Juan Carlos Conde Vargas

Parece mentira, quizá una extensión de las novelas macondianas o simplemente de aquellos hechos inexplicables del siglo XXI, pero es verdad: En buena parte de los municipios de Colombia, el espacio público, entendido como aquella vasta extensión de parques y vías que pertenecen a conglomerados organizados políticamente e identificados como municipios (o distritos), están sin el reconocimiento jurídico (títulos de propiedad) que permita una defensa y protección efectiva por parte de las autoridades locales. Un asunto en el cual el Gobierno del presiden Duque debería orientar y respaldar técnica y económicamente.

Se trata de un hecho más que preocupante en especial en los municipios con población inferior a cien mil habitantes, es decir cerca del noventa por ciento (90%), en los cuales estos dos componentes del espacio público -vías y zonas verdes- junto con un alto número de equipamientos institucionales carecen de una matrícula inmobiliaria debidamente asignada por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, generando no solo grandes riesgos en detrimento de la ciudadanía sino una pérdida de oportunidades por cuenta de la imposibilidad que tal situación supone al momento de pretender aprovechamientos económicos ajustados a derecho.

Tres líneas de análisis pueden sugerirse rápidamente. En primer lugar, sobreviene la construcción sobre el espacio público generado con desarrollos urbanos esporádicos o sobre aquellos urbanismos legalmente autorizados. Al no existir información jurídica objetiva, resulta complejo alegar -por ejemplo- la existencia de líneas de paramento o márgenes técnicos (linderos atados a coordenadas) que separen con precisión el espacio público y el espacio privado. En especial en zonas residenciales deprimidas, es normal que las construcciones se adelanten hasta los andenes e incluso hasta el área de circulación vehicular, afectando así los continuos urbanos.

En segundo lugar, se vuelve compleja la inversión pública orientada al mejoramiento, mantenimiento y recuperación del espacio público, como quiera que no se tiene precisión jurídica de cuáles son los metros cuadrados que se van a intervenir, ni qué zonas pueden ser -por cuenta de las indefiniciones- áreas privadas. En este sentido, la problemática no distingue zonas o sectores de alta o baja valorización, y pone en riesgo la correcta utilización de recursos públicos, en la medida en que áreas privadas sin cerramiento pueden estar habilitadas al uso público, sin que lo anterior suponga que se trate efectivamente de espacio público o que sus propietarios no sean conscientes de qué les pertenece.

Finalmente se presenta una problemática en relación con la ocupación temporal o permanente del espacio público, que termina haciendo carrera y constituyéndose en tradición por cuenta de la ignorancia generalizada. Así pues, reconocidos (y también desconocidos) barrios y urbanizaciones que cuentan con vías de alta vocación pública, niegan tal condición a partir del uso de talanqueras o sistemas de acceso restringido en beneficio de pocos, bajo el argumento de tratarse de conjuntos cerrados o urbanizaciones sujetas a propiedad horizontal, lo cual no resulta cierto si se analizan las condiciones de desarrollo y construcción aprobadas en Secretaría de Planeación o en Curadurías Urbanas.

Contar con un inventario de bienes de espacio púbico debe ser una gestión obligatoria y de primer orden para todas las ciudades y comunidades pequeñas del país, que permita la evaluación sobre las condiciones de vías y zonas verdes; una oportunidad no solo para resolver profundos problemas de movilidad que pueden ser solucionados a muy bajo costo (eliminación de barreras), sino para superar debates legales que están saturando los despachos judiciales en detrimento de las mayorías. Se trata de una responsabilidad de los alcaldes y sus equipos de trabajo -no las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos-, así dicha medida resulta impopular y políticamente indeseable.

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