RICARDO AREIZA/LN

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La tragedia en el estadio de Neiva, ocurrida hace dos años, no fue ocasional.  Las prácticas constructivas inadecuadas desde el inicio de la obra eran recurrentes y pudieron desencadenar un segundo desplome, ocurrido el 19 de agosto de 2016 con un saldo de cuatro muertos y nueve heridos, según lo aseguró ayer el fiscal Quinto Seccional de la Unidad de Vida, Farid Plata Ramírez.

“Los implicados como coordinadores de la ejecución de las obras eran garantes de la vida y la integridad física de sus subordinados. Pasaron por alto el deber objetivo del cuidado por la vía de un comportamiento omisivo trascendente a ellos atribuido. Este tuvo incidencia causal en la muerte de cuatro trabajadores y en las lesiones ocasionadas a otros nueve”, apuntó al formular la acusación contra el equipo directivo del consorcio, encargado de adelantar la remodelación del escenario deportivo.

“En estas condiciones los constructores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicios derivados de su celebración y ejecución.

“Aparte de la serie de irregularidades en los sistemas de contratación e incumplimiento de diseños y planeación en la ejecución del proyecto, las cantidades de obra no eran aproximadas a las que debían ejecutar, sino, completamente desfasadas y desproporcionadas. En realidad se adicionaron mayores cantidades y presupuestos en porcentajes superiores”, afirmó durante la audiencia pública, a la que asistió la mayoría de los implicados.

Según el fiscal, el ingeniero Lozano Castañeda no realizó una adecuada planeación en la construcción de la obra, incumplió con el ejercicio de su autoridad, no realizó el control en el armado de las formaletas y con su omisión vulneró el bien jurídico de la vida. Además, actuó en forma negligente, entre otros cuestionamientos que formuló contra el equipo directivo, solamente por la muerte de los cuatro obreros y las lesiones ocasionadas a otros nueve trabajadores,  quienes también se hicieron presentes.

ESCUCHE EL LLAMAMIENTO A JUICIO 

Los implicados insisten en que fue un accidente laboral.

Los cargos

La acusación fue formulada ayer ante la jueza Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento, Patricia Cruz Peña.

El fiscal les imputó formalmente los cargos por homicidio culposo, en calidad de probables coautores, cometido en concurso homogéneo y lesiones personales culposas en concurso heterogéneo. A todos los hizo la misma acusación a título de culpa.

Por este caso responderá  el ingeniero antioqueño Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal del consorcio Estadio 2014, especializado en gerencia de proyectos.

Igualmente el ingeniero caqueteño Jarlinson Hurtado Salas, dueño del 50% de la participación accionaria del consorcio constructor, quien figuraba como ingeniero residente.

La Fiscalía también acusó por los mismos hechos al ingeniero civil Jaime Andrés Arévalo Rojas, director de interventoría, especializado en ingeniería ambiental, por su actuar negligente al no verificar debidamente el cumplimiento de los protocolos para la instalación  de formaletas y estructuras para la función de las graderías en construcción, así como por las deficiencias los protocolos para el diseño de las cimbras y encofrados.

Además, vinculó a Óscar Mauricio Montoya Marín, quien fungió como director, sin tener las calidades profesionales exigidas para dirigir una obra de esa envergadura.

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería confirmó que Montoya Marín, presentado como sustituto y quien dirigía la obra, está matriculado como tecnólogo en construcciones civiles con certificado de inscripción profesional No.05535-00861 en la Seccional de Antioquia.

Montoya Marín estaba al frente de la obra cuando se presentaron las dos últimas fallas en la construcción.

La primera, el 12 de septiembre de 2015, cuando se desplomó, al parecer por un mal cálculo, una de las vigas del cuarto nivel, sin dejar víctimas. En ese momento se estaban vaciando cien metros cúbicos sobre una formaleta que no soportó el peso. Cada metro cúbico de concreto pesa 2,4 toneladas.

La segunda el 19 de agosto, cuando colapsó parte de la gradería con un saldo trágico y la paralización total de la obra. El Consorcio admitió el grave hallazgo y anunció el retiro inmediato de Montoya Marín.

El fiscal acusó por las mismas conductas a la ingeniera residente por parte de la interventoría, Angélica María Rojas Gómez; al ingeniero residente de obra Oscar Alfonso Triana Rojas, y a Carlos Alfonso Oviedo, coordinador de alturas, técnico en pozos petroleros.

