María Consuelo Plazas Serrato

Tras la derrota de la Consulta Anticorrupción el pasado 26 de agosto se conformó la Mesa Técnica Anticorrupción en la que tienen representación los partidos políticos y el Gobierno en la cual se debatieron por espacio de dos semanas diversos asuntos algunos de ellos objeto de la  consulta popular.

Como resultado el presidente Iván Duque presentó ante el Congreso ocho proyectos de ley donde quedaron incluidas las iniciativas de la consulta impulsada por la senadora Claudia López. Entre las propuestas se encuentran la reducción de periodos de representación, retirar los privilegios en materia carcelaria a condenados por delitos de corrupción y una mayor efectividad en la rendición de cuentas de quienes ejercen altos cargos, entre otras. Sin embargo en esta ocasión quisiera referirme a uno de los proyectos más controvertidos relacionado con el congelamiento de los salarios de los congresistas.

Sobre el particular es procedente señalar que  la iniciativa  busca una reducción de dichos emolumentos que en la actualidad ascienden a 40 salarios mínimos. De esta manera se pretende la congelación de sus ingresos hasta el 2022 y a partir de la próxima legislatura reducirlos a 25 salarios mínimos. De igual manera ocurriría con los altos funcionarios del Estado y los magistrados quienes tendrían sus salarios congelados hasta 2028 y posteriormente entrarían a devengar el mismo valor de los parlamentarios.

Desde esta perspectiva la referida propuesta que desde sus comienzos ha suscitado riguroso debate no se constituye en herramienta idónea para reducir  la corrupción pues si bien es cierto la iniciativa resulta atractiva toda vez podría llegar a generar mayor equidad salarial no se conocen hasta el momento estudios suficientemente desarrollados que demuestren que a menor ingreso menores comportamientos deshonestos. Sobre el particular algunas investigaciones destacan que “ciertamente, la óptica económica no es la única pues la corrupción tiene a su vez implicancias éticas, políticas y sociales. No obstante, la discusión desde una óptica económica aporta elementos para diseñar mecanismos de contención de la corrupción y mitigar sus efectos más dañinos”.

A lo anterior habría que agregar que si analizamos con lupa las prácticas corruptas estas encuentran como principales determinantes la contratación estatal, financiación de campañas o la gestión de intereses privados en las que evidentemente un mayor o menor monto de salario no llegaría a jugar un papel predominante. Por lo expuesto considero que debería insistirse más en asuntos éticos,  sociales y culturales que en normatividades que en concreto no tendrán efecto directo en las prácticas corruptas sino que por el contrario parecen ser más un ejemplo de populismo político.

 

 

 

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