RICARDO AREIZA

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Un grupo de comerciantes de Campoalegre, gravemente afectados por la última avalancha ocurrida el 21 de febrero de 2017, decidieron demandar, reclamando por vía judicial la reparación de los perjuicios económicos ocasionados por el fenómeno natural.

Aunque la tragedia estaba advertida, los pequeños empresarios estimaron que las autoridades locales, regionales y nacionales, nada hicieron para prevenir la tragedia.

Tampoco para reparar los daños y asegurar la reactivación de los pequeños negocios y la reconstrucción de la zona impactada.

“La falta de previsión y gestión administrativa constituye una grave falla del servicio, causa de la tragedia ocurrida”, señalaron. “A pesar de los estudios previos y antecedentes no se tomaron las medidas preventivas y correctivas para evitar una tragedia”, argumentaron al sustentar una acción de grupo para los daños les sean reparados.

La acción constitucional fue presentada por el abogado Daniel Alberto Díaz Giraldo en representación de 52 comerciantes damnificados por la avalancha ocurrida el 22 de febrero de 2017.

La demanda fue presentada contra el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la alcaldía de Campoalegre y la Gobernación del Huila.

Los demandantes solicitan una millonaria indemnización por los perjuicios ocasionados por el fenómeno natural que arrasó asentamientos como Panamá, Eduardo Santos, Carrera Novena y afectó otros barrios como Alfonso López, Sincelejo, Eugenio Ferro, San Martín, Las Mercedes, Villa Gloria y Mararay, con cuantiosas pérdidas económicas.

 Lo que pasó

La degradación ambiental y las fuertes borrascas que se intensificaron a comienzos del año pasado en la zona de alta montaña provocaron deslizamientos complejos, flujos torrenciales de lodo y escombros  y avalanchas tormentosas que se precipitaron,  inesperadamente, sobre los  casos urbanos, provocando cuantiosos daños pero milagrosamente ninguna víctima humana.

La combinación de los factores ambientales y antrópicos provocaron las avalanchas en Neiva, Campoalegre,  Rivera y Algeciras que dejaron numerosos damnificados, la mayoría sin ninguna reparación.

Las inmensas capas de lodo, rocas y troncos, esparcidos a lo largo de los ríos desbordados arrasaron viviendas, afectaron asentamientos, acueductos y carreteras.  También acabó con pequeños negocios en las zonas impactadas.

Sin embargo, no hubo muertos ni heridos. Sólo cuantiosas pérdidas económicas que no han sido aún reparadas.

No obstante, los efectos sociales y ambientales ocasionados por la creciente no han sido superados. Por el contrario, se han venido agravando en medio de la indolencia y omisión de las autoridades públicas que se lanzan las responsabilidades, sin ninguna solución.

Aunque sorpresiva, la avalancha era previsible. Un estudio de modelación realizado por la CAM advertía el enorme peligro por el deterioro de la cuenca y la ocupación de los cauces.

Según el director de la entidad, Carlos Alberto Cuéllar, además de la problemática ambiental, numerosos asentamientos informales en las orillas de los ríos, crearon con el tiempo condiciones altamente peligrosas.

“La avalancha -precisó- si bien fue esporádica, era esperada. Igualmente pudo haberse presentado en las quebradas ‘Lavapatas’, ‘La Rocha’ o ‘La Caraguaja’ y haber generado una catástrofe similar o mayor  a la que se registró”.

Adicionalmente, las autoridades locales tampoco tomaron medidas para enfrentar una eventual creciente.

Señales de alerta

El 21 de enero de ese mismo año, una creciente súbita de la quebrada La Caraguaja y río Frío había dado las primeras señales de lo que podía ocurrir en medio de las fuertes lluvias que se registraban de manera focalizada.

El Comité Local de Emergencias recomendó la reubicación de las personas que habitaban estos sectores. Sin embargo, esa advertencia quedó en letra muerta.

