El proceso de escisión, para crear una nueva empresa de salud, quedó en veremos.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

La creación de la EPS Familiar Colombia, propuesta para aliviar la crítica situación de las cajas de compensación del país, quedó en total incertidumbre.

A pesar de los grandes esfuerzos realizados por los directivos de las cuatro cajas para detener las pérdidas y remediar la crítica situación, el organismo de control, sorpresivamente, improbó la primera fase de la iniciativa, dejando en vilo, la constitución de la nueva entidad.

El plan de reorganización institucional, el único plan de salvamento que se venía explorando desde hace dos años, quedó en cero.

La medida está consignada en la Resolución 010349 de 2018 firmada por el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel. Aunque contra ella proceden los recursos legales, ninguna de las entidades, apelará para ganar tiempo.

“La medida nos sorprendió a todos. En realidad no  esperábamos esa posición. Por el contrario, estábamos confiados en el aval para avanzar”, afirmó el director Luis Miguel Losada.

En estas condiciones, las cajas de compensación familiar del Huila,  Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Cartagena y Bolívar, aun con las demoras que representa en tiempo y el desgaste financiero tendrán que ajustar de nuevo los estudios y comenzar de nuevo el proceso.

“Lo que esperamos es que antes de terminar el año, presentemos de nuevo los estudios de la primera fase para concretar el año entrante el nuevo modelo de prestación del servicio de salud”, afirmó.

La segunda etapa, que debía surtirse a partir de diciembre  consistía en el perfeccionamiento de la figura y cesión efectiva de afiliados, activos, pasivos, patrimonio, contratos y habilitación a la nueva entidad como beneficiaria. La fase final corresponderá a los ajustes institucionales consistentes en la redefinición de los modelos organización de las cajas signatarias.

La propuesta

La propuesta de reorganización institucional, consiste en la creación de una sociedad por acciones simplificada en la que las cajas de compensación escindan sus activos y pasivos.

En la nueva entidad, los pasivos se convertirán en acciones de pago como parte de la capitalización. En esta fórmula participarían los prestadores de servicios como hospitales o clínicas quienes aportarán los recursos que les adeuda a título de acciones. Al entrar a operar la nueva entidad, se disolverán los programas de salud de cada caja.

La Superintendencia de Subsidio avaló el proceso mediante Resolución 0102 expedida el 16 de febrero pasado luego de evaluar la situación financiera y contable.

Curiosamente, el superintendente, José Leonardo Rojas, quien venía liderado ese proceso fue relevado intempestivamente el jueves pasado y reemplazado en forma automática. (Ver recuadro)

Los reparos

Las superintendencias delegadas para la supervisión institucional y  supervisión de riesgos, advirtieron que el plan de reorganización, tal como fue presentado, no cumplía con todos los requisitos  legales exigidos.

En consecuencia recomendaron que se congelara por ahora el proceso hasta que se ajuste a las expectativas técnicas y financieras.

En concreto estimaron que el proyecto presentaba dos escenarios: El primero, donde pretende capitalizar acreencias por $185 mil millones de pesos por concepto de pasivos de la red prestadora de servicios de las entidades escindentes (Comfasucre, Confacor, Comfahuila y Comfamiliar Cartagena) y el segundo donde esas capitalizaciones corresponderían solamente a $131 mil millones y asumirían el pasivo restante por $54 millones.

“Estas situaciones evidenciadas generan incertidumbre frente al monto real de capitalización de acreencias, de los inversionistas que finalmente participarían y del total de los pasivos que entraría asumirla nueva entidad”, afirmó Supersalud.

La información financiera presentada por las entidades con corte 31 de diciembre de 2017, según la Supersalud, carece de razonabilidad y confiabilidad. Igual ocurrió con el valor total de los activos.

En este sentido concluyó que las entidades que aspiran a congregarse en esta nueva figura jurídica, no cumplen con los requisitos financieros de capital mínimo, patrimonio adecuado, e inversión de las reservas técnicas. El mismo argumento sirvió para mantenerlas en vigilancia especial, en algunos casos, y en otros, a ser intervenidas como ocurre en Sucre y Córdoba.

Las Comfamiliar Cartagena, Comfasucre, Comfacor y Comfahuila en junio de 2015 presentaban de forma agregada, un capital mínimo negativo acumulado de $131.430 millones.

Además, presentaron en su conjunto un resultado negativo acumulado por valor de 162.692 millones de pesos. Al cierre de la vigencia 2017 registraban un resultado negativo acumulado de 477.145 millones de pesos, generado por las pérdidas acumuladas y además, un capital insuficiente para cubrir con el requerimiento de solvencia exigidos por el Gobierno Nacional.

Situación crítica

En el caso del Huila, la caja arroja pérdidas acumuladas por 157.928 millones, frente un patrimonio de 238.057 millones que representa casi el 66,34%. Según la Superintendencia, esta estructura financiera refleja un patrimonio neto do $80.129 millones. Significa este índice de propiedad respecto a los activos de $362.090, equivalente al 22,13%, mientras los pasivos de $281.961 millones, señalan que terceros participan del 77,0% del total de los activos de la corporación.

