RICARDO AREIZA

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El Consejo de Estado abrió las compuertas para examinar la eventual nulidad del nombramiento del médico Pedro Reyes Gaspar, como rector encargado al culminar su periodo.

La Sección Quinta de asuntos electorales admitió la acción de nulidad, presentada por el egresado Duván Andrés Arboleda Obregón, quien argumentó una presumible inhabilidad, ventilada por LA NACIÓN durante el proceso de selección del nuevo rector.

El alto tribunal, confirmó la naturaleza del encargo, como un nombramiento transitorio por vacancia definitiva, susceptible de nulidad y no un encargo de funciones, como lo argumentó Reyes Gaspar.

Sin embargo, la suspensión de los efectos jurídicos, reclamados por el demandante, no prosperó.

Aunque el polémico encargo, perdió fuerza ejecutoria, en caso de prosperar, tendría posibles efectos disciplinarios para quienes concurrieron en su nombramiento y para quien asumió un cargo, conociendo previamente que estaba inhabilitado. Incluso, podría tener posibles efectos jurídicos sobre las decisiones que se hubieran proferido en ejercicio de un encargo ilegal.

La acción de nulidad, como estaba previsto, es la primera demanda que se registra desde que se produjo el relevo en la Rectoría. De hecho, la designación se produjo en medio de una dura controversia, que podría revivir la judicialización del proceso de elección, como ocurrió en la década pasada.

La nulidad de la elección, es otra posibilidad que algunos sectores de la Usco han venido anunciando.

Polémico encargo

El encargo fue autorizado por el Consejo Superior en la última sesión ordinaria, realizada el 23 de agosto pasado en momentos en que la Fiscalía realizaba la captura de los primeros implicados por la cuestionada elección de Personera y Contralor de Neiva, entre ellos, diez concejales, el entonces agente fiscalizador José Hildebrand Perdomo, el ex director de la Oficina de Proyectos de la Usco, Luis Antonio Medina y la personera de Neiva, Heydi Lorena Sánchez.

La comisión surgió como consecuencia de una tutela que suspendió el proceso y obligó a replantear el cronograma y el tiempo para promover la consulta. No obstante, el encargo, al parecer, desconoció las propias directivas institucionales.

En concreto,  el Estatuto General, establece que “no podrá ser designado Rector, quien ejerza empleos del nivel directivo o asesor de la Universidad Surcolombiana, o sea miembro del Consejo Académico, durante los tres meses anteriores a la Consulta Estamentaria”.

El tema obligó a un examen sobre posibles impedimentos y al final, se mantuvo la propuesta. Según el concepto expedido por Carlos García, antiguo jefe jurídico de la institución,  Reyes Gaspar, no tenía impedimentos legales para ocupar interinamente el cargo, una vez culminara su periodo. Con este y otros conceptos, el Consejo Superior procedió a designarlo transitoriamente.

“A partir del 19 de septiembre, Reyes Gaspar recuperaría su fuero de docente de planta y no tendría impedimentos para ejercer la rectoría en interinidad”, apuntó Rocha.

El nombramiento se realizó mediante Resolución 014 de 2018, firmada por el presidente del Consejo Superior, Marco Fidel Rocha y la secretaria General, Shirley Milena Bohórquez, actual jefe de Talento humano.

A pesar de las dudas que se plantearon,  Edgar Machado, representante de los ex rectores de la universidad, y quien fungía como presidente del Consejo Superior le dio posesión, el 19 de septiembre,  al día siguiente de haberse vencido su periodo.

Al confirmarse el encargo Reyes Gaspar siguió ejerciendo el cargo hasta el 4 de octubre cuando asumió su sucesora, Nidia Guzman, elegida en la consulta estamentaria, el 27 de septiembre pasado.

El cuestionado encargo.

La nulidad

El demandante, Duván Andrés Arboleda Obregón, consideró que Reyes Gaspar no podía ser designado rector encargado por cuanto ostenta la categoría de miembro del Consejo Académico (Artículo 4 del Acuerdo 025 de 2004).

“En esas condiciones- dijo- al ejercer un empleo del nivel directivo de la universidad viola el régimen de inhabilidades y por tanto fue nombrado de manera irregular omitiendo los requisitos previstos en el inciso 2º del artículo 126 de la Constitución”.

La corporación colegiada concluyó que el encargo constituye un acto de nombramiento, pues el cargo que ocupó de manera transitoria se encontraba vacante de forma definitiva por la culminación del período institucional y no el desempeño de algunas las funciones, como lo interpretó Reyes Gaspar al responder la demanda.

El galeno, hoy docente,  argumentaba que “esta situación de carácter laboral se diferencia de los actos de nombramientos y en tal virtud insiste que debe tramitarse como una acción de naturaleza laboral”.

La demanda fue admitida por el Consejo de Estado.

Medida cautelar

Arboleda Obregón, egresado de la Facultad de Economía de la Usco, sustentó la procedencia de la medida cautelar en el hecho que la designación de Reyes Gaspar estaba viciada de nulidad por presuntamente infringir la Constitución y el Estatuto General de la Usco (Acuerdo 046 de 2013) situación que impondría la suspensión provisional.

El objeto era la suspensión de sus efectos jurídicos de manera temporal del encargo hasta que se decida definitivamente su legalidad.

Sin embargo, el alto tribunal descartó de plano la medida cautelar y advirtió que la suspensión  era improcedente porque dicho acto carecía de fuerza ejecutoria por pérdida de la vigencia y tuvo una vigencia temporal.

La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado respaldó esta posición. “Lo anterior, al considerar que la naturaleza temporal y transitoria de la modalidad de encargo hace que el régimen de incompatibilidades y prohibiciones para ser designado rector en propiedad no sea proporcional y razonable”.

La otra cara

Reyes Gaspar argumentó además, que la suspensión del acto administrativo resulta inocua por cuanto: “…el término del encargo fijado entre el 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2018 ya feneció y  por lo tanto ya no tiene efectos jurídicos”.

“Así las cosas, se impone concluir que no es posible el estudio y posterior decreto de la medida cautelar… Dicha finalidad carece de objeto, toda vez que el acto cuestionado perdió su fuerza ejecutoria por pérdida de vigencia, es decir, no se encuentra surtiendo efectos jurídicos, emana claro que no tiene ningún sentido decretar una medida de suspensión provisional de los efectos de un acto de contenido electoral que no está produciendo efecto alguno”, concluyó la magistrada Rocío Araújo Oñate.

En esas condiciones, negó la medida cautelar pero advirtió que la apreciación jurídica que tuvo en cuenta, no constituye prejuzgamiento ni impide que al fallar el caso, el operador judicial asuma una posición distinta. “Es factible- advirtió- que con el transcurrir de la actuación procesal el arribo de nuevas pruebas o la presentación de nuevos argumentos, persuadan al juez de resolver en sentido contrario al que se adoptó”.

Finalmente admitió la demanda, al considerar que se ajusta formalmente a las exigencias legales.La decisión fue notificada al Consejo Superior de la Usco, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio de Educación.

 

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