RICARDO AREIZA

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El sendero de interpretación arqueológica, proyectado como una de los íconos para la celebración del bicentenario de San Agustín, naufragó definitivamente.

La imprevisión y la falta de planeación, detectadas desde el comienzo, ocasionaron el hundimiento del proyecto. Además, la negligencia para renovar un permiso para intervenir la vía fue la estocada final que acabó con su viabilidad.

La iniciativa fue concebida en el 2012 como uno de los regalos por la celebración de los 200 años de iniciadas las investigaciones científicas en el parque arqueológico, declarado patrimonio histórico y cultura de la humanidad.

La primera etapa costaba 4.726 millones de pesos. Los recursos provenientes de regalías petroleras se gestionaron y quedaron incorporados pero las falencias que traía lo dejaron sin aire.

“Lamentablemente el sendero arqueológico expiró, quedó cancelado”, confirmó el alcalde Ever Bolaños Jojoa.

“Este sábado vamos a realizar el cierre final de lo poco que se logró recuperar, pero el proyecto original para comunicar el caso urbano con el parque arqueológico ha muerto”, sentenció el mandatario agustiniano.

Aunque suene catastrófico, el cierre final, constituirá la partida de defunción. “Después de mil dificultades realizamos el cierre final con el contratista, realizamos el ajuste y nos toca devolver a Planeación Nacional, 2.200 millones de pesos que no se ejecutaron”, confirmó el secretario de Vías, Henry Lizcano, entidad que realizaba la supervisión.

La contratación

El proyecto se definió en el 2012 y se inició durante la administración del gobernador Carlos Mauricio Iriarte. Esa era una de sus promesas.

El contrato de obra pública No 0984 fue firmado el 29 de septiembre de 2015 entre la Gobernación del Huila y la Fundación por el Desarrollo de Colombia.

La fecha de inicio  fue fijada a partir del 22 de octubre de 2015 y el plazo de ejecución de seis meses. La interventoría se contrató el 14 de octubre de 2015 con el Consorcio Interventoría 2015 por valor de 225 millones de pesos.

El proyecto contemplaba la construcción de 1.584 metros lineales de sendero peatonal en la zona urbana de San Agustín, incluyendo ciclo ruta y andenes adoquinados en la ruta hacia el parque arqueológico.

Según los estudios y diseños la obra se convertiría en un corredor cultural que atravesaría el municipio hasta al parque arqueológico, como otro atractivo turístico. Pero otra fue la realidad.

Sin permiso

El proyecto no contaba con los permisos de intervención temporal por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y de la empresa Aliadas para el Progreso que asumió la concesión de esa vía nacional impidiendo la ejecución de las obras proyectadas.

En compensación el anticipo se ejecutó en la reparación de los parques, también en medio de graves deficiencias.

Las obras fueron iniciadas sin contar con los permisos necesarios, presentaban falencias técnicas y de baja calidad en los terminados.

Dos informes reportaban la misma situación. Uno realizado por la auditoría del Departamento Nacional de Planeación en diciembre de 2017. Otro realizado en febrero de 2018 por un equipo auditor de la Contraloría General de la República. Ambos coincidían en las deficiencias de las obras que se estaban ejecutado.

“En la plaza Cívica, se observaron fisuras en los peldaños, adoquines y losetas desniveladas, juntas irregulares, vegetación en las juntas de las losetas, escombros y no existe una debida señalización; las jardineras y actividades conexas en éstos sitios se encuentran sin acabado, evidenciando abandono de las obras” señaló el informe.

“En el parque Simón Bolívar hay adoquines y losetas desniveladas, juntas irregulares, los andenes están sin remates y terminados, generando problemas de movilidad, existen discontinuidades en los accesos peatonales y el andén del parque sobre la calle tercera termina en cuneta, hecho que dificulta la movilidad, existe mal manejo de los escombros, los remates con las calles conexas no se han finalizado y debido a la falta de iluminación en el parque, éste se está prestando para el consumo de drogas”, concluyó el documento.

En general,-dijo- las obras ejecutadas hasta febrero de 2018, presentaban terminados de baja calidad.

Las obras sin diseños adecuados estuvieron paralizadas.

El proyecto quedó cancelado definitivamente. El plazo inicial de seis meses ampliado luego a 28 meses se agotaron y la obra nunca pudo arrancar como estaba diseñada. Ante la imposibilidad de ejecutarlo, los recursos se invirtieron en la recuperación de los parques.

El avance del proyecto, según el reporte oficial hasta febrero pasado quedó en 32%, contra un avance financiero del 37%.

Sin embargo, el secretario de Infraestructura, Henry Lizcano, afirmó que el proyecto quedó en un 53%, especialmente en los tres parques.