En la madrugada del 17 de febrero ocurrió otra creciente imprevista con altos niveles de turbiedad y sedimentos, otro llamado de advertencia que pasó desapercibido

“La avalancha del 22 de febrero de 2017 arrasó varias viviendas, afectó de manera grave otras, se llevó y destruyó los establecimientos comerciales ubicados en la Avenida Novena, en los barrio Panamá y Eduardo Santos y arrasó los enseres, equipos de trabajo y mercancías”,  consigna la millonaria reclamación.

“Todo quedó reducido a escombros. Los comerciantes lo perdieron todo y con ello su única fuente de trabajo, ingresos y sostenimiento para sus familias”, aseguraron los demandantes.

Un año después los comerciantes afectados realizaron un plantón reclamando soluciones.

Damnificados

La avalancha en este sector afectó a por lo menos 118 comerciantes, según el censo realizado el 6 de marzo siguiente por el Cuerpo de Bomberos.

A pesar de las pérdidas confirmadas, los damnificados no recibieron las ayudas que las autoridades les prometieron. “Transcurrido más de un año después de la tragedia los  microempresarios y comerciantes se encuentran en total desamparo”, confirman los propios afectados. “No se han escatimado esfuerzos para solicitar las ayudas y apoyo para reactivar los negocios, se ha recurrido a diferentes instancias y las respuestas han sido evasivas”, apuntaron.

Una sesión extraordinaria del Concejo con las autoridades regionales, la Cámara de Comercio de Neiva y Comfamiliar, realizada el 30 de marzo, tampoco dio resultados.

“Ni apoyo por parte de Fonsahuila ni créditos. Hasta la fecha no se ha recibido ninguna ayuda”, insistieron.

El primero de junio, la Asociación de Comerciantes Damnificados, creada tras la emergencia solicitó a la Alcaldía un plan de ayuda. Después radicó otro oficio al gobernador Carlos Julio González, en calidad de presidente del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.

En las dos acciones solicitaban un plan de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. No obtuvieron respuesta.

Otro grupo de comerciantes afectados elevó la misma petición a la Presidencia de la República para que los incluyera en los programas de vivienda gratis. La coordinadora del Grupo de Atención a la Ciudadanía, Cecilia Silgado Cabrales les informó que la petición fue remitida  al Fondo de Adaptación. Sin solución.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo les respondió que “el auxilio de arriendo es un apoyo económico que se otorga para suplir la necesidad de un alojamiento temporal”. En consecuencias estimó que la petición debía remitirse a la Alcaldía y al Ministerio de Comercio.

El Ministerio de Hacienda les indicó que el Fondo de Adaptación no cuenta con recursos disponibles para atender afectaciones diferentes a las postulaciones con ocasión del fenómeno de La Niña 2010-2011. El documento, suscrito por el sugerente de proyectos, John Freddy Navarro, descartó cualquier tipo de apoyo para los comerciantes afectados por la avalancha. “La recepción de nuevos proyectos se encuentra cerrada”, les notificó tajantemente.

Sin respuesta

“Todos se tiraron la pelota y nadie dio respuesta. El 23 de febrero de 2018, un año después de la tragedia, los comerciantes realizaron un plantón por los incumplimientos. “Un año después de la tragedia no se ve ninguna solución por parte del Gobierno Municipal, Departamental y Nacional. Durante este tiempo no se ha logrado ninguna solución ni créditos blandos ni programas para la recuperación económica y reconstrucción de la zona afectada”, estimó el ingeniero Camilo Vega Plaza, presidente de la Asociación de Comerciantes Damnificados.

Toneladas de lodo sobre las vías, negocios y vivienda quedaron como testigos del fenómeno natural.

Reclamaciones

Los damnificados reclamaron una reparación colectiva consistente en la reubicación de los comerciantes afectados a cargo de las entidades demandadas, preservando el valor patrimonial de los bienes que perdieron.

Igualmente una reparación individual en dinero efectivo, debidamente actualizada, que incluya la reparación del perjuicio causado. Además, una indemnización por los daños causados a la salud física y mental, y a la actividad sicosocial, otra indemnización individual por el daño emergente y lucro cesante.

Sólo los daños al patrimonio originados por la pérdida de bienes ascienden a la suma de 2.424 millones de pesos. Todas las pretensiones pueden duplicar esas cifras, en caso de prosperar.

Mapa de riesgos.

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