La Corporación Reiniciar documentó el exterminio de la Unión Patriótica en el Huila.

En la década del 80, el país vivió un capítulo verdaderamente vergonzoso: el exterminio al que fueron sometidos los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, UP.

La UP surgió de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno del entonces presidente de la República Belisario Betancur y las Farc. En la retina de los colombianos están hechos como el ocurrido el 11 de octubre de 1987. Ese día fue asesinado por sicarios el máximo dirigente de la UP y excandidato presidencial Jaime Pardo Leal.

La ‘ola’ de asesinatos fue imparable y el Gobierno Nacional fue incapaz de frenarla. Hasta el candidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa, murió abaleado en pleno aeropuerto El Dorado en Bogotá.

OLA DE TERROR

Y no fueron sólo asesinatos. El exterminio de la UP dejó heridos, desaparecidos y decenas de desplazamientos. El Huila no fue ajeno a ese clima de terror.

«A mí me tocó salir desplazado del municipio de Algeciras. Fuí víctima de dos atentados y sobreviví, pero hubo muchos compañeros que no corrieron con la misma suerte», recuerda el abogado Libardo Chilatra Velandia. También evoca cómo militantes de la UP debieron exiliarse en otras regiones del país y del mundo.

Según la Corporación Reiniciar, que se ha encargado durante los últimos 15 años de documentar el exterminio de la UP, uno de los casos más tristes ocurrió en el municipio de Palestina. En octubre de 1985, desconocidos irrumpieron en un predio y asesinaron al concejal Jaime Loaiza, su hijo Yesid, Martín Humberto Coy y Jesús María Galindo.

Un hecho similar se registró tres años después en la vereda Bajo Retiro de La Plata. Las víctimas mortales fueron tres integrantes de la familia Suns Quina. Hombres armados, sin Dios ni Ley, llegaron disparando.

Eliecer Ipúz, Delio Medina, Donaldo Tovar, son algunos otros nombres que dejó el exterminio de la UP en el Huila.

La coordinadora de Reiniciar, Paola Medina Charry, dijo que la corporación ha logrado documentar además 40 casos de desapariciones forzadas.

¿AHORA QUÉ?

Los familiares de las víctimas y sobrevivientes del exterminio de la UP aguardan con expectativa el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría derivar en reparaciones individuales, colectivas y hasta políticas.


Lo que estudiará la Corte IDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó recientemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del exterminio de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica en Colombia.

El caso se relaciona con las sucesivas y graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político UP en Colombia a partir de 1984 y por más de 20 años. Estos hechos fueron calificados como un exterminio en el informe de fondo y se estableció que los mismos alcanzaron una gravedad y magnitud inusitadas.

Los hechos involucran desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio en contra de integrantes y militantes de la UP, perpetrados tanto por agentes estatales como actores no estatales con la tolerancia y aquiescencia de aquellos. Por ello, la CIDH determinó la responsabilidad del Estado en sus dimensiones de respeto y de garantía. El Estado reconoció su responsabilidad internacional únicamente por el incumplimiento del deber de garantía, en su componente de protección, por no haber prevenido los asesinatos y demás actos de violencia en contra de los miembros de la Unión Patriótica, pese a la evidencia de que la persecución en su contra estaba en marcha.

Por otra parte, la Comisión determinó que ciertas víctimas del caso fueron sometidas a criminalización infundada o uso arbitrario del derecho penal y torturas, en el marco de varios casos, por lo que concluyó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial.

Igualmente, la CIDH concluyó que el Estado violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación, en virtud de que el móvil de las graves violaciones de derechos humanos, del exterminio y de la persecución sostenida en contra de las víctimas fue su pertenencia a un partido político y la expresión de sus ideas a través del mismo.

La Comisión también dio por probado que las víctimas del caso fueron constantemente estigmatizadas a través de declaraciones de funcionarios públicos y actores no estatales, incluyendo calificativos como terroristas, o brazo político de las Farc, estigmatización que tuvo un efecto en la grave violencia desatada en su contra, por lo que determinó que el Estado violó su derecho a la honra y dignidad.

En cuanto a la investigación de los hechos, la CIDH determinó que las investigaciones adelantadas por el Estado respecto de los hechos del caso han sido incipientes e insuficientes, y no han logrado proveer, ni a las víctimas sobrevivientes, ni a los familiares de las víctimas fallecidas, ni a la sociedad colombiana en su conjunto, de un verdadero esclarecimiento sobre las responsabilidades del exterminio contra los integrantes y militantes de la Unión Patriótica, por lo que concluyó que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales y protección judicial.

Finalmente, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a la integridad de los familiares de las víctimas del presente caso, tomando en cuenta la magnitud y gravedad de las violaciones y el impacto que tuvo en estos.

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