Los implicados han reiterado que se trató de un percance imprevisto y un accidente laboral. Ninguno de los directivos, vinculados a este proceso por homicidio, se allanó a cargos y anunciaron que demostraran su inocencia en el juicio oral.

ASI FUE LA ACUSACIÓN

Causas determinantes

Según el dictamen pericial realizado por la firma Ingeniería Sísmica & Estructuras, el desplome de la gradería se produjo por un mal procedimiento constructivo.

El documento técnico soportó parte de la imputación y hace parte de los 159 elementos probatorios que se comenzaron a descubrir y que se sustentarán en el juicio oral. Además, declararán 79 testigos y se aportarán alrededor de 6.000 documentos

Según las evidencias técnicas recolectadas,  la cimbra (formaleta) se apoyó  sobre la estructura antigua del estadio, lo que generó el fatal colapso.

“El colapso involucró el concreto fresco de las graderías, la cimbra y la formaletería instalada”, apuntó el fiscal Plata Ramírez.

En su criterio, “las causas determinantes del colapso obedecieron a deficiencias en el diseño de las cimbras o formaleta, aunado a las deficiencias en el armado y configuración de las cimbras, así como los sitios donde se apoyaban”.

Al fallar uno de sus puntos de apoyo, la formaleta fue insuficiente para redistribuir la carga y permitió la caída de concreto fresco a las gradas inferiores. El impacto del concreto sobre las gradas inferiores generó el intempestivo desplome.

“No se evidenciaron crucetas en la mayoría de los andamios instalados, las riostras estaban mal instaladas”, insistió en una exposición puntual que fundamentaba la acusación.

El examen coincide con los estudios técnicos realizados para explicar el origen de la tragedia.

De acuerdo con el estudio, la estructura sobre la cual se soportó el pesado andamiaje para la fundición de la nueva gradería, no cumplía con el rigor de la norma de sismo resistencia de 2010 y además, evidenciaba fatiga y fractura visibles a simple vista.

A la diligencia judicial asistió la mayoría de los implicados, quienes insisten en que se trató de un accidente laboral.

Sobrepeso

Según el estudio técnico, revelado por LA NACIÓN  el siniestro se produjo por una carga excesiva transmitida por un taco de apoyo cuando se fundía la placa de concreto a la altura de las cabinas de radio. Esta carga le generó una flexión 2.3 veces mayor a la capacidad de la placa originando la desestabilización del taco, inadecuadamente amarrado.

Al caer desde una altura de 7, 8 metros impactó las graderías existentes con una fuerza  descomunal (527 kilo newton, según expertos). El impacto generó una desestabilización del taco de apoyo, inadecuadamente instalado, ocasionando la pérdida de confinamiento del concreto fresco y por lo tanto el desplome.

“Se produjo una falla súbita por cortante, perdiéndose todo el punto de apoyo inferior de la cimbra y la caída de mayor cantidad de material y colapso de todo el sistema”, concluyó el estudio.

Esta enorme fuerza sobrepasó en varios órdenes de magnitud la capacidad de carga de las graderías, generando su colapso y posterior caída sobre la losa inferior del segundo piso, impactada  además, con el peso del concreto fresco.

El peso de las graderías existente más la carga excesiva de los elementos de construcción, generaron el desplome.

Esta enorme fuerza sobrepasó en varios órdenes de magnitud la capacidad de carga de las graderías, generando su colapso y posterior caída sobre la losa inferior del segundo piso.

Otros factores

“En este caso hubo impericia, imprudencia y actuar negligente al momento de la fundición de las graderías en la tribuna occidental sin tener en cuenta el deber de protección que les asistía. Pero además, desconociendo e inaplicando las normas de sismo resistencia que deben ser cumplidas, obligatoriamente, por todos los gremios de la construcción”, señaló el fiscal Plata Ramírez.

“La conducta de los actores como garantes de una fuente de peligro fue en extremo negligente para impedir que se produjera un resultado típico que es el daño”, subrayó.

La acusación, en principio, no tuvo reparos. El procurador judicial, Alejandro Agudelo Parra, tampoco encontró posibles nulidades.

La jueza, otorgó un plazo de cuatro meses para entregar y evaluar los elementos probatorios que se esgrimirán en el juicio oral. La audiencia preparatoria fue programada para el 21 de enero del próximo año.

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