseguidos se realizaron los estudios previos con otro presupuesto por 19. 999 millones de pesos con un plazo de diez meses.

El estudio estuvo a cargo del entonces director de Deportes, Carlos Alberto Ramos. El funcionario alegó que una vez iniciado el proceso de contratación fue separado de la supervisión, sin que hubiera participado con las fases que siguieron.

El proyecto original contemplaba la remodelación de todo el estadio y así fue seleccionado y priorizado por Coldeportes.

Sin embargo, el proyecto fue modificado para ejecutarlo por etapas sin ninguna justificación técnica, administrativa y financiera para tomar esa decisión.

“En ese caso, -dijo- se debía realizar un nuevo estudio preliminar de necesidad, justificación y oportunidad, entre otros, para determinar la viabilidad técnica de dicha modificación y elaborarse un presupuesto aproximado para la fase de obra a ejecutar y no se hizo”.

Iniciado el proceso de contratación, los pliegos fueron oficiosamente modificados. Al cierre de la licitación solo se presentó como único proponente el consorcio Estadio 2014, representado por Miguel Alejandro Lozano, quien se quedó con el contrato por valor de 19.999 millones, contemplando dos adiciones presupuestales posteriores definidas en el 2015; la primera, por parte de la gobernador Carlos Julio González 3.450 millones dejadas por su antecesor; y la segunda, por 4.234 por parte el alcalde de Neiva Rodrigo Armando Lara para un total de inversión de  28.884 millones de pesos.

La licitación, según la Fiscalía, estuvo orientada a favorecer a los contratista

Adiciones de obra

Para justificar las nuevas inversiones, según las pruebas de la Fiscalía, desde la ejecución de la obra se adicionaron  desproporcionadamente mayores cantidades de obra para incrementar el presupuesto, aun sabiendo que los recursos disponibles no eran suficientes para ejecutar una obra de gran envergadura. Por esa razón, de acuerdo con el informe oficial, el presupuesto se adicionó en un 50% y aun así resultaba insuficiente.

En estas condiciones, dijo, “se dilapidaron los recursos económicos invertidos con graves fallas en la construcción, debido a que se elaboró con estudios de vulnerabilidad sísmico-residente obsoletos, lo que conllevó al detrimento económico del Estado, en cuantía de 24.478 millones de pesos por el despilfarro doloso de los recursos con el ánimo de que un tercero se apropiara de ellos”.

Sin diseños

Para la fecha de recibido del Contrato de Consultoría No. 921 de 2012 (28 de diciembre de 2013), no se contaba con todos los diseños del proyecto de ampliación del estadio. Solamente existían 9 planos estructurales fechados en Noviembre de 2013 insuficientes para ejecutar la obra de esas dimensiones.

La interventoría no ejerció su función de seguimiento técnico administrativo y financiero. Tampoco se cumplió el objeto del contrato de interventoría. Sin embargo, se suscribió el acta de entrega y terminación y para rematar se liquidó por el valor total del mismo, sin que se acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que hubiere lugar.

En estas condiciones no se hizo la revisión del estudio de vulnerabilidad sísmica ni se hizo el reforzamiento estructural de acuerdo con las especificaciones técnicas recomendadas.

Sin estudios

La cuestionada remodelación se tramitó con estudios de vulnerabilidad y sismo resistencia obsoletos. Los estudios de vulnerabilidad sísmica, patológica, estructural, análisis y diseño de la solución de reforzamiento o intervención de la tribuna occidental fueron realizados en al año 2010 sin contemplar las adiciones, modificaciones, ampliaciones y nuevas obras como las ejecutadas.

Los documentos que descubrió la Fiscalía y que hará valer en el juicio oral programado para febrero del 2019  señalan que el proyecto se inició sin la respectiva licencia.

La autorización se obtuvo en desarrollo del proceso de licitación No.004 de 2014, según Resolución No.226 de 2014  expedida el 19 de noviembre de 2014.

De acuerdo con el descubrimiento probatorio y las evidencias obtenidas la licencia de construcción se expidió irregularmente, se soportó en estudios obsoletos y no contemplaban las adiciones o modificación a la estructura existente. Esos estudios no servían para obtener la citada licencia. En su criterio, debía acreditar un  nuevo estudio de vulnerabilidad sísmica.

Además, según la tesis del fiscal del caso, en esa época no se contaba con las licencias, aprobación de planos y permisos necesarios, por parte de las empresas de servicios públicos.

El convenio suscrito con Coldeportes, la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva, que sirvió para el desembolso de los recursos se firmó un mes y veinte días antes de que se entregaran los estudios y diseños del proyecto por parte de la consultoría.

“Sin estos estudios, esenciales para iniciar el proyecto, no se debía suscribir el convenio, lo que vulnera el principio de planeación”, anotó el fiscal.

El funcionario judicial documentó igualmente otro tema clave que originó las primeras investigaciones por parte del gerente regional de la Contraloría Omar Castro Parra.

El presupuesto asignado para el reforzamiento estructural del sector oriental del estadio fue eliminado inexplicablemente durante la ejecución del proyecto al disponer la demolición de la estructura en este costado, contrariando el proyecto final presentado y viabilizado por Coldeportes.

Pero además, contrariando el concepto técnico del equipo de arquitectura y diseño de la consultoría que planteó la conservación de las tribunas occidental y oriental interviniéndolas con procesos de reforzamiento estructural que garantizaran su estabilidad.

No obstante, este cambio no contemplado, implicó el traslado de los recursos previstos inicialmente para realizar el reforzamiento.

Inexplicablemente, los contratistas con el aval de la interventoría modificaron el objeto del convenio en el ítem de reforzamiento estructural que contaba con un presupuesto de 2.153 millones de pesos. Esta cifra se redujo  finalmente se redujo a una inversión total irrisoria de 2,05 millones de pesos, para la estructura de la tribuna occidental.

Direccionamiento

El fiscal 17 delegado, Rodrigo Fernández Fierro reiteró que en el proceso licitatorio (desde los estudios previos) hubo un claro direccionamiento orientado a favorecer al único contratista que se presentó.

“Los pliegos definitivos fueron ajustados a circunstancias financieras, técnicas y experiencia que representaba el consorcio Estadio 2014, negando cualquier posibilidad que se presentaran otros proponentes”, argumentó la Fiscalía.

Los pliegos fueron hechos a la medida del contratista: primero, fijó un requisito habilitante que solo el representante del consorcio Estadio 2014 podía demostrar: experiencia de 30 años y  haber construido o remodelado dos estadios en los últimos ocho años.

Para rematar, disminuyó el capital de trabajo, exigido en los pliegos (se redujo del 50 al 35%)  y subió el nivel de endeudamiento (pasó de ser igual o mayor al 30% lo fijó en igual o mayor al 35%).

También ajustó la cantidad de acero a las condiciones del contratista. Se pasó de 450 toneladas a ejecutar en el proyecto que no cumplía a sólo 40 toneladas de acero.

Además,  se determinó que la suma de dos contratos de obra aportados en la experiencia específica, sea equivalente al 50% del presupuesto oficial del proyecto. Igualmente estipuló que el área mínima intervenida en los contratos que acrediten la experiencia sea de 20 mil metros cuadrados.

En estas condiciones, según el escrito acusatorio, se vulneró el principio de selección objetiva “al direccionar el contrato hacia este proponente en la etapa de tramitación.

El desplome de la tribuna occidental, sin estudios de vulnerabilidad sísmica, ocurrida hace dos años.

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