Los resultados financieros de la entidad comenzaron a impactar el patrimonio de lo caja  a diciembre 31 de 2017 de la EPS  con pérdidas acumuladas de 97.138 millones mitones, más las pérdidas del mercado de bienes de 3.526 millones, arrojan 100.062 millones. “Esta cifra tiene un peso significativo en el valor negativo de $157.928 millones, equivalente al 63.7°/a, del total de pérdidas”, según el reporte de la entidad.

En estas condiciones los programas de salud, tanto subsidiado como contributivo, como la unidad de negocios del mercadeo de bienes han perdido de manera importante su viabilidad financiera.

Otras alertas

Al realizar la verificación de riesgos reportó tres alertas. La Supersalud advirtió que las personas jurídicas o naturales que hayan sido condenadas por delitos y que se encuentren en ejecución de la pena, no pueden hacer parte de los órganos de administración, decisión y vigilancia de las Entidades Promotoras de Salud, conforme exigencia de las mejores prácticas organizacionales contenida en el Código de conducta y de buen gobierno.

Adicional a estas alertas de riesgo, se detectaron otras 323 advertencias  sobre las personas naturales y jurídicas involucradas en la operación planteada. Las alertas fueron reportadas a través del aplicativo ‘compliance’ que evalúa incumplimientos de la normatividad o prácticas ilegales.

En este caso, las alertas reportadas se refieren en su mayoría a procesos judiciales en curso en diferentes jurisdicciones, sin que obre hasta el momento alguna condena en su contra. Sin embargo deben examinarse, especialmente los procesos penales en curso para evitar y mitigar posibles alertas de riesgo. En la actualidad no se traducen en un riesgo asociado a lavado de activos o financiación del terrorismo.

En alto riesgo

Recientemente, la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó por segunda vez este año, la vigilancia especial impuesta desde el 2016 a la Caja de Compensación Familiar del Huila, ante la crítica situación que sigue su programa de salud.

La medida cautelar fue ratificada por el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud durante la última sesión celebrada el 25 de septiembre pasado.

La Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales también corroboró los altos riesgos financieros que viene registrando la entidad desde el 2012, con pérdidas acumuladas que comenzaron a impactar el patrimonio de la entidad, poniendo en alto riesgo su sostenibilidad y amenazando la atención a 524.358 afiliados.

Adicionalmente limitó por el mismo tiempo la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y para aceptar traslados, como estrategia para facilitar la consolidación de los programas de escisión, en marcha desde el año pasado.

Crítico panorama

Según la evaluación anticipada, la EPS no cumplía con las condiciones financieras y de solvencia (capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversiones de las reservas técnicas), establecidas en el Decreto 2702 de 2014, indispensables para las entidades que operan el aseguramiento en salud.

El régimen de inversión en reservas técnicas con corte a junio de 2018 es del 2,033% (unos 61.000 millones de pesos aproximadamente). Además, no cuenta con la verificación de la metodología de reservas técnicas definido por el organismo de control.

“La medida se impuso a todas las cajas porque es imposible cumplir con las reservas técnicas. Si tenemos dificultades para pagarles a los proveedores mucho menos para realizar un ahorro. Esa reserva técnicas no la cumple ninguna EPS del país. Hoy la deuda es de 160.000, de donde vamos a sacar 40 o 45 mil millones de pesos para unas reservas técnicas”, aseguró Losada Polanco.

Los esfuerzos para contener la crisis no han sido suficientes. La EPS Comfamiliar presenta, según el estudio anticipado,  un nivel de endeudamiento crítico de 729,86 % con corte a junio de 2018. Además, según el balance de la entidad “a 31 de diciembre de 2017 los pasivos fueron superiores a los activos, en un 426%, lo que genera que su indicador de endeudamiento sea crítico”. En los últimos seis meses se incrementó casi en un 300%.

Adicionalmente, la entidad presenta un índice de siniestralidad del 99% inferior al que registró el año pasado, redujo las tutelas y reclamos y mejoró las coberturas.

Relevo en Supersubsidio

El superintendente Nacional de Subsidio Familiar José Leonardo Rojas Díaz fue relevado sorpresivamente el jueves pasado.

La decisión la tomó la ministra del Trabajo, Alicia Arango mediate Resolución 2130 notificada ese mismo día. En su reemplazo fue designada Paola Andrea Meneses Mosquera.

La novedad también sorprendió a los directivos de las cajas de compensación del país.

Rojas Díaz llevaba 14 meses en el cargo. El abogado, egresado de la Universidad Libre fue designado en propiedad en ese cargo por la entonces ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo.

La posesión se realizó el 22 de agosto de 2017, luego de haber ocupado otras posiciones en la entidad a la que llegó en el 2014. Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evolución de Proyectos y se desempeñó como Delegado de Gestión y Control Interno.

El funcionario se había convertido en un apoyo para las 43 Cajas de Compensación Familiar del país

El 16 de febrero de 2018 avaló la escisión de Comfamiliar del Huila como tabla de salvación para evitar la quiebra de la entidad.

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