Condenado sacerdote por anomalías en un contrato

Un conocido religioso, actualmente radicado en España, terminó sentenciado por anomalías en la ejecución de un contrato para ancianos desprotegidos en el municipio de Aipe (Huila)

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RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Aunque parezca increíble, los curas también pecan. Un sacerdote, quien estuvo un año en un cargo público en el municipio de Aipe (Huila) terminó ‘enredado’ por ‘embolsillarse’ cerca de dos millones de pesos de un contrato ficticio.

El contrato contemplaba la prestación de los servicios de tamizaje visual, orientación psicológica, recreación y prevención en salud para adultos mayores, pertenecientes a dos fundaciones de la localidad.

Lo curioso, la supuesta contratista nunca firmó el contrato, no lo ejecutó ni recibió el dinero que se canceló por estos servicios. En cambio, el religioso, asesorado por otro contratista, con quien tenía una cercana amistad, certificó que el contrato había sido ejecutado por María Angélica Mora. Además, le falsificó la firma, suscribió con su nombre el comprobante de pago en la tesorería.

El religioso le alteró la firma, se endosó el cheque y tranquilamente lo cobró. Por eso fue condenado después de un largo pleito jurídico que acaba de confirmar el Tribunal Superior de Neiva.

El religioso, Aníbal Olaya Ospina, inicialmente incardinado en la Diócesis de Mocoa (Putumayo) fungió como Secretario de Gobierno y Secretario de Servicios Sociales de Aipe entre el 19 de enero de 2004 y el 30 de junio de 2005, durante la administración del alcalde Hugo Hernán Garzón.

Nueva imputación

El 18 de octubre de 2011 la Fiscalía Once compulsó copias para que se investigara al ex alcalde de Aipe Hugo Hernán Garzón Garzón y a su secretario de servicios sociales Aníbal Olaya irregularidades cobro ilegal contrato por 1,98 millones. El clérigo fue acusado formalmente  el 29 de julio de 2014 por el delito de falsedad ideológica en documento público.

Tres años después, el 5 de julio de 2017, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva lo condenó por ese delito. El juez le impuso una condena de 46 meses de prisión e inhabilidad por 60 meses para ejercer cargos o funciones públicas.

Su abogado impugnó argumentando que el religioso actuó bajo la causal de ausencia de responsabilidad y reiteró que no se valoró adecuadamente el testimonio de John Javier Horta, quién asumió toda la responsabilidad.

Según el recurso, Horta Sánchez, indujo en error al sacerdote, le hizo creer que el contrato había sido ejecutado a cabalidad y apoyado en su amistad le hizo cobrar el cheque.

El apoderado señaló que el sacerdote habría sido asaltado en su buena fe por Horta Sánchez, quien abusó de la confianza y le facilitó para que participará en la irregularidad.

Facsimil de la sentencia

Las pruebas

La certificación fue expedida el 29 de diciembre de 2004 (día de los Inocentes). Ese mismo día firmó las cuentas de cobro. El cheque M7558681 fue endosado y cobrado el 30 de diciembre siguiente en el Banco de Bogotá de Neiva usando firmas espurias.

“Jamás ejecute ese contrato porque esa no es mi especialidad. Las firmas puestas en el comprobante de pago y en la cuenta de cobro no son mías. Nunca presté ese servicio y menos cobré dineros por ese concepto”, declaró María Angélica Mora ante la Fiscalía el 12 de enero de 2011.

“Las firmas puestas en los documentos no corresponden al gesto gráfico de la señora Mora. No existe ninguna coincidencia”, confirmó Edwin Vargas, grafólogo forense del CTI.

Horta Sánchez, el verdadero ejecutor, se echó la culpa para salvar al religioso. Pero no le creyeron.

“Tal documento fue expedido con una finalidad específica: servir de soporte contable a la Tesorería de Aipe para el pago de este servicio, lo que significa, sin duda alguna, que el documento fue creado con efectos probatorios”, apuntó el magistrado John Roger López al resolver la impugnación.

Además descartó de plano la autoincriminación de Horta, como el personaje que orquestó la falsedad y el peculado.

“Ese testigo no ofrece significativa credibilidad, pues las evidentes contradicciones ponen de manifiesto su propósito de tergiversar la realidad de los hechos para favorecer a su amigo Aníbal Olaya”, explicó el magistrado.

“Era evidente tanto en el contrato mismo, en la constancia de pago y en el cheque endosado por el propio acusado, quien finalmente lo hizo efectivo.

Un servicio para adultos mayores terminó en un caso de corrupción.

La falsedad

Con la certificación el sacerdote indicó falsamente que otra persona había realizado las actividades contratadas. Forzosamente ha de colegirse que la tipicidad objetiva de la conducta se encuentra plenamente demostrada. El delito fue perpetrado por el sacerdote, en calidad de servidor público y como sujeto activo calificado, quien esa condición, y en acatamiento a sus funciones, expidió un documento público Con evidente vocación probatoria en el que consignó una mentira.

“No cabe duda que el señor Aníbal Olaya Ospina al editar el documento público ese 28 de diciembre de 2004, obró con pleno conocimiento de que estaba certificando un hecho contrario a la realidad”, afirmó el magistrado.

Además, resaltó que “Como funcionario de la administración municipal de Aipe, sabía que la señora Mora no había prestado sus servicios personales en la realización del tamizaje visual y demás actividades.

Sin duda

“Del expediente no emerge ninguna prueba que desvirtúe tal conocimiento. Por el contrario “otean elementos suasorios que ponen al descubierto el dolo con el que obró el señor Olaya Ospina”.

El sacerdote, según el magistrado, sabía que el contrato no lo estaba ejecutando la persona natural a quien la alcaldía le adjudicó el contrato, sino el propio Horta, quien también era contratista encargado de suministrar alimentación a los adultos mayores.

El religioso muchas veces, sin previo aviso, llegaba al lugar a constatar que el servicio se estuviera prestando y, en esa condición, comprobó que quien lo ejecutaba no era la persona contratada, sino un tercero ajeno que no tenía ninguna relación.

Primera condena

El sacerdote había sido condenado en sentencia anticipada por el mismo despacho judicial a 28 años de prisión sólo por el delito de peculado por apropiación, delito que había confesado en sentencia anticipada proferida el 20 de agosto de 2013.

En el mismo fallo fue sentenciado como autor responsable del delito de falsedad material en documento público en calidad de interviniente. La decisión, impugnada en su momento fue confirmada.

Nuevo fallo

Según la Sala Penal, la falsedad ideológica en documento público y el delito de peculado por apropiación  por el que fue condenado merced a la aceptación voluntaria de la incriminación, tienen una conexidad, ya que la primera fue perpetrada no con un fin en sí mismo sino para facilitar la apropiación ilícita del dinero. “En otras palabras-dijo- el delito contra la fe pública se cometió como medio para llevar a cabo el peculado”.

En estas condiciones, el Tribunal Superior de Neiva, ratificó la sentencia de primera instancia. Contra esa decisión procede el recurso de casación que podrá interponerse ante la Corte Suprema de Justicia.

La demanda de Casación tendrá que presentarse en los siguientes 30 días. Su apoderado anunció que presentará ese último recurso.

 

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