En momentos en que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, está anunciando un “nuevo Programa de Alimentación Escolar, PAE, que tenga un estricto control de los recursos, mejor inversión, con transparencia y calidad”, la Procuraduría General de la Nación ‘enfiló baterías’ contra quienes están haciendo mal manejo de la comida de los niños en las regiones.

Ayer, el órgano de control ordenó investigar al alcalde del municipio de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, por presuntas irregularidades en la contratación de la alimentación escolar en el valle de laboyos, y puso su ‘mira’ en otras entidades territoriales con otras decisiones.

Frente al caso del alcalde, Rico Rincón, la Procuraduría señala al mandatario de presuntas irregularidades en la celebración de tres contratos con la polémica Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada. Esta cooperativa es la misma que según la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, es “controlada” por Germán Trujillo Manrique, esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González Villa, y quien actualmente tiene detención domiciliaria por apoderarse de la plata de la alimentación escolar en el departamento de Santander.

Los contratos firmados entre el alcalde de Pitalito y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada suman más de $7.800 millones.

El año pasado, por ejemplo, el alcalde Rico Rincón firmó la Resolución 110 de 2017, a través de la cual le adjudicó a Surcolombiana de Inversiones un contrato por más de $2.555 millones, que tenía como objeto garantizar el servicio de alimentación escolar. El acto administrativo asegura que a la licitación de ese contrato se presentaron Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, Consorcio Pae Pitalito y Unión Temporal Vida Sana y que luego del proceso correspondiente, se consideró que la Cooperativa fue el único proponente habilitado.

El contrato fue celebrado entre el mandatario de los laboyanos y Luisa Fernando Flores Rincón, representante legal en ese entonces de la polémica cooperativa. Ella fue capturada en noviembre de 2017 y acaba de ser condenada a 42 meses de cárcel como contratista del PAE en pueblos santandereanos. Flores Rincón, cuya condena deberá pagar en centro carcelario, admitió los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado a favor de terceros, falsedad en documento público y privado. También fue condenada al pago de una multa por 742 millones de pesos y quedó inhabilitada por 58 meses para ejercer funciones públicas.

¿QUÉ INVESTIGA LA PROCURADURÍA?

De acuerdo con la Procuraduría, en la celebración de contratos con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada, se investiga un presunto direccionamiento de la contratación a favor del operador.

“Este presunto direccionamiento habría vulnerado los principios de responsabilidad, transparencia, y el deber de selección objetiva”, aseguró el órgano de control.

Por estos mismos hechos, será investigado el exsecretario de gobierno de Pitalito, Jorge Enrique Motta Carvajal, quien en algunas ocasiones fungió como alcalde encargado en el gobierno de Pedro Martín Silva.

La decisión de la Procuraduría se produce cuando el alcalde de Pitalito Miguel Antonio Rico Rincón ha decidido interrumpir sus tormentosas vacaciones y reasumir el cargo en el día de hoy jueves. El mandatario salió a vacaciones a finales de julio, pero fue capturado acusado de ser el “determinador” del asesinato del expersonero Luis Gerardo Ochoa. Estuvo detenido, pero tras las audiencias de rigor fue dejado en libertad.

La Oficina de Prensa de la Alcaldía de Pitalito confirmó que a primera hora, Rico Rincón liderará una reunión con sus asesores jurídicos para analizar el lío disciplinario.

OTRAS DECISIONES

Mientras al alcalde de Pitalito le abrió una investigación formal, la Procuraduría decidió abrir una indagación de carácter preliminar contra la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para el manejo de la alimentación escolar.

Se trata de seis contratos, que la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva celebró con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones.

De estos contratos, el órgano de control se abstuvo de entregar mayores detalles.

 

Germán Trujillo Manrique

La polémica Cooperativa

La Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones se ha convertido en el centro de los escándalos de la alimentación escolar en el país.

Su nombre salió a relucir en el lío penal que tiene con casa por cárcel a Germán Trujillo Manrique. Según la Fiscalía, a través de los contratos de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones en el departamento de Santander, Trujillo Manrique se alzó con más de $2.200 millones. Pagos a proveedores ficticios y millonarios desvíos de fondos, fueron algunas de las irregularidades. Trujillo devolvió el monto del peculado y está a la espera de su condena por aceptación de cargos.

El otro escándalo lo develó hace poco la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Esta entidad le elevó a Trujillo Manrique y a su polémica Cooperativa pliego de cargos por cartelización empresarial en la alimentación escolar de Bogotá.

Históricamente, Germán Trujillo negó su relación con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones. Sin embargo, la SIC documentó lo contrario. Durante una visita de sus investigadores a la Cooperativa, Trujillo Manrique interrumpió de forma “abrupta” la diligencia. Y luego, ordenó a la representante legal de la Cooperativa que no atendiera más la declaración. Como si fuera poco, ‘echó’ de sus instalaciones a los funcionarios de la SIC. La SIC concluyó que aunque Germán Trujillo se identificó como asesor financiero de la Cooperativa, su comportamiento ante quien supuestamente es su empleadora, no correspondió con el propio de un subordinado.

Los sueldos al interior de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones fue otro hecho que llamó la atención de la Superintendencia de Industria y Comercio en sus investigaciones. Mientras la representante legal tenía un salario mensual de menos de $2 millones, Germán Trujillo Manrique tenía una asignación básica mensual como contratista de $20 millones. Igualmente, la Cooperativa le pagó mensualmente a Trujillo honorarios por $80 millones. Adicionalmente, por concepto de anticipos, gastos de representación y varios, recibió de manos de la Cooperativa en 2015 más de $1.500 millones y en el año 2016 otros $1.000 millones.

Hoy, la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada, que tiene como domicilio principal la calle 15 No. 4-35 del barrio Los Mártires de Neiva, es una ‘máquina’ de hacer dinero. A 31 de diciembre de 2017, esta Cooperativa registró activos por $31.090 millones. Sus pasivos se situaron en $7.776 millones, sus ingresos superaron los $131.609 millones y tuvo excedentes superiores a los $1.487 millones. El patrimonio de la Cooperativa se consolidó en más de $23.000 millones.

Pero, ¿Quiénes —al menos en el papel— hacen parte de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones? Como es una entidad de economía solidaria, esta cooperativa tiene un consejo de administración, que está integrado por principales y suplentes. Los miembros principales son: Carmen Peña Rojas, Alba Graciela Muñoz Avendaño, María Davis Rincón de Florez, Luz Alba Martínez Ceballos y José Eduardo Díaz Cortés. Y los suplentes: Juan Mauricio Celis Calderón, Hugo Herney Ávila Perdomo, Álvaro Arango Gutiérrez, Leonardo Urbano Paz y Epigmenio Pacheco Unibio.

La mujer que figura hoy como representante legal es Marcela Isabel Covilla Castillo. La revisor fiscal de la Cooperativa es Sandra Patricia Cardozo Guzmán.

Hace varias semanas, LA NACIÓN reveló que debido a los escándalos, los asociados pensaban cambiarle de nombre a la Cooperativa. Pensaban llamarse Cooperativa para el Desarrollo Social y Nutricional. También pretendían crear una SAS y llamarla Alimentos Sociales de Colombia. Sin embargo, algo pasó y desistieron de los cambios.

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