“Las obras ejecutadas no satisfacen las necesidades que fueron planteadas para su contratación y mucho menos los objetivos planteados en el proyecto”, según la evaluación que realizó la Contraloría.

Las inversiones

El organismo fiscalizador precisó que la inversión efectuada por la Gobernación del Huila para el desarrollo del citado proyecto no ha generado ninguna clase de beneficio turístico como motor de desarrollo regional cuantificable”.

Tampoco los objetivos propuestos para la aprobación del proyecto no se materializaron. “La contratación efectuada no ha logrado el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, razón por la cual se establece un daño al patrimonio público determinado en el valor del anticipo pagado”.

El naufragio del proyecto fue provocado por deficiencias en la planeación, inadecuado seguimiento y falta de control. No se contó con un estudio técnico apto en donde se identificarán factores determinantes como la idoneidad, integralidad y viabilidad.

“En éstas circunstancias el proyecto no se desarrolló con eficacia, no cumplió el objetivo general por las deficientes, omisivas y negligentes labores de la supervisión e interventoría contractual.

Los esfuerzos de las autoridades locales y regionales no lograron salvar el proyecto.

Falta de control

Según el documento conocido por LA NACIÓN  el gobierno seccional no le exigió a la Fundación por el Desarrollo de Colombia la ejecución de las actividades pactadas con apego a las cláusulas del contrato. Tampoco se pronunciaron sobre la mala calidad de las obras.

“Las graves deficiencias está generando un deterioro progresivo y continuo de las obras construidas y una responsabilidad fiscal, por el uso ineficiente de los recursos públicos invertidos en el proyecto.

Este hecho puede constituir un detrimento patrimonial estimado inicialmente en 1.799 millones de pesos.

La otra cara

El secretario de Vías e Infraestructura, Henry Lizcano, afirmó que desde que comenzó la actual administración se adelantaron todos los trámites posibles para obtener los permisos ante la Agencia Nacional de Infraestructura y la empresa Aliadas para el Progreso, encargada de la concesión, pero resultó imposible.

“La negativa impidió la intervención de la vía concesionada y frustró el proyecto. Además, los tres parques tenían serias dificultades en materia de diseño, lo que impactó la ejecución de los contratos”, afirmó.

“Hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para asegurar la terminación pero no se pudo. Es claro que el proyecto contó con los permisos necesarios para adelantar las obras por parte del Invías, pero se vencieron”, insistió.

“Frente a las fallas encontradas en terminados y calidad de las obras construidas con la supervisión  de la Secretaría de Vías e Infraestructura, se realizaron las correspondientes y reparaciones en los tres parques intervenidos: San Martín, Simón Bolívar y Plaza Cívica”, explicó Lizcano.

No obstante, aclaró que en los parques hace falta la iluminación. “Eso es lo que queda pendiente. Los parques fueron terminados, logramos adoquinar el sector de la Iglesia, la alcaldía está haciendo el mantenimiento”, aseguró.

Graves omisiones

“Si bien es cierto y está debidamente soportado, la actual administración de la Gobernación de Huila ha realizado las acciones administrativas tendientes a la consecución del objetivo del proyecto y ha agotado todas las posibilidades jurídicas para la consecución del permiso de intervención vial, también lo es que en el ámbito fiscal ello no se traduce en acciones concretas y se reduce a gestiones intermedias o apenas expectativas”, expresó la Contraloría.

El cierre

El Secretario de Vías indicó después de superar múltiples dificultades se logró hacer el cierre de lo ejecutado para hacer los ajustes respectivos y liquidarlo.

“De manera que ya hicimos el cierre, el anticipo se ejecutó y vamos a devolver 2.200 millones de pesos”, confirmó Lizcano.

No obstante, la Contraloría estimó que los recursos del anticipo fueron utilizados para ejecutar actividades no previstas en las áreas intervenidas, tales como pavimento articulado del parque Simón Bolívar, canales de aguas lluvia en el parque San Martin, obras adicionales en el tema de materas y arborización, actividades no previstas.

En total fueron 30 actividades nuevas que no fueron debidamente aprobadas por el Ocad y que se ejecutaron para compensar en obras los recursos que se giraron del anticipo.

En estas circunstancias se configura un daño cierto y no futuro. A pesar de las explicaciones que aportó la Gobernación, estimó que se registró como observación con una posible incidencia fiscal y disciplinaria.

Lo más grave:  es el tercero proyecto para San Agustín que queda en el aire. La casa de la Cultura (Maloka) otro elefante blanco y el Anillo Turístico del Sur, enredado por la corrupción.

Las obras de compensación tuvieron graves retrasos y registraban deficiencias. La Contraloría insiste en están en deterioro. Hoy están subsanadas según el supervisor.

 

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