José Gregorio Hernández Galindo

Han sido divulgados varios proyectos de acto legislativo orientados a modificar las reglas vigentes sobre administración de justicia.

Hay consenso en torno a la existencia de una crisis. Preocupa a los colombianos  la creciente congestión; la morosidad que, pese al mandato del artículo 228 de la Constitución (“Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”), conduce a decisiones extemporáneas a las que muchas veces se adelanta la muerte del interesado;  a lo cual se añaden el excesivo formalismo y la corta visión de muchos jueces sobre el objeto de las normas que aplican.

Se observa, además, una extendida falta de criterio jurídico y hasta de elemental sentido lógico en muchas providencias, lo que nos ha llevado a proponer desde hace años que, para ser juez, se exija a los candidatos una previa preparación académica adicional a la de los abogados, específica e intensa, exclusivamente dirigida a tal efecto, con profesores de las más altas calidades, y con énfasis en la rama del Derecho en que aquéllos quieren desempeñarse. Con exámenes y trabajos de grado que aseguren la excelencia. De modo que a la judicatura no se llegue por casualidad, sin la fortaleza que otorgan el conocimiento del Derecho y la formación de la conciencia jurídica.

Para vergüenza del país, a la impunidad provocada por jueces indulgentes, por  el vencimiento de términos, por  las maniobras de abogados inescrupulosos; por la generosa aplicación del principio de oportunidad y de inmerecidos beneficios y rebajas de penas; a la grave crisis carcelaria… se añaden ahora la politización en que han caído algunos funcionarios  y el preocupante incremento de  graves irregularidades en el trámite y decisión de los procesos.

Más que en las disposiciones constitucionales vigentes -a muchas de las cuales se propone introducir innecesarias reformas- el principal problema de nuestra administración de justicia radica en la equivocada selección de quienes administran la justicia. Aunque hay jueces, fiscales y magistrados probos y bien estructurados, no es la regla general, y en cambio, una perniciosa tendencia a la corrupción se acusa en muchos, por lo general acompañada de una débil formación jurídica. Es decir, ante la deficiente preparación en Derecho, se prefiere –porque no se respetan la ética ni los principios- la vía torcida del soborno, la influencia política, la compra y venta de conciencias y el desvío de los procesos hacia los fines perseguidos por quienes no tienen escrúpulos, ni resortes morales.

Hoy, en no pocos despachos judiciales, no valen los argumentos jurídicos, ni pesa el material probatorio. Son sustituidos por la  apelación a corruptas modalidades  seudo procesales habilidosamente usadas para vencer o neutralizar  a la contraparte, o para impedir la correcta aplicación de las leyes, mediante  la interpretación  malévola  de sus mandatos. Y cuando eso ocurre se sacrifica el valor primordial del Derecho: la Justicia.

Se ha improvisado con los proyectos de reforma, y se ha puesto atención a asuntos que poco o nada interesan a la ciudadanía, ni aseguran el efectivo y real acceso a la administración de justicia. Mientras no pensemos en el elemento humano y en su formación moral y jurídica, de nada sirven las reformas.

 

Comentarios