Después de siete intentos de hacer reformas a la justicia, estas dos mujeres tendrán el reto de romper con los infructuosos antecedentes.

El presidente Iván Duque cumplió su promesa de campaña de presentar una iniciativa que busque realizar una profunda reforma a la justicia, iniciativa que en aquel entonces ocasionó polémica, debido a la propuesta de Duque de reducir las Cortes a una sola ‘supercorte’ y centralizar así las ramas del poder judicial.

El proyecto fue radicado ayer sobre el medio día, por las ministras del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y de Justicia, la huilense Gloria María Borrero, quienes tendrán la tarea de sacar avante un proyecto, que han presentado siete veces sin ningún éxito, los dos antecesores de Duque en la Presidencia de la República, Uribe y Santos.

El Proyecto

La iniciativa se compone de tres ejes  y cuenta con 31 artículos, incluida la vigencia. Los tres ejes son: 1. Probidad, transparencia e integridad en la administración de justicia; 2. Eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia; 3. seguridad jurídica.

Primer eje: elimina facultades electorales

La iniciativa plantea la eliminación de las facultades electorales para Procurador, Registrador y Auditor General, quienes según menciona el proyecto deberán ser elegidos por el Congreso de la República por convocatoria pública, lo que sería la novedad, por un periodo de cuatro años.

La propuesta también reformaría el régimen de inhabilidades, ampliándolo, de tal forma que ni magistrados ni miembros de la Comisión de Carrera Judicial podrán recomendar personas para un organismo de control o la Rama Ejecutiva. En caso de que lo hagan, tendrían como sanción la pérdida del cargo. “Sus parientes no pueden trabajar en órganos cuyos titulares hayan designado. Después de dejar el cargo no pueden litigar directa o indirectamente ante su jurisdicción, durante cuatro años. Tampoco pueden postularse a cargos de elección popular en el mismo término”, señala el documento.

La reforma aumenta a 20 años la experiencia de los magistrados y mantiene la Comisión de Investigación y Acusación, aunque propone la agilización de los procesos, “para que la Cámara de Representantes y el Senado ejerzan rápidamente la función de acusar o no a los funcionarios aforados”.

Segundo eje: reestructuración en el gobierno

Aquí se plantea que quien aspire a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado debe acreditar mínimo cinco años de experiencia como juez y magistrado de tribunal dentro de los 20 años de experiencia que exige la iniciativa.

También propone una reestructuración en el gobierno y la administración de la Rama Judicial, con coordinaciones que quedarán a cargo de una Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, una Dirección General de la Rama Judicial y una Comisión de Carrera Judicial.

Asimismo, el documento reseña que los periodos para los presidentes de las altas serán de dos años; en cuanto a la agilización del proceso penal, se propone que el juez de control de garantías pueda dictar sentencia en los casos en los que haya aceptación de cargos.

Eje tres: cambios en la Acción de Tutela

Uno de los puntos que más genera expectativa, hace parte del eje tres del proyecto y es en el que se mencionan cambios en la Acción de Tutela.  En el artículo primero, la reforma plantea una modificación del artículo 86 de la Constitución e introduce un parágrafo que señala que “la ley estatutaria reglamentará el procedimiento para los casos en que la acción de tutela se ejerza contra providencias judiciales, incluyendo el término de caducidad, la competencia, las instancias y las causales de procedibilidad”, dice el proyecto.

Y prosigue, “Se reforma el artículo 86 de la Constitución para: exigir legitimidad de quien la ejerce, que no sea en cualquier tiempo, que el juez que conozca de la Acción de Tutela pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo y  se delegue a la ley la regulación del plazo, competencia, procedimiento y causales de la tutela contra providencias judiciales”.

También pretende regular la comunicación de las decisiones judiciales, al proponer que las cortes solo puedan comunicar las sentencias “cuando estén firmadas por todos los magistrados y se encuentren registrados los salvamentos y aclaraciones de voto”.

 

 

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