Jesús Santrich e Iván Márquez quieren que les definan su situación jurídica.

Luciano Marín Arango, más conocido por su seudónimo Iván Márquez, y Seuxis Paucias Hernández, el mismo Jesús Santrich, estarían dispuestos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH, al considerar que se encuentran en un limbo jurídico, pues ninguna entidad colombiana se ha pronunciado sobre su situación jurídica.

Precisamente, y según lo que ha trascendido, ya tres de sus miembros y líderes del ahora partido político, hicieron la solicitud de medidas cautelares ante CIDH, aunque por ahora se desconocen los nombres.

Según los exlíderes guerrilleros, ni la Fiscalía, ni la Corte Suprema ni la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les han resuelto su situación jurídica, por lo que es toda una incertidumbre todo lo relacionado con la reincorporación definitiva a la vida civil.

Además, no lo irían a instancias internacionales para denunciar lo anterior, sino que adicionalmente pondrían sobre el tapete lo que ellos consideran lo que considera el incumplimiento flagrante de lo pactado en La Habana con el gobierno Santos.

“El incumplimiento de los acuerdos ha generado desazón; por eso se le pide a la CIDH que analice el escenario. Además, nos reservamos los tres nombres porque queremos evitar presiones del Estado colombiano ante ese organismo”, explicó a EL TIEMPO el abogado Gabriel Parra, quien representa en Washington a los tres ex-Farc que pidieron medidas de protección.

 

EN DESACUERDO

Pero la postura de las Farc desencadenó de inmediato opiniones divididas. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, opinó que esa petición “es otra muestra del absurdo de conceder todo a los victimarios, ya que varios de ellos aún delinquen y quieren blindar su impunidad”.

En igual sentido se pronunció el senador de Cambio Radical Richard Aguilar, quien precisó que “esta solicitud es extraña, por decir lo menos, pues ellos deben someterse a la JEP, donde ya está todo reglado”.

El senador del Polo Iván Cepeda tiene otra postura. “El acuerdo de paz tiene un marco internacional que le impone responsabilidades al Estado colombiano. Por eso, la CIDH puede recibir este tipo de solicitudes, aunque el Gobierno sí debería cumplir el acuerdo a cabalidad para evitarlas”.

Esta tesis la respaldó el senador de ‘la U’ Roy Barreras. “Ante la incertidumbre jurídica, que le hace daño al acuerdo de paz, cualquier solución en derecho es preferible a la degeneración del proceso y a la desbandada de excombatientes que provocaría la incertidumbre”.

 

 

 

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