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Una fuerte polémica generó en el país la expedición de dos resoluciones para aspirar al cargo de Contralor General de la República, por parte de la Mesa Directiva del Congreso. Las suspicacias que generó el cambio de los requisitos para la postulación se relacionan con el evidentemente beneficio a José Félix Lafaurie, uno de los 60 preseleccionados al cargo.

La Procuraduría acompañó el proceso por sugerencia del senador Ernesto Macías, presidente del Congreso. La Universidad Industrial de Santander (UIS) realizó una primera evaluación y seleccionó a 60 de los 109 postulados. En una segunda selección, los candidatos debían presentarse en una audiencia pública ante una comisión especial que tenía la tarea de escoger a los diez finalistas.  Mañana martes, los postulados serían escuchados en las plenarias del Senado y Cámara de Representantes. El propósito, es que los parlamentarios tuvieran la suficiente información para que el próximo jueves 16 de agosto, escogieran en pleno al sucesor de Edgardo Maya.

Sin embargo, el cambio de la Resolución 007, que en el artículo 4 definió los impedimentos para la convocatoria, desató la polémica. Inicialmente, en la convocatoria se señaló que “No podrá ser elegido contralor general quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes”.

Asimismo, entre las causales de inadmisión o exclusión se estipuló “tener vínculos dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los miembros del Congreso que participen en la elección por mandato constitucional”.

Todos los partidos iniciaron un fuerte un lobby para la designación del nuevo Contralor. Entre los postulados suenan con fuerza Felipe Córdoba, exauditor general; Gilberto Rondón, exrepresentante a la Cámara, Wilson Ruiz, exmagistrado de la Judicatura, José Joaquín Plata, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y Lafaurie, quien recibió una muy baja calificación de su hoja de vida.

El cambio

La Red de Veedurías denunció que el mismo 19 de julio se expidió una nueva resolución, la 008, en la que se suprimió el impedimento para que los postulados tuviesen vínculos con los congresistas, beneficiando a José Félix Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, actual senadora del Centro Democrático.

Los veedores aseguraron que esta modificación es inconstitucional, ya que la Carta Magna en su artículo 126, señala que los servidores públicos “no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”.

La Red pidió al viceprocurador Juan Carlos Cortés, una investigación respecto a esta modificación, porque evidentemente estuvo direccionada para beneficiar a Lafaurie. “Más grave resulta la preocupación de esta Veeduría, que al verificar el listado de candidatos inscritos a la convocatoria y advertir que, con la eliminación de la causal, al único que podría beneficiar es al actual presidente del gremio Fedegan, José Félix Lafaurie Rivera, compañero sentimental de la congresista María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, en el cual también milita el presidente Iván Duque Márquez”, manifestaron.

Asimismo, los veedores pidieron que se respetara el principio de separación de poderes, la independencia y autonomía de los órganos de control del Estado. Finalmente, solicitaron la apertura formal de una investigación disciplinaria para los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, respectivamente, así como por sus secretarios generales, Gregorio Eljach y Jorge Humberto Mantilla; quienes suscribieron la nueva resolución.

Algunas voces cercanas a la Mesa Directiva del Congreso aseguraron que evitaron un prevaricato, ya que la Constitución Política establece la inhabilidad para el congresista y no para los postulados; y que, en este caso particular, la senadora Cabal, debería declararse impedida y no participar ni en de las plenarias de presentación de los candidatos, ni en la votación.

Acciones legales

La Red solicitó a la Procuraduría una intervención preventiva integral de todo el proceso, incluyendo la revisión de las hojas de vida de los seleccionados; e instauró una tutela contra la convocatoria del proceso de elección de contralor, la cual fue admitida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá; en la que se pide “el amparo a la debida información, publicidad, claridad y transparencia”.

Sin embargo, y pese al escándalo, se asegura en los pasillos del Congreso que el jueves próximo se realizará la elección del Contralor. Esta designación se ha catalogado como el primer pulso del gobierno Duque, pues quedará en evidencia si la coalición de partidos afines al Gobierno es mayoría o no.

 

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